Ignacio Escolar 10 de febrero de 2024
¿Qué tal tu semana? La nuestra no ha ido demasiado bien.
Una jueza de Madrid ha decidido mandar al banquillo a uno de nuestros compañeros: al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, un medio asociado a elDiario.es. Será juzgado por varios delitos de odio, de acoso y de revelación de secretos. La acusación pide para él 23 años de prisión. Repito: 23 años de prisión. La jueza considera que hay pruebas suficientes como para mandarle a juicio y ha fijado una fianza civil de 422.500 euros, que tiene que pagar ya.
¿Quién le acusa? No te lo vas a creer. Todo esto nace de una querella del juez corrupto Salvador Alba. El mismo que está en prisión por fabricar pruebas contra la exdiputada de Podemos Victoria Rosell –que es también pareja de Sosa–. ¿Por qué le acusa? Sus supuestos “delitos de odio” y “acoso” son las noticias que ha publicado Sosa sobre este delincuente, que sigue encerrado en prisión.
Supongo que recordarás el origen de esta historia. Es, sin lugar a dudas, el ejemplo superlativo de ‘lawfare’ en España. Uno del que no dudan ni siquiera los que dicen que tal cosa no existe en nuestros tribunales.
En 2015, la jueza Victoria Rosell decidió presentarse al Congreso de los Diputados en las listas de Podemos. Ese fue su gran pecado. Al poco de salir de su juzgado, el juez Salvador Alba pidió su plaza. Y desde el primer día en que llegó al antiguo despacho de Rosell –así lo acredita la sentencia del Supremo– Alba empezó a trabajar para intentar destruir la carrera política de “la jueza de Podemos”: su reputación y su libertad.
En secreto, sin presencia de su abogado, Alba se reunió con un empresario canario que estaba imputado en ese juzgado: Miguel Ángel Ramirez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Y le ofreció un trato: su exculpación, por medio de una nulidad de la causa, a cambio de que acusara a Victoria Rosell y a su pareja, nuestro compañero, el periodista Carlos Sosa. El plan era culpar a Sosa y a su periódico de haber cobrado de este empresario a cambio de que Victoria Rosell le librara de sus problemas judiciales. Una estrategia muy afilada, que habría destruido la reputación de Rosell, la de Sosa, la de Canarias Ahora y, por extensión, la de elDiario.es. Y que incluso podría haber acabado con Sosa y Rosell en prisión.
Salvador Alba no actuaba solo, aunque solo él fue condenado. Al mismo tiempo que este juez corrupto daba estos pasos para fabricar pruebas falsas, el exministro del PP y rival electoral de Rosell en Las Palmas, José Manuel Soria, había presentado una querella contra la jueza de Podemos por una acusación donde ya aparecían algunos de los ingredientes que el juez Alba cocinaba. Como las acusaciones contra Carlos Sosa.
Dato importante. Poco antes de esa querella, Carlos Sosa había destapado muchos de los escándalos de José Manuel Soria. Entre otras andanzas, sus noches a precio regalado en una suite de lujo en Punta Cana.
Durante los primeros meses, el plan para destruir a Victoria Rosell avanzó según lo planeado, paso a paso, de forma metódica, como un grupo de natación sincronizada que se movía al mismo compás en los juzgados, en la política y en los medios.
Tras aquella reunión secreta, en marzo de 2016, el empresario Ramírez fue citado a declarar. Dijo en el interrogatorio lo que el juez Alba quería, y aportó los contratos publicitarios que sus empresas tenían con Canarias Ahora. Días después, esos datos judiciales –y en teoría reservados– llegaron a las páginas de El Mundo. El titular: “El presidente de Las Palmas confirma sus negocios con la pareja de Rosell”. Más tarde José Manuel Soria amplió su querella contra la diputada de Podemos, basándose en “la información publicada”. Y así, por tierra, mar y aire, fue creciendo la presión contra la jueza que se había pasado de valiente por entrar en política por la puerta equivocada.
Después llegó el Supremo. Que en abril de 2016 admitió a trámite la querella de José Manuel Soria. Victoria Rosell tuvo que dimitir, abandonar la Diputación Permanente del Congreso –había nuevas elecciones convocadas– y dejar el escaño. Como estaba imputada, tampoco pudo repetir en las siguientes elecciones.
El juez Salvador Alba triunfó, pero por poco tiempo. Un imprevisto frustró la impunidad de sus delitos. El empresario Miguel Ángel Ramírez había grabado la reunión secreta entre ambos. En mayo de 2016, elDiario.es publicó los audios. Toda la conspiración salió a la luz, y el caso Rosell se convirtió en el caso Alba.
¿La primera reacción de algunos jueces ante esta prevaricación de manual? No fue ejemplar. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –una asociación conservadora, la más numerosa, a la que pertenecen casi una cuarta parte de todos los jueces españoles– salió a defenderlo. “No hay ningún problema en recibir, como acto de transparencia, a quien se lo solicita. Lo hacen todos los jueces”, dijo en su defensa Manuel Almenar, entonces presidente de la APM y antes vocal del CGPJ a propuesta del PP –Almenar es hoy juez del Tribunal Supremo; fue nombrado en 2021 por el actual CGPJ, cuando ya estaba con el mandato caducado–.
Alba había sido el presidente de la APM en Canarias. Era uno de los suyos. Y no uno cualquiera.
Pero las pruebas eran contundentes. Y no admitían mucha interpretación. A pesar de estos primeros apoyos, la investigación contra Victoria Rosell fue archivada. Y se abrió una nueva causa judicial contra el juez Alba, que poco a poco empezó a avanzar.
Y así llegamos a las nuevas informaciones de Canarias Ahora y Carlos Sosa. Las que ahora llevarán a nuestro compañero al banquillo, acusado por los delitos de “odio”, “acoso” y “revelación de secretos”, con una posible pena de 23 años de cárcel.
Cuando empezó el juicio, obviamente, Salvador Alba fue suspendido. Tenía que dejar su juzgado ya que iba a sentarse en el banquillo como acusado. Y para evitarlo, pidió una baja médica un tanto peculiar.
La baja médica de Alba la firmó primero un médico que no trabaja siquiera en su ciudad y que estaba acusado de falsificar el historial clínico de su mujer. Y después la prolongó un pediatra –Alba nació en 1970, así que no parecía su paciente ideal–. Carlos Sosa publicó ambas noticias.
Mientras estaba de baja médica, firmada por su pediatra, Salvador Alba también se fue de viaje a las Maldivas. Otra noticia que Carlos Sosa también destapó.
Finalmente llegó el juicio y más tarde las condenas, impepinables ante la evidencia de las pruebas. La Justicia le sentenció a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento público, una condena que el Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2021. Alba también tuvo que pagar 60.000 euros a Rosell como indemnización, además de las costas judiciales, y otros 12.150 euros más de multa, que cobra el Estado. Pero el juez empezó entonces una estrategia dilatoria para no ir a prisión. Confiado –así lo esperaba– en que el PP y Vox pudieran llegar al Gobierno y conceder un indulto que evitase que fuera a la cárcel.
Primero Alba argumentó que padecía una enfermedad que le impedía volar. ¿La trampa? Que todas las cárceles españolas donde un juez puede cumplir condena están en la península. Sin avión, tampoco había prisión.
Luego recurrió a nuevos informes médicos para argumentar que una enfermedad le impedía no ya volar, sino siquiera entrar en la cárcel.
Además de intentar evitar la condena, Alba también trató de no pagar la multa a la que fue sentenciado: 12.150 euros. Argumentaba que no tenía capacidad económica para ello, a pesar de que siguió cobrando como juez incluso mientras estaba suspendido. En total, unos 70.000 euros. Aún no se sabe si el Estado le ha reclamado ese sueldo, por un trabajo que nunca realizó.
En octubre de 2022, once meses después de la sentencia en firme del Tribunal Supremo, Alba finalmente entró en prisión. Poco antes, en junio, había presentado la querella de la que hablo hoy. No solo contra Carlos Sosa. En su primer escrito, también denunciaba a otros dos periodistas de Canarias Ahora y a Victoria Rosell. También a elDiario.es. Y también a mí, como director de elDiario.es.
Además de ser los supuestos responsables de varios delitos de acoso, odio y revelación de secretos, Salvador Alba y su mujer nos acusaban de formar parte de un “grupo u organización criminal”.
En mi caso, la querella no prosperó. Ni siquiera se me comunicó formalmente por parte del juzgado que se había presentado. Tampoco se me llamó a declarar. Contra Carlos Sosa, la jueza sí continuó.
Hace más de un año que Carlos Sosa sabe de esta querella. Hace varios meses fue citado a declarar. No hemos podido informar sobre ella hasta ayer. Cuando por fin conocimos que la jueza María Ángeles Velázquez le mandaba a juicio. Durante toda la instrucción –más de un año– esta jueza advertía en cada auto de las consecuencias de divulgar el contenido de esta causa, a pesar de que nunca fue declarada como secreta.
Nadie duda, tampoco la jueza, de la veracidad de las informaciones de Carlos Sosa. La querella no va por ahí. Lo que denuncia Salvador Alba es que elDiario.es y Canarias Ahora le acosaron, provocaron odio contra él y revelaron datos secretos, que no se podían conocer.
En la querella, por ejemplo, Alba asegura que Sosa desveló el nombre del colegio de su hija. Algo que es falso: en ninguna noticia aparece un dato así. Un colegio cuyo nombre, por otra parte, sí ha difundido el propio juez en un libro exculpatorio que ha publicado desde prisión.
Alba también acusa a Sosa de revelar datos secretos sobre su enfermedad. Algo que es falso también: solo informó de sus idas y venidas con las bajas médicas que utilizó para evitar su suspensión como juez y, más tarde, su entrada en prisión. Unas noticias contrastadas, veraces y de interés público.
La jueza manda al banquillo a Carlos Sosa, en contra del criterio del fiscal. Que no ve delito alguno en estas informaciones y es contundente en la defensa del trabajo periodístico de nuestro compañero.
“Es un periodista que cubre una noticia de clara relevancia e interés público, que ha obtenido de forma lícita y las ha publicado, omitiendo datos que puedan afectar a la intimidad de la víctima y de su familia”, dice el fiscal en un escrito donde pide el archivo de la querella. Y tiene toda la razón.
La jueza ha fijado una fianza civil de 422.500 euros –siete veces más que la indemnización que pagó Alba a Rosell por su condena por prevaricación–. Carlos Sosa podrá presentar un aval tan enorme porque cuenta con un seguro para estos casos. En elDiario.es también tenemos otro similar. Es casi obligatorio en nuestro trabajo.
Lamentablemente, esta no es la primera ocasión en la que nuestros periodistas se enfrentan con una situación así.
Tampoco será la última.
Esta semana no ha sido la mejor. Pero te prometo que en elDiario.es nunca nos vamos a rendir. Resistiremos, como siempre hemos hecho, mientras contemos con el apoyo de miles de socios y socias como tú.
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