Adriana T. 4/02/2024
El número de niños que viven en instituciones ha aumentado un 6% este año. Solo Aragón y Cantabria cumplen con la ley que obliga a sacar de los centros a todos los menores de seis años. Expertos y familias reclaman mejoras
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“Necesitamos que toda la sociedad se implique con estos niños, ¡los niños son de todos! Hay que dar a conocer esta situación sin caer en amarillismos, sin perpetuar el estigma en torno a estos chiquillos como si fueran supercomplicados. Lo único que necesitan es que cuidemos de ellos, como cualquier otro niño”. Quien habla así es Helena Escalada, presidenta de Magale y de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), además de médica de familia y madre de acogida de tres niños desde hace doce años.
El acogimiento familiar es una medida de protección de la infancia ampliamente establecida por haberse demostrado mucho más beneficiosa que la institucionalización en centros o pisos. Es, además, más barata para la administración. Por ejemplo, desde el pasado 1 de enero, en la Comunidad de Madrid las ayudas mensuales por menor acogido rondan entre 400 y 600 euros, mientras que cada plaza en un centro de acogida cuesta entre 2500 y 5000 euros al mes (fundamentalmente porque se deben pagar sueldos a los trabajadores y mantener las instalaciones en condiciones). En algunas ocasiones, se han producido irregularidades en la contratación de la gestión de estos centros.
Al margen de cuestiones económicas, la desinstitucionalización es un asunto que debería ser prioritario cuando hablamos de medidas de protección a la infancia. Pero los últimos datos, provenientes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, muestran que no está sucediendo así. En 2022 disminuyó el número de niños y adolescentes en acogimiento familiar, pasando de 18.455 menores en 2021 a 18.177 en 2022. Por el contrario, el número de niños en acogimiento residencial (centros o pisos) ha aumentado un 6%, pasando de 16.177 en 2021 a 17.061 en 2022.
ASEAF (Asociación Estatal de Acogimiento Familiar), representante de más de dos mil familias de acogida en todo el Estado, pone énfasis en el incremento que se ha producido en el número de niños y niñas menores de seis años que se encuentran viviendo en centros, en contra de lo que dicta la Ley 26/2015, que obliga a que todos los niños de esas edades sean cuidados por una familia de acogida. Señalan también que 557 niños de menos de tres años (bebés, en muchos casos) se encuentran institucionalizados, lo que supone un aumento del 11% respecto al año anterior.
A la vista de estas cifras, se está haciendo un llamamiento urgente a todas las comunidades autónomas para que diseñen un plan de desinstitucionalización e impulso del acogimiento familiar de cara a cumplir con el compromiso adquirido junto al Gobierno, según el cual en 2026 ningún menor de seis años tutelado por las administraciones debe vivir en centros de acogida residencial, y para 2031 tampoco deben hacerlo los menores de diez años. A día de hoy solo Aragón y Cantabria cumplen con la ley y tienen a todos los menores de seis años fuera de los centros de acogida (...)
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