Xosé Manuel Pereiro A Coruña , 9/01/2024
La reacción de las autoridades y de la ciudadanía ante la marea blanca que está sufriendo Galicia es asombrosamente similar a la que se produjo con el ‘Prestige’
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En cualquier análisis de las consecuencias de la marea negra ocasionada por el petrolero Prestige en noviembre de 2002, en caliente en su día o en frío con ocasión de un aniversario redondo, la última pregunta era: ¿qué pasaría si volviese a darse una situación similar? Colecciono varias respuestas. Desde la difunta Loyola de Palacio, que me largó un apasionado relatorio de las medidas cautelares que la UE iba a poner en marcha, hasta las de marineros que habían luchado contra el chapapote por mar y tierra, y que aseguraban que pasaría lo mismo. La marea negra ha faltado a su cita habitual en la costa gallega de una por década, pero ha sido sustituida por una blanca, en principio mucho menos aparatosa y parece ser que menos nociva. Pero la reacción, tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía, es en esencia asombrosamente similar.
Los hechos desnudos son que uno de los miles de mercantes que pasan por delante de la costa gallega, el Toconao, perdió el 8 de diciembre, cuando todavía navegaba en aguas portuguesas, seis contenedores. Al menos uno de ellos contenía alrededor de un millar de sacos de 25 kilos de “pellets” de plástico. Los “pellets”, “nurdles” o “granza” (¡e incluso “lágrimas de sirena”!) son unos microplásticos que se utilizan como materia prima para, al fundirlos, producir todo tipo de elementos plásticos. Estos habían sido fabricados por la empresa polaca Bedeko Europe. La organización ecologista Noia Limpa alertó esa misma semana de que había detectado sacos flotando al sur de Fisterra. El día 13 aparecieron los primeros sacos. Fue en las playas de Santa Uxía de Ribeira, por si quieren ir identificando/bautizando la “zona cero”.
La primera norma de gestión de desastres en España, antes de delimitar el problema o su posible solución, es no verlo, negarlo. “Las playas están esplendorosas”, que había dicho un ministro al bajarse del helicóptero o “la rápida intervención de las autoridades españolas alejando el barco de las costas, hace que no temamos una catástrofe ecológica”, como dijo otro a pie de playa, cuando Muxía llevaba ocho horas teñida de negro. Aquí no ha habido naufragio alguno que retransmitir en directo ni helicópteros de salvamento al rescate, ni ruedas de prensa preñadas de calma tensa. Y, por lo tanto, no ha pasado nada. Hasta que, ya en 2024, más o menos el primer día hábil del año, empieza el tam-tam de las redes sociales: hay una marea blanca de plásticos y ninguna información oficial no ya de sus posibles consecuencias, sino de su mera existencia. Varias de las denuncias alcanzan cientos de miles de impactos en X, Instagram o TikTok.
La segunda norma de Primero de Gestión de Desastres, Incidencias y Contingencias a la Española (GDICE) es encontrar a quién echarle la culpa. En los primeros momentos del Prestige, como las administraciones central y autonómica estaban en las mismas manos, el Gobierno amenazó con querellarse contra el Reino Unido, por creer que el destino del petrolero era Gibraltar, Bahamas (donde estaba abanderado el petrolero), Letonia (puerto de origen) y Grecia (nacionalidad de la empresa armadora). En este caso, al tener distinto color político, el presunto culpable está más a mano. El día de Reyes, el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, echó en cara al Gobierno de Sánchez tener conocimiento de los hechos desde mediados de diciembre y no haberlos informado hasta la primera semana de enero. La Delegación del Gobierno aseguró que había sido el servicio 112, dependiente de la Xunta de Galicia, quien había avisado de los primeros avistamientos al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y al de Transición Ecológica, mediante la Demarcación de Costas.
Lo que ambas administraciones no desmienten es que ya el 20 de diciembre, el abogado de la compañía aseguradora comunica oficialmente la pérdida a Salvamento Marítimo (Transportes) y avisa de que ha contratado técnicos para el seguimiento del material esparcido y que está a disposición de las instituciones para pagar los costes de la limpieza (la tal disposición flaquea posteriormente, por no estar clara si la responsabilidad es de Bedeko o de Maersk, la multinacional del transporte marítimo). Ese mismo día, Salvamento comunica al Servicio de Guardacostas (Consellería do Mar) la llegada de los pellets. Por su parte, los ayuntamientos habían avisado a la Xunta y habían preguntado qué hacían con los pellets aparecidos. En resumen, a finales de diciembre, todas las administraciones lo sabían. El día 3 de enero, el presidente gallego y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, se acercó a una de las zonas afectadas, Muros, pero para tomar un café con la militancia local. Ni pisó la playa ni tocó el tema. Manuel Fraga tardó doce días en dejarse ver por los lugares afectados. Los otros candidatos a la presidencia sí se habían retratado a pie de desastre. Tanto a los de entonces como a los actuales les corresponde parte de la culpa oficial, por hacer electoralismo.
En el desastre del Prestige, el Gobierno de José María Aznar cometió el enorme error político de tratar al de Manuel Fraga como si éste fuese únicamente el administrador de la finca. El reparto de competencias actual atribuye a Madrid la gestión de cualquier incidente que ocurra en mar abierto. En la costa, la responsabilidad corresponde a Santiago y a los ayuntamientos. Para que actúe la administración central, tienen que activarse los planes locales, o el autonómico. Los máximos responsables de ambas administraciones hablan por teléfono para ofrecerse, recíprocamente, a colaborar. Una especie de “cuelga tú- no, tú”. Finalmente, la Xunta, el 5 de enero, activó el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia (plan CAMGAL), pero sólo en fase 1. Para que el Gobierno pueda actuar es necesario estar en fase 2, y una solicitud formal de ayuda. “No podemos ayudar si no nos abren la puerta”, ejemplificó una fuente ministerial. Pero el gobierno gallego considera, “en base a informes técnicos y científicos” que la cosa no es para tanto (...)
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