Alarma en la Sierra de Peñamayor por la aprobación de un nuevo proyecto de investigación minera. ELSALTODIARIO.COM

 ELSALTODIARIO.COM   Ismael Juárez  31 AGO 2024

El proyecto Astur A para la investigación minera amenaza a los concejos de Laviana, Piloña, Nava y Bimenes. El Gobierno autonómico insiste en que la investigación no implica que se vaya a explotar el paisaje, pero los precedentes justifican las protestas.

Panorámica desde Pico La Vara. Foto Guitarra Nalon (CC BY-NC)

Alarma en la Sierra de Peñamayor por la aprobación de un nuevo proyecto de investigación minera

El proyecto Astur A para la investigación minera amenaza a los concejos de Laviana, Piloña, Nava y Bimenes. El Gobierno autonómico insiste en que la investigación no implica que se vaya a explotar el paisaje, pero los precedentes justifican las protestas.

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Los vecinos de cuatro municipios asturianos y los ecologistas acaban de perder la batalla en lo que califican “un nuevo episodio de especulación minera”. El Gobierno de Asturias ha desestimado esta semana el recurso de reposición que la plataforma vecinal Salvemos Peñamayor y la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies habían presentado contra un proyecto de investigación minera que pretende explorar la presencia de cobalto, níquel, cobre, oro y plata en los concejos de Laviana, Piloña, Nava y Bimenes. El gobierno asturiano insiste en que este proyecto, denominado “Astur A”, tiene “como objetivo exclusivo la investigación” y argumenta que “la concesión de un permiso de estas características no implica necesariamente la apertura de una explotación”.

Fructuoso Pontigo, voz histórica del ecologismo asturiano, señala que hay cierta “trampa” en esta afirmación ya que “el derecho a investigar, a explorar, concede un beneficio. Es decir, si tú acreditas que hay recursos en una determinada zona y que es viable su explotación, es muy difícil que luego puedan negarte el derecho a dicha explotación.”

Un informe realizado por Ecologistas en Acción en 2019 señalaba que una compañía minera puede demandar a un gobierno si se retira el permiso para uno de sus proyectos y que la herramienta que las empresas utilizan para ello es el tribunal de arbitraje internacional establecido por el Tratado de la Carta de la Energía y su mecanismo de arbitraje entre inversores y Estados, que prevé que las comunidades autónomas otorguen indemnizaciones por daños a los inversores cuando un proyecto se detiene debido a la oposición social o a otros motivos. Si bien la UE se ha retirado recientemente del Tratado de la Carta de Energía, salida que se hará efectiva por parte de España el 17 de abril de 2025, dicho tratado tiene una cláusula por la que sus disposiciones se seguirán aplicando durante 20 años a los países que opten por retirarse.

Lo llamativo del caso, “aunque no es tan llamativo porque está ocurriendo en todas partes”, según Pontigo, es que el derecho a investigar se lo han concedido a la empresa Asturmet Recursos S.L, “una empresa unipersonal, con un capital social de 3.000 euros, que a su vez es filial de la británica Technology Minerals PLC. Ninguna de las dos se dedica a la explotación minera, sino a la exploración. “Es decir”, insiste este experto, “aquí hay toda una cadena de especulación. Ellos ahora no tienen permiso de extracción, sino de investigación, pero como he dicho, al investigar, luego no les van a poder quitar el derecho de explotación. Y este tipo de empresas lo que hacen luego es vender ese derecho a otras empresas que sí explotan o incluso a otras empresas intermediarias que trafican con este derecho”. Añade que “aquí en Asturias la mayoría de los proyectos se hacen así, se traspasan de unas empresas a otras.”

El informe de 2019 ya alertaba de que la abstracción financiera de la minería permite a compañías como Asturmet Recursos SL, empresas que no tienen capacidad para la explotación, utilizar los recursos minerales como forma de especular de forma legal.

En suelo asturiano “solo hay dos empresas que están funcionando y que tienen capacidad de explotación, además de estar llevando proyectos de investigación. Una es Orovalle, que, en realidad, es una filial de la empresa canadiense Orvana; y Minersa”, que tiene su sede en Euskadi, pero cuyo principal accionista es la compañía luxemburguesa Lombard International Assurance S.A., controlada a su vez por la estadounidense Blackstone. El resto de proyectos en suelo asturiano, “y suman más de cuarenta”, señala Pontigo, son proyectos de investigación que se llevan a cabo por medio de empresas intermediarias.

Desde la plataforma Salvemos Peñamayor lamentan que “si llegara a haber una explotación en el futuro, nosotros no sabemos a día de hoy qué empresa la llevaría a cabo porque dependería de quién compra esos derechos de explotación.” En este sentido, se muestran muy críticos con las reciente declaraciones de la Consejera de Transición Energética en las que se refirió al proyecto “Astur A” como “investigación científica”, “cuando eso no tiene ningún sentido porque lo que se está investigando son materias primas minerales de carácter estratégico, declaradas así por la Unión Europea. Todos sabemos que este proyecto de investigación se hace para ver si pueden abrir una explotación minera rentable. Y lo están haciendo sin contar con los vecinos”.

Efectos nocivos de la investigación minera

“Cuando hablas de una mina, la gente piensa en las minas de antes, en las de carbón”, razona Fructuoso Pontigo, “pero este tipo de materias primas que están buscando son distintas porque hay otro tipo de materiales asociados a este tipo de extracciones. Esto lo podemos ver en las minas de oro que los romanos explotaron en Salave. Después de dos mil años la zona sigue contaminada porque los materiales que pretenden extraer están en proporciones de gramo por tonelada, con lo cual hay que triturar todo ese material, hay que tratarlo con productos como el arsénico, el cianuro o el ácido sulfúrico”.  Además, “el carbón se trabaja a grandes profundidades, pero no es el caso de estos materiales que se extraen mucho más cerca de la superficie”.

Los vecinos y los ecologistas aseguran que estas explotaciones van a tener un efecto notable en el paisaje y pérdidas de agua en lugares eminentemente ganaderos, y donde también se está tratando de potenciar un turismo rural asociado al senderismo y al deporte, “pero donde quieren poner a circular camiones que sacarán materiales de una planta de clasificación de materiales y residuos”.

El proyecto “Astur A” no es el único. Hay otros proyectos de investigación en ciernes en diversos municipios asturianos: “Astur B”, “Astur C” y “Astur D”. Los vecinos todavía manejan la posibilidad de poder parar todos estos intentos de exploración “mediante recursos que ya se han puesto y se seguirán poniendo”.

Desde la plataforma “Salvemos Peñamayor” tienen claro que no quieren que se lleve a cabo ningún proyecto de investigación “porque eso abre la puerta a la explotación minera, dentro de un marco especulativo, y porque además el propio proyecto de investigación tiene sus riesgos.” Por eso creen que “si el Gobierno del Principado de Asturias o el Estado quieren conocer a nivel geológico los terrenos, que es algo comprensible, deberían ser las administraciones las que a través de universidades y empresas contratadas lo llevaran a cabo, no a través de empresas intermediarias que especulan con los derechos de explotación y las venden luego al mejor postor.”

Los vecinos no sabían nada del proyecto

Vecinos y ecologistas aseguran que se enteraron de este proyecto en junio pasado, “aunque se había presentado en 2021”. Desde “Salvemos Peñamayor” explican que “el gobierno asturiano lo había publicado en el BOPA (Boletín Oficial del Principado de Asturias) y los ayuntamientos, supuestamente, tan solo pusieron una nota del asunto en el tablón de corcho de cada ayuntamiento, pero nadie se había enterado de nada hasta este año. Ni los vecinos, ni las empresas que pueden verse afectadas por este proyecto de investigación.”

El gobierno asturiano se defiende argumentando que los procedimientos para informar sobre la concesión de este derecho a investigar y explorar materias primas ha sido respetado, según obliga la ley vigente, y que en su momento nadie presentó alegaciones. “Puede que respetaran la ley, pero claramente la ley es insuficiente porque las miles de personas que vivimos en estos cuatro municipios no nos habíamos enterado. En cuanto lo supimos en junio, hicimos una asamblea a la que asistieron cientos de personas, se formó una movilización vecinal, nació una plataforma y a continuación pusimos una serie de recursos a marchas forzadas.” Es por esto que desde la plataforma creen que desde el Principado de Asturias y desde los ayuntamientos “deberían reflexionar un poco sobre lo que significa 'información pública'. No se pueden escudar en que han cumplido el trámite cuando la verdad objetiva es que al final nadie se había enterado”.

Lo cierto es que la ley española prevé una participación meramente reactiva. Como ha denunciado Ecologistas en Acción en su informe de 2019, en España “la administración se limita a publicar los anuncios en el boletín oficial pertinente y, en algunas ocasiones, a poner a disposición del público la documentación correspondiente. Esto además requiere a menudo la insistencia por parte de los ciudadanos”. El citado informe subraya que las organizaciones medioambientales y la ciudadanía se enfrentan continuamente a grandes dificultades para acceder a la información medioambiental en poder de las diversas autoridades mineras. Esto a menudo conduce a una violación de las obligaciones internacionales en términos de participación ciudadana y derechos de acceso a la información medioambiental sobre proyectos mineros.” Desde el ecologismo se insiste, además, que debe considerarse el derecho de las comunidades locales a decir no a la minería, ya que afecta a sus modos de vida, y todo ello debe estar basado en la participación ciudadana y en el consentimiento libre, previo e informado adecuada y efectivamente.

Especulación minera en España

El pasado marzo, el Consejo de la UE aprobó un Reglamento de Materias Primas Fundamentales. Con él se busca garantizar para el espacio comunitario el suministro de estas materias primas para la transición ecológica y otro tipo de industrias estratégicas. La UE necesita reducir su dependencia de China, pero la realidad es que las empresas extractivas con sede en la Europa comunitaria son una minoría y no se dispone de un fondo específico para financiar la extracción por lo que se está apostando por destinar el dinero para la exploración, algo que acaban haciendo pequeñas empresas y que, según Ecologistas en Acción, acaba promoviendo “prácticas mineras altamente especulativas, no sostenibles y poco responsables.”

El norte de Europa y la Península Ibérica son algunos de los espacios europeos donde hay mayores yacimientos de las llamadas Materias Primas Fundamentales y es en estos lugares donde en los últimos años se han incrementado la solicitudes de licencias para nuevos proyectos mineros. Tal  y como se ha señalado anteriormente en El Salto, el 95% de la licencias mineras de minerales metálicos utilizados en tecnología y digitalización se sitúan en cinco comunidades: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura. Por ese orden. Y los minerales que abarcan estas licencias son: aluminio, cobalto, cobre, grafito, estaño, litio, manganeso, níquel, oro, plata, tierras raras, uranio, vanadio y wolframio.

España se encuentra, de esta forma, en el centro de un contexto económico y geopolítico que está llevando a que, según denuncian desde Ecologistas en Acción, las comunidades autónomas estén realizando licitaciones públicas masivas de derechos mineros caducados “de modo que vastas áreas de terreno, muchas dentro de la Red Natura 2000, se ponen a disposición de las compañías mineras.”

Los ecologistas lo tienen claro: el interés de grandes corporaciones y de los inversores en economía responde a un afán especulativo alentado por la transición energética y digital. La estrategia de la UE de promover la minería en toda Europa está haciendo crecer, según ellos, la especulación, empujada en el caso español, por una ley de minas aún vigente que fue redactada durante el franquismo. Un diagnóstico general que se puede manifestar en casos locales como el de Laviana, Piloña, Nava y Bimenes. O como resume Fructuoso Pontigo: “Al final estamos hablando de especuladores que están saliendo al abrigo de muchos proyectos de este tipo que se están poniendo en marcha y que la Comisión Europea llama proyectos mineros de interés general”.

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OTRA COSA:  CTXT. Teoría del árbol, de Ricardo Aguilera