martes, 9 de abril de 2024

“Volveremos al vendaval del despilfarro”: PP y Vox dejan sin Oficina Anticorrupción a la tierra donde Urdangarín se hizo rico

 Esther Ballesteros   Mallorca — 


Impulsada por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears (OAIB) vio la luz de igual forma que CatalunyaComunitat ValencianaAndalucía y Navarra alumbraban sus propios organismos antifraude. Esto ha sido al abrigo, principalmente, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, categórica contra las consecuencias de esta lacra: “La corrupción es una plaga insidiosa con un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad: socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.

(...) De hecho, después de que PP y Vox decidiesen acelerar el cierre de la Oficina tras hacerse público que el ente estaba investigando una presunta trama de corrupción urbanística que afecta a Sebastià Sureda, actual director general de Emergencias del Govern de Marga Prohens (PP), más de una veintena de asociaciones y entidades de ámbito nacional e internacional emitieron el pasado mes de noviembre declaraciones de apoyo con las que reclamaban evitar la supresión del organismo. “No sólo es una medida que debilita el Estado de derecho, sino que es contrario a los compromisos asumidos por parte todos los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, aseveran las organizaciones.

Balears, a contracorriente de Europa

En esta línea, Manuel Villoria considera “incomprensible” que PP y Vox supriman la Oficina Anticorrupción de Balears. “Incomprensible, salvo que se quiera volver a los antiguos tiempos de Matas y a aquel modelo esencial de corrupción basado en la creación de empresas públicas a las que se derivaba una importante parte del presupuesto sin los controles típicos de la administración, todo ello en un vendaval de corrupción y despilfarro”, asevera el investigador en declaraciones a este medio. “Es impresionante que no hayan aprendido de esa historia”, abunda el catedrático, autor de numerosas investigaciones sobre la transparencia como instrumento para mejorar el funcionamiento democrático.

Para Villoria, el caso de Balears es atípico en Europa, teniendo en cuenta que en países con elevados niveles de corrupción como Polonia, Rumanía o Bulgaria han impulsado sus propios organismos antifraude. “No me consta ningún país en el que se hayan producido avances en este sentido y se hayan dado una vuelta hacia atrás tan clara”, incide el también director del Departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset, para quien el cierre de la Oficina Anticorrupción de las islas es “una tragedia” para el actual marco institucional español, “contraria al camino que están marcando la UE y los grandes organismos internacionales” (...)  


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