Joaquín Urías 3/12/2023
Con la anulación del nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, el poder judicial ha robado una decisión democrática al pueblo
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Magdalena Valerio, durante su toma de posesión como presidenta del Consejo de Estado. Noviembre de 2022. / Consejo de Estado
Sostiene el Tribunal Supremo que la persona nombrada por el Gobierno para presidir el Consejo de Estado no tiene reconocido prestigio. Magdalena Valerio fue ministra, diputada, consejera y ejerció muchos otros cargos públicos en una carrera excelente. Pero el alto tribunal dice que la comunidad jurídica no la tiene en demasiada estima, de modo que su reputación jurídica no es suficiente como para nombrarla para tan alto puesto. Y ha anulado el nombramiento, porque la ley exige que solo puedan acceder al cargo los juristas de reconocido prestigio.
Hay quien ha interpretado la decisión como un ataque al Gobierno que formaría parte de la guerra judicial que algunos tribunales han emprendido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, dispuestos a impedir el desarrollo de políticas progresistas. No sé si es realmente el caso. De lo que no hay duda es de que estamos ante un nuevo episodio de expansión de las atribuciones judiciales: tribunales que invaden el terreno propio del poder ejecutivo y sustituyen el criterio de oportunidad de los órganos políticos por el suyo propio.
Efectivamente, la Ley del Consejo de Estado dice que su presidente será nombrado “libremente” por el Gobierno entre juristas de reconocido prestigio y con experiencia en asuntos de Estado. El Tribunal Supremo, por primera vez en su historia, ha decidido que le toca analizar si coincide o no en eso del prestigio. Para ello parte de que lo que exige la ley es tener “pública estima obtenida en el ejercicio de una profesión jurídica”. Es decir, sostiene el Tribunal Supremo que solo puede ser nombrado quien por el ejercicio prolongado de una profesión jurídica tenga un dominio tan notable del derecho “que despierte el aprecio profesional” entre sus compañeros. Una y otra vez alude a la “pública estima en la comunidad jurídica” que necesita el candidato.
Llegados a ese punto, el Supremo concluye simplemente que la persona designada, pese a ser licenciada en Derecho, experta en derecho del trabajo y haber formado parte durante años como vocal de la comisión de justicia del Congreso, no tiene prestigio suficiente como jurista.
(...) El carácter ideológico del prestigio es fácil de explicar. Sostiene el Tribunal Supremo que lo tendría, por ejemplo, don Enrique Arnaldo, nombrado no hace mucho magistrado del Constitucional. Es letrado de las Cortes y catedrático de Derecho. Tiene además la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, así que no hay duda de que entre los juristas se le considera de buena reputación. Al mismo tiempo, este señor –que apareció en dos sumarios de corrupción, pero fue exonerado– tenía un despacho de asesoramiento jurídico que recibió suculentos contratos del Partido Popular. Fue quien llevó a Pablo Casado a conseguir aprobar de un tirón doce asignaturas en su máster fantasma. También compaginó de manera aparentemente irregular el cargo de profesor en dos universidades y ha estado inmerso en otras polémicas que podrían hacer dudar de su honestidad. Sin duda, para alguien conservador se trata de una persona de prestigio, pues es rica y poderosa. Sin embargo, también es posible que alguien más comprometido con los valores sociales considere que el prestigio no se gana con chanchullos sino con la integridad. Y podría llegar a la conclusión de que alguien así no reúne los requisitos para su alto cargo. El prestigio, pues, es ideológico y sólo lo puede valorar el Gobierno.
(...) Más allá, el concepto de prestigio que impone en esta terrible sentencia el Tribunal Supremo es tremendamente elitista y corporativo. Si eres profesor, abogado, juez o notario, pero te manifiestas contra las opiniones mayoritarias del sector o no entras en las componendas y convenciones habituales que reúnen a estos colectivos, seguramente no se te reconozca esa estima o aprecio en el sector que dice el Supremo que es necesaria para poder acceder a las más altas posiciones del Estado. Está así reivindicando el sistema de cooptación típico de las élites tradicionales. Sirve para que no pueda triunfar nadie que no acepte someterse a las servidumbres que permiten ahormar a los juristas y evitar el pensamiento excesivamente divergente. El Supremo, así, no solo hurta a la sociedad una decisión política, sino que además se la regala a las élites dominantes en la judicatura, la universidad o la abogacía.
(...) Vivimos tiempos difíciles en los que el poder judicial ha perdido la conciencia de sus límites y constantemente se entromete en el papel de los otros poderes. Quienes debían garantizar la primacía de los órganos democráticos están, en vez de ello, robándoles sus competencias. La distopía de sustituir la democracia por una juristocracia cada vez está más cerca. Hablan de meritocracia pero sólo tratan de colocar a “uno de los nuestros”.
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