La crisis climática mata, enferma y empeora nuestra calidad de vida. La inacción en esta materia atenta contra los derechos fundamentales de la ciudadanía. Estados como Suiza ya han recibido condenas internacionales por este tipo de vulneraciones. España puede ser el siguiente: grupos ecologistas han elevado una causa ante el Constitucional por esta grave negligencia.

Las organizaciones Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future, Ecologistas en Acción y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo son las implicadas en el primer procedimiento judicial del movimiento climático en España que llega a la Corte de Garantías.


Decía Marshall McLuhan que el medio es el mensaje. Es decir, el método que utilizamos para comunicarnos también influye en el significado de aquello que decimos. La vía judicial es un instrumento que gana popularidad entre los ecologistas para lograr avances en la protección del medio ambiente.

"En los últimos años, en materia de cambio climático, se han realizado más de 2.000 procedimientos –casi 2.200– en 65 jurisdicciones diferentes a lo largo del mundo", informa a Público Inés Díez, del área jurídica de Greenpeace.

La demanda española se centra en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero pretende sentar las bases para ir más allá. "Queremos que se cumplan los tratados internacionales como la protección de espacios protegidos y blindar el sistema de paisajes naturales para mejorar la vida de las personas", declara a este diario Pere Joan, portavoz de Fridays For Future.

Por su parte, Díez subraya que "la finalidad de esta clase de procedimientos es conseguir algo más". Los ambientalistas buscan "que los estados comiencen a tomarse en serio la obligación de reducir las emisiones de gases y que no se limiten a firmar los acuerdos internacionales para luego convertirlos en papel mojado".

"Si políticamente no se puede presionar más a los estados, tenemos que acudir a vías alternativas. En este caso, la vía judicial es idónea para conseguir que los gobiernos asuman y cumplan sus obligaciones", añade la ambientalista.

Las estrategias por medio de litigios "son totalmente válidas para afrontar los problemas que vivimos", considera el activista de Fridays For Future. Si bien las protestas y las formaciones son clave en el movimiento ecologista, "por la vía jurídica también podemos lograr muchísimos avances en victorias climáticas".

Una violación contra el derecho a la vida

En concreto, la demanda acusa a España de vulnerar el derecho a la vida y a la integridad física, recogido en el artículo 15 de la Constitución española. Así lo detalla Díez a Público. El recurso camina la senda de la histórica victoria de las pensionistas suizas, las Klimaseniorinnen, a quienes Estrasburgo dio la razón por desprotección climática.


La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el pasado 9 de abril supone una conquista en los derechos medioambientales. La doctrina establece que la inacción climática constituye una violación de los derechos humanos para los 46 estados miembros del Consejo de Europa, entre los que se incluye España.

Los ecologistas españoles también denuncian una violación del artículo 18 de la Constitución, relativo al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. "Hay ciertos daños ambientales que pueden atentar contra el derecho al respeto de la vida privada y familiar de las personas", aclara a Público la jurista de Greenpeace.

Por ejemplo, las Klimaseniorinnen alegaron que "no podían reunirse con sus familias y amigos debido a que el calor impedía que pudieran salir a determinadas horas o se habían visto obligadas a cambiar de lugar de residencia", recuerda Díez.

Un Gobierno poco ambicioso

El origen de la demanda española es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que aprobó el Consejo de Ministros en enero de 2020. Esta estrategia busca reducir para 2030 un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Los ecologistas consideran la medida insuficiente.

"La reducción que propone el Gobierno es escasa para mantener el calentamiento de la Tierra por debajo de los 1,5ºC, como establece el Acuerdo de París", apunta la ambientalista. Por este motivo, elevaron un recurso al Tribunal Supremo, pero este sentenció que no era su competencia determinar de cuánta debe ser la reducción de emisiones que el Ejecutivo debe aplicar.

Los ecologistas argumentaban en el litigio que la falta de ambición por parte del Gobierno causaba un daño a la salud y a la vida de las personas. Los demandantes solicitaron al Supremo que se pronunciara sobre este punto y el pasado mayo comunicó su fallo en contra de la acusación. Un mes después, han decidido dar un paso adelante y continuar el recurso ante la Corte de Garantías.

"No estamos ante un futuro, sino un presente", recalca la abogada de Greenpeace acerca de las graves consecuencias para la vida que supone la crisis climática. En este escenario, "acudir a los tribunales es una buena vía para seguir presionando a estados y gobiernos", concluye.