11/07/2024
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El espionaje masivo que la policía realizó sobre todos los diputados de Podemos a partir de 2015, nada más fueron elegidos, y en muchos casos durante dos años, suponen el atentado más grave de los muchos cometidos por el Gobierno del PP contra la democracia. Entonces, Mariano Rajoy trataba de continuar por todos los medios como presidente del Gobierno, aunque ya no contaba con mayoría suficiente para ello. En ese contexto, el Ministerio del Interior emprendió una investigación secreta contra la totalidad de los diputados de Podemos. Debió ser el estreno de la conocida como policía patriótica, creada por el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, hombre de absoluta confianza de Rajoy y pendiente ahora de juicio por algunos de los muchos casos, propios de la Gestapo, que impulsó durante su etapa como ministro.
El empeño del PP y Rajoy por seguir en el poder explica esta sucia e ilegal operación de espionaje sobre el 20% de los diputados que se negaban en rotundo a ello. Esto pone de relieve la gravedad del caso, por encima de otros parecidos. Probablemente es la afrenta más grave al Parlamento desde la toma del Congreso de Tejero y Armada. En los dos casos el fin era subvertir la voluntad popular expresada en las urnas.
La investigación en manos del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tras una querella presentada por Podemos, carece aún de muchos datos que el informe de Asuntos Internos de la Policía parece no haber incluido. De acuerdo con el citado dosier, entre 2015 y 2016 se realizaron como mínimo 6.903 búsquedas en las bases de datos con las que cuenta el Ministerio del Interior. No sólo indagaron sobre los diputados de Podemos más conocidos, como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Yolanda Díaz o Irene Montero. Rastrearon información sobre todos, y especialmente sobre algunas diputadas o diputados, de menor relieve, como el responsable de Finanzas y Transparencia, Segundo González García, que fue investigado 900 veces, o Lucía Martín, sobre la que se realizaron 800 búsquedas. Se miraba de todo: conexiones con abertzales, sitios donde se habían alojado, vuelos realizados o si había joyas de por medio. Ello da una idea de que la policía buscaba elementos para hacer chantaje al que pillaran. La importancia que Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, y el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, otorgaban a este trabajo sucio y delictivo se refleja no sólo en las casi 7.000 búsquedas, sino en que para los rastreos se emplearon 2.700 usuarios; cada agente debía emplear muchísimos usuarios informáticos, posiblemente para dificultar que fueran descubiertos. El propio jefe del operativo, García Castaño, lo reconoce en un whatsapp encontrado en su móvil mientras se investigaba el caso Kitchen: “Mirar los 69, se saca, pero hay que mirar uno a uno y, claro, deja rastro”.
Faltan cuestiones por conocer. En primer lugar, quiénes son los autores materiales del espionaje. Sus declaraciones arrojarían luz sobre este siniestro caso. También desde qué lugares fueron rastreados: el informe señala más de 900, lo que indica la magnitud de la trama.
Pero hay otro asunto importante. ¿Es posible mover tantos hilos en tantísimos lugares, sobre tantos ficheros, sin que ningún responsable no implicado haya tenido conocimiento? El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que siempre ha asegurado que su Ministerio acabó con las cloacas, debería responder a esta pregunta y tomar decisiones inmediatas para expulsar del cuerpo a los implicados en un caso que tiene como perjudicados directos a dos compañeros del actual gabinete: Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy.
En definitiva, este nuevo y gravísimo acto delictivo atribuible al PP afecta de forma directa nada menos que al Gobierno del país. Ahora sabemos que la policía patriótica fue en realidad un grupo salvaje de políticos y policías golpistas que trataban de torcer la voluntad democrática durante un periodo especialmente largo y convulso en el que la sociedad cuestionó las bases mismas del Régimen del 78. Por todo lo que se conoce, y por algún caso judicialmente probado, el PP, ese partido que sigue azuzando el enfrentamiento ciudadano, debería estar ilegalizado hace tiempo. Ver al PSOE pactar la renovación del Poder judicial con quienes lo han desprestigiado hasta límites ignotos produce escalofríos.
Desgraciadamente, es muy dudoso que este escándalo de Estado vaya a tener una respuesta penal adecuada. España lleva ya demasiado tiempo sin la debida tutela judicial efectiva en materia de derechos políticos. La persecución judicial, policial y mediática contra Podemos y sus votantes constituye una de las páginas más vergonzosas de la guerra sucia contra la democracia española. Y hoy se puede decir muy claramente quiénes fueron culpables, mandantes, cómplices, beneficiarios, ejecutores y soldados. Tristemente, casi todos ellos siguen en sus puestos. Porque la impunidad es una de las señas de identidad de esta democracia plena. Plenamente trucada y fallida.
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