Miguel Mora Madrid , 23/03/2024
La presidenta madrileña utiliza criterios subjetivos y alegales para repartir el dinero público a los medios. En 2022, adjudicó al menos 9,1 millones de euros a digitales; de ellos, 7,4 millones fueron para cabeceras ‘afines’
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Desde que Esperanza Aguirre llegó en 2003 al poder de la Comunidad de Madrid (CM) vía Tamayazo, el alegre reparto anual de millones de euros de publicidad institucional ha sido la seña de identidad de los gobiernos regionales y locales del PP. Con el tiempo, ese riego incesante de dinero público ha favorecido la eclosión de una galaxia de medios, submedios y pseudomedios digitales de derecha y ultraderecha: lo que antes se conocía como el sindicato del crimen, ahora se llama la fachosfera. Un denominador común es que todos estos medios son sumisos al poder que los financia y utiliza: la ninguno repara en dedicar un trato exquisito a los presidentes y alcaldes del Partido Popular, aunque ello suponga a veces publicar bulos, hipérboles o infundios. Como dijo en su día Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, "no hace falta comprar a un medio de comunicación, basta con que seas su mejor cliente”.
Con los años, la sensación de que los medios ultras de Madrid marcan la agenda informativa del país entero se ha ido haciendo cada vez más palpable. Una parte de esa impresión se debe seguramente a la aparición de esa pléyade de medios y pseudomedios, muchos nacidos al calor del clientelismo del PP con la intención de utilizar las ayudas públicas para mentir, desinformar e intoxicar, lo que ha condicionado y ensuciado cada vez más el espacio público.
Isabel Díaz Ayuso y sus medios afines llevan años acusando a Pedro Sánchez de ser un dictador, le llaman hijodefruta, felón y cosas peores, pero la realidad es que es la presidenta de la Comunidad de Madrid y su jabalí de confianza, Miguel Ángel Rodríguez, quienes han creado un autocrático sistema mediático / propagandístico, financiado generosamente, y cuyo objetivo máximo no es informar ni analizar la realidad, sino proteger y rendir pleitesía a la presidenta.
Tras ayudarle a ganar su batalla contra Pablo Casado en 48 horas, e impulsarla hacia la mayoría absoluta en 2023, los comunicadores de cabecera de Ayuso se dedican estos días a defenderla 24/7 de sus dos grandes problemas: a) el protocolo de la muerte que acabó de forma cruel con la vida de 7.291 ancianos en las residencias, y b) el súbito enriquecimiento que su entorno Maserati (novio, madre, hermano, exnovio…) ha vivido desde que ella es presidenta.
La Acorazada Mediática de Ayuso está formada por una treintena larga de medios: los hay grandes, medianos, pequeños e invisibles. Algunos publican todavía ediciones en papel, pero la mayoría son nativos digitales. La propaganda se difunde por tierra mar y aire, a través de webs, blogs, chiringuitos, tertulias, radios, algunas televisiones privadas y los dos estandartes públicos: Telemadrid y Onda Madrid.
Ese entramado se financia en buena parte con dinero público. En 2022, Isabel Díaz Ayuso gastó al menos 13.234.287,50 euros* en publicar campañas publicitarias en medios digitales, según ha podido confirmar CTXT a partir de los últimos datos publicados en el Portal de Transparencia de la Comunidad y del ente Canal de Isabel II.
El contrato principal, que se gestiona desde la Consejería de Presidencia, supuso un gasto en medios online de al menos 11,4 millones. Pero los diarios elegidos por el Gobierno Ayuso (que son los mismos desde hace al menos dos años) obtienen además campañas para ediciones en papel (los que la tienen) y fondos adicionales del Canal de Isabel II y del Metro de Madrid. La inversión declarada por el Canal fue de 1.752.510,35 en 2022, lo que da una invesrión total de 13,234 millones para medios online, o digitales (y aproximadamente lo mismo para medios offline).
Entrando en el detalle de las campañas, lo primero que llama la atención es que Ayuso repartió la inmensa mayoría del dinero entre cabeceras o bien ideológicamente afines, o neutras, o casi desconocidas, obviando en numerosas ocasiones los criterios objetivos que marca la Ley de Publicidad Institucional 13/2005, que en su preámbulo afirma: “La realización de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación debe responder a los principios de eficacia, transparencia, austeridad y eficiencia”. Y que añade: “El propósito de la Ley es que toda la información llegue a todos los ciudadanos. Para ello, se ordena la utilización de medios, soportes o formatos que, por un lado, aseguren el acceso a la información de las personas con discapacidad y, por otro, atendiendo a criterios objetivos, garanticen mejor la difusión de los mensajes”.
Criterios subjetivos para blindar los bulos y proteger a la cloaca
La Comunidad justifica, sin el menor rubor, en su propio Portal de Transparencia, que reparte las campañas de prensa atendiendo a los habituales criterios "objetivos legales" aunque añade otros dos que son, cuando menos, subjetivos y alegales: “La afinidad y la notoriedad”.
“La ley exige informar sobre los criterios de reparto por medios de comunicación, siendo los que se aplican criterios objetivos y técnicos como la audiencia, cobertura, frecuencia, notoriedad y afinidad”, dice la CM en su web oficial. “Estos criterios son medibles y la medición es realizada por empresas independientes a nuestra institución”. Ya saben: la notoriedad y la afinidad son criterios objetivos, técnicos y medibles por empresas independientes (...)
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