El Gobierno, que sopesa una paradójica alianza con los dos bancos que mayor cuota de la antigua banca pública han ido engullendo para evitar que un fondo soberano saudí controle la tecnológica, quedaría en el mejor de los casos como segundo accionista de la principal multinacional española.
¿Puede considerarse un buen negocio pagar 2.050 millones de euros por algo menos de la tercera parte de lo mismo que un cuarto de siglo antes se había vendido por 4.598?
Eso, un encarecimiento del 42%, es lo que ha ocurrido con la participación del Estado español en Telefónica, la principal empresa tecnológica del país, de la que el Gobierno ha acordado adquirir un 10% de las acciones a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) 28 años después de haber activado la venta del 31,86% que mantenía en ella.
El Estado ingresó 45.000 millones por la venta, total o parcial, de 122 compañías que solo entre 2011 y 2020 ganaron 63.594 millones de euros y repartieron como beneficios 59.700, de los que el erario recibía un escueto paquete de 940 al que se añaden otros 11.939 como impuestos por esos dividendos.
En el caso de Telefónica, las dos OPV (Oferta Pública de Venta de acciones) fueron activadas en 1995, cuando el último ejecutivo de Felipe González sacó un 10,7% del capital de la compañía, y en 1997, cuando el primer Ejecutivo de José María Aznar vendió el 21,16% que todavía mantenía el Estado por 607.079.
Esas ventas le reportaron al Estado unos ingresos conjuntos de 4.598 millones de euros que sitúan en 1.443 millones el de cada 10% de las acciones, una cifra que resulta un 42% inferior a los 2.050 que ahora se plantea pagar por una participación de ese volumen ante la toma de posiciones de la compañía saudí STC, controlada por el fondo soberano PIF (Public Investment Found).
El neoliberalismo como argumento, o como coartada
Esas ventas de la participación estatal en Telefónica se produjeron en otros tiempos, los últimos del gobierno de Felipe González (1995) y los iniciales del de José María Aznar (1997), dos ejecutivos que entre 1985 y 2017 activaron una ola de privatizaciones de empresas públicas cuyos beneficios siguen sin estar claros.
Era una época en la que ministros como Carlos Solchaga aseguraban que "la mejor política industrial es la que no existe" y otros como Miguel Sebastián eludían cualquier responsabilidad en operaciones como la de Endesa: "nosotros hemos encontrado a una empresa ya privatizada y sujeta a las reglas de mercado", decía.
"El Estado no va a tener una participación accionarial en ninguno de los operadores privados que van a competir en el mercado de la telefonía" porque "la libre competencia debe inspirar la actuación y el funcionamiento de los mercados", aseguraba Rodrigo Rato al anunciar como vicepresidente económico del Gobierno el segundo tramo de la privatización.
El neoliberalismo emergía rampante como argumento, o como coartada, para una serie de procesos que al mismo tiempo nunca impidieron, sino más bien al contrario, una amplia presencia de políticos profesionales en las magramente remuneradas cúpulas de las empresas privatizadas: hasta 40 exaltos cargos de gobiernos del PSOE y el PP han pasado por sus consejos desde su venta.
¿Y eso resultó positivo para el país? "No existen resultados concluyentes sobre la mejora de eficiencia de las empresas al cambiar su titularidad de pública a privada", advertía ya entonces la economista Mónica Melle, quien anotaba que "el éxito de la privatización requiere de solventes políticas de gestión por parte de las empresas privatizadas" que incluyan "mecanismos de control o disciplina de los agentes que intervienen" en ellas e "incrementar la competencia de los mercados donde operan".
La 'trampa al solitario' de la ilegal 'acción dorada'
Esos procesos de privatización incluyeron una 'trampa al solitario' que, de tan grosera, cuesta considerarla un simple error de cálculo: el mismo gobierno que vendía sus participaciones y salía del capital y de los órganos de dirección de empresas cuya actividad se reconocía como estratégica, caso de Telefónica, Repsol o Endesa, se reservaba la llamada 'acción de oro' para mantener su capacidad de decisión sobre aspectos nucleares de su gobernanza.
"Es voluntad del Gobierno, en función de la Ley de Privatizaciones, aplicar el criterio y el concepto de 'acción dorada' a la Compañía Telefónica de España, de manera que los intereses estratégicos que se desprenden de un monopolio de tantos años en el sector de las telecomunicaciones puedan ser salvaguardados y, al mismo tiempo, se combinen con lo que supone este gran paso en la liberalización de la economía española", dijo Rato al anunciar la medida.
Sin embargo, solo siete años después, y hace ya veinte de eso, el TJUE (Tribunal de Justicia de la UE) decía que eso era una aberración jurídica incompatible con la normativa comunitaria: la sentencia calificaba el sistema como "desproporcionado, arbitrario y basado en criterios subjetivos e imprecisos".
Y anulaba concretamente su aplicación en Telefónica, a cuya vigencia siguen apelando estos días algunos políticos españoles en el tradicionalmente alborotado, y no siempre bien documentado, debate mediático de la actualidad.
Ni esas circunstancias ni los resultados obtenidos por las empresas privatizadas, que alcanzan los 23.861 millones en la última década en el caso de Telefónica y los 1.262 solo de enero a septiembre de este año, han acabado por reabrir el debate sobre la procedencia y sobre los efectos de esos procesos de privatización, que movieron alrededor de 700 millones de euros en comisiones bursátiles de intermediación.
Las zonas sensibles en las que opera el ejército español
En el caso de Telefónica, el regreso al accionariado por parte del Gobierno tiene que ver, precisamente, con lo estratégico de su actividad, según señala la propia SEPI: "La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa" (...)
No hay comentarios:
Publicar un comentario