Alicia Avilés Pozo 12 de abril de 2024
Ecologistas en Acción y WWF consideran que la reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha otorga derechos a dueños de cotos frente a bienes públicos, una amenaza “pionera” en España. Así lo analizarán en las IX Jornadas de Vías Pecuarias y Caminos Públicos de Maranchón
Hemeroteca — ¿Más riesgo o más seguridad? Castilla-La Mancha aprueba su polémica medida para cazar en vías públicas
- Camino público cortado por un coto de caza
Es una “amenaza pionera” en España. Esta una de las conclusiones a la que las organizaciones ambientales y ecologistas han llegado sobre la polémica reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que permitirá cortar vías pecuarias y caminos públicos para que se practique la actividad cinegética. Esta medida, aprobada “de tapadillo” en la denominada 'Ley de Acompañamiento' de los Presupuestos regionales, todavía tiene que desarrollarse en un futuro reglamento y debatirse en el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Pero su controversia no ha cesado desde hace dos meses. Los ambientalistas y ecologistas quieren pararla y estudian llevarla a los tribunales.
El argumento principal que defienden los contrarios a esta medida es que esta reforma otorga derechos cinegéticos a los cazadores, a titulares privados de cotos, frente a un bien público como son los caminos y frente a derechos constitucionales como el libre tránsito de la ciudadanía.
Así lo van a detallar Ecologistas en Acción y WWF en las IX Jornadas de Vías Pecuarias, Caminos Públicos y Ganadería Extensiva que se celebran este sábado en Maranchón (Guadalajara). Parten del hecho de que el deber de las administraciones es respetar los caminos públicos, de titularidad municipal, y las vías pecuarias, de titutlaridad autonómica.
No aceptan que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya defendido esta reforma amparándose en la seguridad de la ciudadanía, como explicó la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en una entrevista con elDiarioclm.es. Principalmente, porque si así fuera no se hubiera incluido “de tapadillo”. “Eso ya significaba algo: cuando intentas encubrir es que no quieres darle publicidad porque algún problema puede haber”, indica a este periódico Juan Carlos Tomás, coordinador de las jornadas.
“Las excusas son bochornosas y engañosas. Se trata siempre de fomentar la caza y esta región es pionera en coartar. Primero se ampararon en el control de poblaciones de animales, después defendieron la seguridad del propio cazador y ahora hablan de la seguridad de los viandantes. Pero esto último es un claro engaño, porque esa seguridad ya está garantizada con la prioridad del viandante sobre los cazadores, incluso con distancias de seguridad”, argumenta.
Para el también miembro de Ecologistas en Acción, el frontal rechazo de las organizaciones ambientalistas parte de que la reforma no solo supone cortar caminos y prohibir el paso. “Es que atenta directamente contra un derecho fundamental y al mismo tiempo otorga derechos cinegéticos a unos titulares privados, lo de los cotos de caza. Esto es muy importante. Nunca se ha otorgado un derecho a titulares privados sobre dominios públicos y más para una explotación económica”.
Para Juan Carlos Tomás, esto supone la “transgresión de derechos constitucionales” y de normas básicas de las propias legislaciones de vías pecuarias y caminos públicos. “Estas vías son de titularidad de la ciudadanía, de uso público. ¿Por qué ahora se le da prioridad a la escopeta frente al uso del ciudadano de un bien público, frente a sus derechos constitucionales?”, se pregunta.
(...) “Mucha gente lo rechaza. No hablamos únicamente de viandantes, senderistas o ciclistas. Hay también empresas y entidades privadas que están apoyándonos. Nos llenamos la boca con el tema de la despoblación, cuando todo el turismo activo que se está desarrollando se basa en la utilización de estos caminos públicos. Hay empresas que viven de ello y que se echan las manos a la cabeza. Es una hipocresía dedicar inversiones a fijar población cuando luego atentamos contra eso. Lo único que lo explica es el poder del lobby cinegético, de una minoría que se impone a una mayoría”
(...) Uno de los temas que se abordarán en las jornadas y que preocupan especialmente a las organizaciones ambientalistas es la “desprotección” de los caminos públicos. Según la ley, deberían estar inventariados y registrados en cada ayuntamiento, para otorgarles legalidad cuando se producen cortes. Pero la gran mayoría no lo está.
“Las grandes fincas privadas tienen mayor poder judicial cuando se inician litigios mientras que la mayoría de ayuntamientos no disponen de esos recursos. Esto sucede porque no se cumple la obligación del inventario. Propusimos una línea de ayudas para fomentar estos registros, pero no ha llegado a ningún sitio”.
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