“Volveremos al vendaval del despilfarro”: PP y Vox dejan sin Oficina Anticorrupción a la tierra donde Urdangarín se hizo rico

 Esther Ballesteros   Mallorca — 27 de marzo de 2024 

• Además, ambos partidos han declarado privadas las declaraciones de bienes de los cargos públicos, en contra del criterio de organismos internacionales. “Eliminar las denuncias anónimas es algo completamente atípico, es ir a contracorriente”, lamenta el antiguo director del ente

• — PP y Vox convierten a Balears en la primera autonomía en eliminar su oficina contra la corrupción

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  La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra (d), saluda a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (i). Daniel González / EFE
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• PP y Vox dejan sin Oficina Anticorrupción a la tierra donde ...

Durante años, Balears copó de forma diaria las páginas de la actualidad como consecuencia de los numerosos casos de corrupción que la sacudieron. Nunca ajenas al clientelismo, las dádivas, los desvíos de fondos públicos y los tratos de favor, las islas han sido testigo de la caída de históricos altos cargos, de la ruptura de gobiernos y de la desaparición de partidos asolados por sus desmanes y por las causas judiciales que pusieron el foco sobre ellos. Aunque nunca ha llegado a disiparse por completo, la sombra de aquellos años oscuros planea de nuevo sobre el archipiélago después de que PP y Vox hayan fulminado la Oficina Anticorrupción, convirtiendo Balears en la primera autonomía en eliminar un órgano de control de estas características y en nadar a contracorriente en la batalla abierta por los organismos internacionales contra de la degradación y el envilecimiento político.

Impulsada por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears (OAIB) vio la luz de igual forma que Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía y Navarra alumbraban sus propios organismos antifraude. Esto ha sido al abrigo, principalmente, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, categórica contra las consecuencias de esta lacra: “La corrupción es una plaga insidiosa con un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad: socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.

(...) De hecho, después de que PP y Vox decidiesen acelerar el cierre de la Oficina tras hacerse público que el ente estaba investigando una presunta trama de corrupción urbanística que afecta a Sebastià Sureda, actual director general de Emergencias del Govern de Marga Prohens (PP), más de una veintena de asociaciones y entidades de ámbito nacional e internacional emitieron el pasado mes de noviembre declaraciones de apoyo con las que reclamaban evitar la supresión del organismo. “No sólo es una medida que debilita el Estado de derecho, sino que es contrario a los compromisos asumidos por parte todos los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, aseveran las organizaciones.

Balears, a contracorriente de Europa

En esta línea, Manuel Villoria considera “incomprensible” que PP y Vox supriman la Oficina Anticorrupción de Balears. “Incomprensible, salvo que se quiera volver a los antiguos tiempos de Matas y a aquel modelo esencial de corrupción basado en la creación de empresas públicas a las que se derivaba una importante parte del presupuesto sin los controles típicos de la administración, todo ello en un vendaval de corrupción y despilfarro”, asevera el investigador en declaraciones a este medio. “Es impresionante que no hayan aprendido de esa historia”, abunda el catedrático, autor de numerosas investigaciones sobre la transparencia como instrumento para mejorar el funcionamiento democrático.

Para Villoria, el caso de Balears es atípico en Europa, teniendo en cuenta que en países con elevados niveles de corrupción como Polonia, Rumanía o Bulgaria han impulsado sus propios organismos antifraude. “No me consta ningún país en el que se hayan producido avances en este sentido y se hayan dado una vuelta hacia atrás tan clara”, incide el también director del Departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset, para quien el cierre de la Oficina Anticorrupción de las islas es “una tragedia” para el actual marco institucional español, “contraria al camino que están marcando la UE y los grandes organismos internacionales” (...)