Nuria Alabao 15/10/2024
La manifestación de Madrid enfrenta al movimiento de vivienda con los partidos progresistas
Pancarta en la manifestación por el derecho a la vivienda el 13 de octubre en Madrid. / Asamblea de Vivienda de Villalba
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El pasado fin de semana una gran protesta por la vivienda tomó las calles de Madrid. En El País, un medio con buenas relaciones con el PSOE, se decía que el Gobierno teme que cuaje en un nuevo 15M, algo altamente improbable. Las condiciones no son las mismas, pero además la sociedad se ha derechizado. Hoy, más que culpabilizar a los de arriba como base de un nosotros movilizado, se empieza a señalar a migrantes y okupas. Y si parar desahucios fue una de las estrategias en las que se manifestó la potencia política de esos años, ahora es una actividad altamente criminalizada. La cuestión de la vivienda es la que levantó movimientos como la PAH, que llegó a tener tanta legitimidad que permitió generar liderazgos como el de Ada Colau y otros, que después acabarían en gobiernos locales o estatales. Pero si la promesa era que se podrían solucionar problemas como el del acceso a la vivienda, la realidad ha terminado siendo otra.
Todos esos nuevos partidos apoyaron la convocatoria de manifestación en Madrid. Algunos hasta aportaron un cortejo propio, como Podemos, que fue abucheado en algunos momentos: “¡Vergüenza! ¡vergüenza!”, les gritaban. Por otra parte, es probable que por primera vez en la historia del país, partidos que forman parte del Gobierno –Sumar, Más País, Izquierda Unida– se manifiesten contra su propia acción –o inacción– gubernamental. ¿Tenían, por tanto, todos estos partidos los mismos objetivos que el movimiento de vivienda al convocar la manifestación?
Es evidente que no. Por una parte, estas formaciones están atravesando una crisis real: mucha gente ya los ve como parte del problema y no como la solución, y por eso se muestran extremadamente necesitados de un subidón de legitimidad. El Parlamento es un mercado donde el capital político es intercambiado por sillones, pero los sillones empiezan a escasear en los partidos que rebuscan en las cuestiones que movilizan. Por otro lado, han intentado enmarcar el problema de la vivienda como parte de la batalla entre izquierdas y derechas. De esta manera, la responsabilidad de las dificultades de acceso a la vivienda recaería fundamentalmente en Ayuso, en el PP, o en Junts, que ha provocado la caída de una norma que quería regular el alquiler de temporada o por habitación. Estas formaciones también han intentado enmarcar el asunto como un conflicto con las comunidades y municipios gobernados por el PP, que se han negado a declarar sus ciudades como zonas tensionadas, un requisito de la aplicación de la ley de vivienda. Pero este intento de encasillar este problema como uno más del juego parlamentario ha fracasado: la vivienda se ha convertido en un valor financiero fundamental para sostener el capitalismo español y ningún partido se atreve a tocarlo.
“Si votas a la izquierda lo arreglaremos”, dicen, pero hace algo menos de un año todos esos partidos de izquierdas que integraban el primer Gobierno de coalición se dedicaban a ensalzar la ley de vivienda con palabras grandilocuentes. Parecía que se había conquistado la Constantinopla del derecho a la vivienda. Sin embargo, como había advertido el movimiento de vivienda, esta ley iba a servir para poco. Y así ha sido. La ley deja fuera a la mayoría de inquilinos, abandona los miles de hogares hipotecados y no incluye la obligatoriedad del alquiler social ni la recuperación de vivienda vacía, según el comunicado de PAH Vallecas. “Partidos progresistas, cómplices de los rentistas”, se coreaba también en la manifestación.
Por su parte, otra de las formaciones convocantes, Más Madrid, aprobó algunos de los grandes pelotazos urbanísticos, como la Operación Chamartín, cuando integraba el gobierno de Carmena. A pesar de que en todo el país hay unos 3,8 millones de viviendas vacías, una de las soluciones que proponen los partidos progresistas es apostar por la vivienda para alquiler “asequible” mediante una colaboración público-privada. Curiosamente, en esta medida coinciden tanto con la derecha como con el propio sector de la construcción, que ha encontrado una manera de edificar con créditos preferentes o avalados por el Estado y asegurar el pago de los inquilinos –que también está garantizado por las instituciones–, para, en unos años, recuperar las viviendas para el mercado libre. En los negocios se conoce a eso como hacer un win-win.
“Los gobiernos de derechas e izquierdas no quieren acabar con el negocio inmobiliario, sino defender los intereses de los rentistas: sostienen los precios con ayudas al alquiler y la hipoteca, subvencionan a los propietarios con exenciones fiscales y a las constructoras con acuerdos de construcción de vivienda ‘protegida’. La ley de vivienda no nos sirve para bajar los precios”, decía el manifiesto del bloque crítico de la manifestación firmado por buena parte del movimiento de vivienda –no el oficial, que llevaba la rúbrica de los partidos y los sindicatos mayoritarios–.
Quiénes son los rentistas
Si bien las soluciones al problema de la vivienda son complejas, las propuestas de Sumar y Podemos de estos días se basan casi únicamente en prohibir a los fondos de inversión la compra de inmuebles en zonas tensionadas. “Las casas son para vivir, no para especular”, dice Podemos, ¿pero quién especula? Parece que para estos partidos es más fácil señalar a un malo reconocible al que se pueden oponer sin consecuencias –los fondos buitre– que asumir la realidad del mercado de alquiler en España, que, como explica Pablo Carmona, sigue siendo un país de propietarios. El 92% de las viviendas en alquiler pertenecen a pequeños propietarios y a particulares, mientras que solo un 8% se encuentra en manos de grandes tenedores, como fondos de inversión y otras personas jurídicas, según datos del Banco de España. Pese al crecimiento del poder de estos fondos a la hora de modelar precios, son estas clases medias propietarias “las que hacen que sea tan difícil mover los intereses legislativos y políticos hacia otras posiciones que no sean la defensa de estas mayorías” y lo que dificulta las políticas públicas contra la especulación, señala Carmona. Los propios señores diputados nos sirven aquí de ejemplo: si se examinan sus declaraciones de bienes, el 20% de ellos dice obtener ingresos por alquileres, en su gran mayoría de viviendas –cifra similar al porcentaje de ciudadanos en España que reciben rentas por el mismo motivo–. Los rentistas somos la clase media, que sabemos –o creemos– que invertir en vivienda es un refugio seguro de alta rentabilidad.
Por tanto, ponerle el cascabel al gato implica atacar esta realidad, que a menudo se esquiva porque resulta altamente incómoda. Por ejemplo, en la ley de vivienda, que ni siquiera se está aplicando en la mayoría de comunidades, las limitaciones mayores se imponen a los “grandes propietarios” –más de diez viviendas o cinco en zona tensionada–. Por su parte, Pablo Iglesias defendió en su día que las medidas especiales promulgadas durante la pandemia, para proteger a los inquilinos en situación de impago, no afectasen a los que pagaban sus rentas a pequeños propietarios.
Lo cierto es que serían necesarias otras medidas más “osadas” que, por ejemplo, aumenten impuestos sobre las rentas obtenidas mediante el arriendo –que actualmente tributan menos que el trabajo–. Medidas que, sin duda, quitan votos también a los partidos de izquierdas. El pueblo propietario no es necesariamente de derechas.
Por su parte, la lectura generacional que se está haciendo estos días –el acceso a la vivienda es un problema de los jóvenes– sirve para ocultar a otros segmentos sociales a los que afecta especialmente: a los migrantes, personas con trabajos precarios o perceptores de rentas mínimas. Esos que están en boca de los partidos progresistas a la hora de pedir el voto, pero cuyos intereses se ven escasamente reflejados en las medidas que propone la izquierda. Entre rentistas de clase media –que votan casi siempre– o inquilinos empobrecidos y precarios –poco motivados para participar en elecciones–, los partidos han elegido el primer bando.
La captura parcial de los movimientos por parte de los nuevos partidos –llenos de compañeros que venían de militar de esos mismos espacios– y la identificación con el Gobierno de estos últimos años –la tendencia a no criticar o a fiar buena parte de la acción política a hacer incidencia en las instituciones– puede estar llegando a su fin. Algunas convocatorias para parar desahucios tienen las caras del presidente, la vicepresidenta Díaz y la ministra de Vivienda. El Sindicato de Inquilinas dice que “se acabó el tiempo de los políticos” y tampoco distingue entre “rentistas buenos y malos”, sino que propone una huelga de alquileres capaz de forzar una bajada del 50% en los alquileres –algo parecido están haciendo ya cuando organizan impagos de inquilinos de bloques que pertenecen a fondos–. Otros colectivos por la vivienda dicen que “sin medidas radicales, la vivienda no dejará de ser un negocio”. Piden el repudio social de los alquileres como inversión; reducir los precios de venta y limitar los intereses hipotecarios; un aumento del parque de vivienda 100% pública –que incluya las viviendas de la SAREB y los bancos rescatados–; la prohibición del alquiler turístico y la desjudicialización de los conflictos relacionados con la ocupación de viviendas vacías, entre otras medidas.
Al día siguiente de la movilización que aunó al movimiento de vivienda y a los partidos –y todas sus contradicciones–, las fuerzas progresistas ocupaban todos los medios posibles. El presidente Sánchez anunciaba dos medidas que apenas pasan del gesto: la renovación del bono de 200 euros para ayudar al alquiler a jóvenes y un reglamento para perseguir el fraude en los alquileres de temporada. En el lado opuesto, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel paraba otro desahucio –sin el concurso de ningún político progresista–. “La verdadera tarea política pasa por construir el enfrentamiento entre desposeídos y propietarios, hacerse cargo de que la ocupación es la única salida viable para una parte de la población y que nuestra labor pasa por organizar políticamente el impago que se produce y se producirá en esta o futuras crisis en alquileres e hipotecas”, señalaba Pablo Carmona en otro artículo.
Estos dos proyectos son los que había dentro de la manifestación del 13 de octubre, y son incompatibles.
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