Iván Suárez 4 de agosto de 2024
Durante su alcaldía, se pagaron 70 millones por una potabilizadora que no se podía usar, 12 millones por una nave que un año antes costaba cinco y se concedió una licencia ilegal para una biblioteca por la que ahora hay que indemnizar con más de cinco millones a los vecinos
— El Estado tendrá que pagar 5,4 millones de euros de indemnización por la biblioteca que José Manuel Soria autorizó con una licencia ilegal
El edificio Woermann, la desaladora en Piedra Santa, la nave de La Favorita, las torres del Canódromo y la Biblioteca Pública del Estado.
La potabilizadora que costó 70 millones de euros y no se podía usar. La biblioteca prometida que nunca estuvo en la base del rascacielos con las vistas más privilegiadas de la ciudad, construido en la parcela que ocupaba un inmueble modernista que primero desprotegió y luego ordenó derribar con nocturnidad. La biblioteca que sí se construyó, pero con una licencia ilegal y haciendo de barrera para las vistas de unos vecinos a los que ahora hay que indemnizar con más de cinco millones. El esqueleto de dos torres de viviendas de quince plantas que hizo ganar a un intermediario nueve millones de plusvalía. O la nave abandonada que un día albergó una fábrica de tabacos y fue comprada a un empresario por 12 millones, siete más de lo que se pedía por ella un año antes.
Hace ya 21 años que José Manuel Soria dejó de ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, pero la herencia envenenada de algunas de sus decisiones y proyectos han ocasionado y siguen ocasionando un perjuicio a la ciudad. O incluso al Estado. El último ejemplo es el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del pasado 18 de julio que cuantifica en 5,34 millones la indemnización que la administración central debe pagar a unos vecinos para evitar el derribo de la Biblioteca del Estado, un edificio autorizado por el Gobierno municipal liderado por Soria pese a que contravenía el planeamiento urbanístico.
Soria fue alcalde de la capital grancanaria en dos mandatos consecutivos, entre 1995 y 2003. Se afilió al Partido Popular (PP) a principios de 1992, tan solo tres años antes de concurrir por primera vez a unas elecciones como cabeza de lista de la formación conservadora y obtener su primera mayoría absoluta. En 1984 había obtenido una plaza como técnico comercial y economista del Estado y, hasta su irrupción en la primera línea política, había trabajado como asesor del socialista Carlos Solchaga en el Ministerio de Economía o como jefe de gabinete en la Secretaría de Estado de Comercio, también con el Gobierno del PSOE. En los seis años inmediatamente anteriores a su primera incursión política presidió la consignataria Oceanic, un negocio familiar.
En 1999 amplió su mayoría y se convirtió en el líder del PP en las Islas. Tras su paso por la sexta planta del antiguo hotel Metropol, sede de la Alcaldía capitalina, Soria fue escalando en su carrera política (primero como presidente del Cabildo de Gran Canaria y después como vicepresidente del Gobierno de Canarias) hasta llegar al Consejo de Ministros. Ostentó la cartera de Industria, Energía y Turismo desde 2011 hasta abril de 2016, fecha en la que se descubre, a raíz de la investigación periodística sobre los papeles de Panamá, que había sido administrador de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Jersey. Soria se vio forzado a dimitir por lo que su partido tildó de “error de comunicación”.
A pesar de los ocho años transcurridos desde su salida de la primera línea política y de los 21 que han pasado desde que dejó la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, el nombre de José Manuel Soria regresa a la palestra de forma recurrente, bien por sus negocios o bien por las sombras de su gestión que aún pagan los vecinos y vecinas de la ciudad. Este es un recorrido por los episodios más polémicos de aquella etapa.
La Biblioteca Pública del Estado
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria otorgó licencia para construir la Biblioteca Pública del Estado en 1997, en el primer mandato de Soria. El edificio se sitúa en la primera línea del frente marítimo, a escasos metros del céntrico parque de San Telmo, de la estación de guaguas y de la calle de Triana, arteria comercial histórica de la ciudad.
El concejal de Urbanismo era entonces Jorge Rodríguez, otro histórico del PP que años después sería acusado y finalmente absuelto de dos delitos de tráfico de influencias en el llamado caso Grupo Europa, al concluir la Sala del TSJC, presidida por José Ramón Navarro Miranda (nombrado presidente de la Audiencia Nacional mientras se celebraba ese juicio), que había intercedido por la empresa de ese nombre ante ayuntamientos gobernados por su partido, pero que esa presión no había sido determinante para que se le adjudicaran concursos de vivienda pública. Rodríguez es ahora el abogado del exjuez corrupto Salvador Alba en la querella por la que se ha abierto juicio contra Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, para quien el presidiario pide 23 años de cárcel.
La autorización para la construcción de la Biblioteca del Estado fue anulada en 2002 por el TSJC, en una sentencia confirmada por el Supremo y firme desde 2006.
El permiso otorgado por el Ayuntamiento liderado por Soria contravenía el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, que exigía redactar un plan especial. Además, según la sentencia, se vulneró la normativa en relación con las zonas verdes, privando a la ciudad de una superficie de más de 800 metros cuadrados para este fin, y se ubicó el edificio “en un emplazamiento totalmente distinto” al contemplado en el proyecto. La biblioteca en primera línea del frente marítimo relegó y dejó sin vistas a los vecinos del edificio San Telmo. La comunidad de propietarios denunció y ganó.
La ejecución de esa sentencia se ha demorado 18 años. Distintas administraciones intentaron por diversas vías evitar el derribo al que obligaba la sentencia. El Supremo rechazó que se pudiera sustituir la demolición por una indemnización a los vecinos afectados o que se pudiera proteger el edificio a través de la Ley de Patrimonio Histórico.
El caso acabó en el Constitucional, que este año ha avalado la última de las soluciones planteadas, consistente en expropiar, a través de una norma con rango de ley (los Presupuestos Generales del Estado de 2016), los derechos de ejecución de la sentencia firme. Esta decisión obligaba a indemnizar a los propietarios del edificio San Telmo en una cuantía que el TSJC ha cifrado recientemente en 5,34 millones de euros. A pesar de que la licencia ilegal fue concedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el primer mandato de Soria, será el Estado quien asuma el pago de esas cantidades.
El rascacielos Woermann
Desde hace dos décadas, en el perfil de la playa de Las Canteras, emblema de la ciudad, sobresale un edificio de 76 metros de altura, fachada acristalada con un llamativo juego de colores y una torsión en sus plantas superiores. El Woermann se inauguró en 2005 y hoy es uno de los iconos de la capital. Sin embargo, la operación urbanística que lo permitió, pergeñada durante la etapa de Soria como alcalde, también estuvo salpicada de polémica.
En la parcela donde hoy se levanta el rascacielos había hasta 1997 un edificio que fue sede de la empresa consignataria alemana Woermann―Linie Ltda. El inmueble estaba incluido en el catálogo de edificios protegidos por su alto valor histórico y arquitectónico. Desde su llegada al poder en 1995, el alcalde Soria y su concejal de Urbanismo, Jorge Rodríguez, se propusieron tirar la casa Woermann, que se había convertido en refugio para personas sin hogar y estaba deteriorada. Para ello, primero declararon su estado de ruina, facilitando su desprotección, y después ordenaron demolerla de urgencia una noche de marzo de 1997.
Un solar de casi 7.000 metros cuadrados quedaba expedito y ahí surgió el debate de qué hacer en él. Soria era partidario de cambiar el ordenamiento y levantar una torre. Los partidos de la oposición veían un interés especulativo. Incluso en el propio PP había reticencias. Dos de sus concejales se negaron porque consideraban que lo que necesitaba esa parte de la ciudad, el istmo de Guanarteme, era un gran parque, una zona verde.
La operación se pudo ejecutar en el segundo mandato de Soria. Además de ampliar su mayoría absoluta en las elecciones de 1999, el líder popular había eliminado la disidencia interna, dejando fuera de las listas a los concejales discrepantes. Los acontecimientos se precipitaron. Primero se propuso una modificación urbanística que fue aprobada en junio de 2000 por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias. Un año después, en 2001, el Ayuntamiento adjudicó a Ferrovial la construcción del edificio diseñado por los arquitectos Iñaki Ábalos y Juan Herreros con el apoyo de Joaquín Casariego y Elsa Guerra.
Una parte del edificio se destinaría a oficinas y otra, a uso residencial. Como contraprestación por el aprovechamiento urbanístico, el proyecto preveía que en la planta inferior se ubicara una biblioteca para disfrute de los vecinos, ya que en esa zona no había. Esa promesa jamás se cumplió. La torre se erigió, pero nunca albergó una biblioteca.
A partir de la operación del Woermann se sucedieron una serie de permutas de solares en las que estuvieron involucrados, además del ayuntamiento, ya sin Soria (lo sustituyó en la Alcaldía su compañera de partido Josefa Luzardo), la eléctrica Unelco (ahora Endesa) y la empresa pública Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa). El lugar donde debía estar la biblioteca es hoy, previa subasta, sede de esa empresa pública del Gobierno canario. A cambio, el Ayuntamiento recibía un solar en Tafira Alta con el objetivo de recalificarlo (de uso dotacional―educativo a residencial) y permitir la construcción de 26 chalés.
Unelco también se asentó en el Woermann. Como contraprestación, la administración local logró terrenos que tampoco destinó al uso público y deportivo previsto.
La potabilizadora
A la entrada de la ciudad se ubica una instalación que constituye la herencia envenenada más costosa de la etapa de Soria como alcalde. Se trata de la desaladora Las Palmas―Telde, una inversión “fallida” de 70 millones de euros, tal y como la definió en un informe Rafael Bolívar, interventor de Emalsa, la compañía mixta (de gestión público―privada) encargada del ciclo integral del agua en Las Palmas de Gran Canaria.
La planta se adjudicó en 2001, durante el segundo mandato de Soria. Una de las potabilizadoras del complejo de Piedra Santa se había quedado obsoleta y el gobierno municipal pretendía reforzar la producción y lograr agua de alta calidad. Para ello, eligió una desaladora que funcionaba con un sistema de destilación multiefecto (MED), con sucesivas etapas de evaporación y condensación para convertir el agua de mar en agua dulce.
La desaladora fue financiada en su mayoría con fondos europeos, pero de ella nunca se obtuvo una gota de agua para consumo humano. Y es que, pese a las advertencias técnicas previas, se eligió un sistema que, para su puesta en funcionamiento, requería entre cuatro y cinco veces más combustible que las plantas de ósmosis inversa, que purifican el agua eliminando las partículas de suspensión.
Para su implementación, Emalsa puso como condición que se incrementara la tarifa del agua hasta cubrir el coste de producción. En esas condiciones, era inviable su uso. El interventor de Emalsa advirtió en un informe de 2015 de que esa planta de 70 millones de euros se oxidaba desde hacía una década junto al mar. En el mandato 2007―2011, con el socialista Jerónimo Saavedra como alcalde, el Ayuntamiento buscó alternativas para poder poner en marcha la desaladora. Se barajó el uso de renovables para arrancar el mecanismo y abaratar costes, pero esa opción tampoco se pudo materializar.
La sombra de Soria también aparece en el llamado caso Isolux, vinculado con la adjudicación de dos módulos de desalación de agua a la empresa de ese nombre en contra de los informes técnicos. Ese contrato se firmó en septiembre de 2003. La propuesta presentada al concurso por Isolux había sido una de las peor valoradas (la novena) de entre las licitadoras, pero el gobierno entonces liderado por Josefa Luzardo encargó a otro técnico que volviera a baremar. Ese informe situó a Isolux como ganadora del concurso.
Soria se querelló contra el director de Canarias Ahora por decir que, en las postrimerías de su segundo mandato (1999―2003), había dejado enfocado el concurso y había dado instrucciones a su sucesora en el cargo sobre el sentido de la adjudicación. El periodista fue absuelto del delito de injurias y calumnias del que le acusaba el líder del PP en Canarias. Durante el juicio, un testigo, el empresario Rafael González Bravo de Laguna, admitió que había recibido “sugerencias” de Soria para retirar el recurso que había presentado contra esa polémica adjudicación a la empresa Isolux. Una aseveración que, en opinión de la jueza, acreditaba el “interés” del exalcalde por los avatares de ese procedimiento.
Las torres del Canódromo
El itinerario de los escándalos urbanísticos de la era Soria lleva también a la parte alta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En el populoso barrio de Schamann se erigen desde hace años los esqueletos de dos torres de quince plantas, estampa de una de las operaciones más controvertidas de su paso por la Alcaldía. Cuando se ideó el convenio, Schamann era la zona más colmatada de viviendas de Canarias y con menos zonas verdes, según recogía el Plan General de Ordenación vigente. Ello no fue obstáculo para recalificar suelo y convertir un parque en suelo urbanizable. Era el segundo mandato de Soria y el concejal de Urbanismo ya no era Jorge Rodríguez, obligado a dimitir al final del primero por un trato de favor a la empresa de una amiga íntima, sino Juan José Cardona, quien años después sería también alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.
La parcela se conoce como el Canódromo porque en los años 70 del siglo pasado se celebraban en ese parque carreras de galgos. Ocupa más de 20.000 metros cuadrados.
El acuerdo urbanístico se firmó en 2002 con Urbacan, filial de la promotora Inprocansa, que tenía una opción de compra de los terrenos. La permuta obligaba a la empresa a arreglar y repavimentar el abandonado parque, que quedaba en manos municipales. El coste de estos trabajos rondó los 800.000 euros. A cambio, la constructora conseguía suelo urbanizable en la esquina del Canódromo donde se acabarían levantando las torres (confluencia de las calles Obispo Romo y Henry Dunant) y otros dos solares en Almatriche y Las Torres.
Días después de inscribir esas parcelas a su nombre, Urbacan las vendió a Realia y obtuvo una plusvalía de 9 millones de euros. Por el solar de Las Torres percibió 7,5 millones cuando el Ayuntamiento lo había tasado en 3. La esquina del Canódromo, que la administración había valorado en 2,5 millones, se vendió por 7 millones.
El gobierno municipal, ya con Luzardo como alcaldesa, concedió licencia a Realia para la construcción en esa esquina de dos torres de quince plantas, con 120 viviendas, 165 plazas de aparcamiento y 101 cuartos trasteros. Tras la firma de ese Plan Especial del Canódromo, en el año 2003, la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta (Avecalta) emprendió una batalla judicial. Y ganó. En marzo de 2014 el Supremo daba firmeza a la sentencia que anulaba los planes urbanísticos que habían recalificado el suelo y permitido la construcción de las torres (en aquel momento, sólo se había levantado una) pese a que la zona estaba colmatada.
No sería, sin embargo, el final del pleito. Las obras se reanudaron en agosto de 2019. Antes, el Ayuntamiento había aprobado otros dos Planes Generales de Ordenación (2005 y 2012) y había vuelto a dar licencia para la construcción de las torres del Canódromo. En 2022 la justicia dio otra vez la razón a los vecinos y anuló esos permisos porque los nuevos planes habían replicado las irregularidades que llevaron a tumbar el primero.
En caso de que al final las torres no se puedan terminar de construir (la sentencia no es firme), el Ayuntamiento podría enfrentarse a una reclamación millonaria de la empresa. Javier Doreste, concejal de Urbanismo entre 2015 y 2023, llegó a cuantificar en 25 millones de euros la indemnización que tendría que asumir la ciudad por este pleito que deriva de la operación urbanística fraguada por José Manuel Soria y Juan José Cardona. Contra este último se abrió un procedimiento penal que fue archivado.
La Favorita
La ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria conoce como la subida de la Tropical la sinuosa y empinada carretera en la que se ubica la fábrica de la compañía cervecera de ese nombre. En uno de los márgenes de esa vía, unas cuantas curvas y metros por encima, se encuentra la amplia nave de La Favorita, que debe su nombre a los cigarrillos que allí producía en el siglo pasado la empresa del industrial Eufemiano Fuentes. La Favorita es otro de los puntos en el mapa de los escándalos urbanísticos de la era Soria.
La historia se remonta al año 2002, segundo mandato del dirigente popular. El Ayuntamiento compra por doce millones de euros la vieja fábrica de tabacos, que entonces estaba abandonada y tenía problemas de aluminosis, para usarla como almacén municipal. La tabaquera llevaba un tiempo intentando desprenderse de ese edificio. Se lo había ofrecido a la empresa editora del periódico Canarias 7 por unos 5 millones de euros a principios de 2000. Sin embargo, fue un empresario conectado con el PP, Santiago Santana Cazorla, quien se hizo con una opción de compra por 5 millones de euros en 2001. Un año después, vendía la nave por 12. Un negocio de 7 millones.
Soria se ausentó de la comisión de gobierno que autorizó la compra de la nave abandonada. Esa reunión fue presidida por Francisco Hernández Roca, entonces concejal de Hacienda. Un día antes, este edil del PP había regresado a la capital grancanaria tras un viaje relámpago de 24 horas a la ciudad suiza de Zúrich. En esos días, tal y como publicó Canarias Ahora, la empresa Hermanos Santana Cazorla, a través de su filial Iniscan, creó la sociedad Calle Cervantes SA y abrió una cuenta en Suiza que nunca fue investigada.
Canarias Ahora publicó esas informaciones porque disponía del número de cuenta de esa empresa y del extracto Iberia Plus del viaje del concejal. Soria se querelló contra el director de este periódico por unos sueltos en la sección entonces llamada Top Secret que relataban cómo se había producido ‘el pase’ de La Favorita. El líder del PP canario consideraba que se le había atribuido un delito de cohecho en relación con lo descubierto sobre el viaje y la cuenta de Suiza. El caso acabó en la Audiencia Provincial de Las Palmas, que acabó condenando a Carlos Sosa a una multa de 18 meses a razón de 40 euros de cuota diaria y a pagar al entonces presidente del Cabildo una indemnización de 4.000 euros.
El ponente de esa sentencia fue Salvador Alba, que en la actualidad cumple una pena de seis años y medio de cárcel por sus maniobras delictivas para intentar acabar con la carrera política y profesional de Victoria Rosell cuando la magistrada pidió la excedencia para concurrir a las elecciones generales en las listas de Podemos. La jueza, pareja de Carlos Sosa, tuvo como rival en esos comicios a José Manuel Soria, quien meses después presentó una querella contra Rosell utilizando párrafos de un informe reservado de Alba.
Se da la circunstancia de que el abogado que presentó la querella de Soria contra Rosell, finalmente archivada, fue Eligio Hernández, exfiscal general del Estado. Es decir, el mismo letrado que había ejercido la defensa de Carlos Sosa en el caso de La Favorita y que había decidido que en ese juicio no prestara declaración el demandante, el propio Soria, evitando así que pudiera incurrir en contradicciones.
La justicia española nunca investigó los datos que tenía en su poder sobre la coincidencia de la cuenta y el viaje a Suiza. La Fiscalía del país helvético sí se pronunció sobre esas noticias publicadas en Canarias Ahora. “Las informaciones proporcionadas en el periódico digital mencionado (...) me parecen muy detalladas y me parecería muy importante verificar y saber de dónde vienen estas informaciones. En particular, yo no entiendo de dónde obtiene el periódico la información sobre el número de la cuenta y el hecho de que en una determinada fecha tuvieran lugar movimientos si no fue el mismo titular de la cuenta quien comunicó eso, porque esas informaciones están bajo el secreto bancario y solamente están accesibles al titular de la cuenta o a una persona con plenos poderes otorgados por el titular de la cuenta”, expuso.
Tras la compra de la fábrica de La Favorita, y debido a su estado de abandono, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tuvo que gastar unos tres millones de euros para acondicionar la nave, dos de ellos para sustituir los techos de amianto. Desde hace unos años, se utiliza también como albergue de animales.
La bandera
Ya no era alcalde, sino presidente del Cabildo de Gran Canaria, pero en el año 2006 Soria adoptó la extravagante decisión de instalar en la céntrica plaza del Fuero de la capital ―conocida popularmente como la Fuente Luminosa―, a escasos metros de la biblioteca a la que había concedido una licencia ilegal, una enorme bandera de 300 metros cuadrados, a imagen y semejanza de la que ondea en la plaza de Colón de Madrid.
“Hasta los que no la quieren se la van a tener que tragar”, dijo entonces. Sólo la contratación del mástil costó 360.000 euros, a lo que se sumaba un coste de mantenimiento superior a los 47.000 euros anuales. A las pocas semanas de su instalación, la bandera cayó de madrugada sobre la carretera colindante, aunque por la hora en que se produjo no hubo que lamentar daños ni víctimas.
Trece años después, en 2019, el Cabildo de Gran Canaria, entonces con un grupo de gobierno tripartito (Nueva Canarias, PSOE y Unidas Podemos), ordenó desmontar el mástil y trocearlo para venderlo como chatarra por razones de seguridad. Costó 12.000 euros.
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