domingo, 9 de marzo de 2025

CTXT. Israel: de la política de guetos a la solución final. Por José Antonio Martín Pallín


José Antonio Martín Pallín 29/01/2025

 Estamos viviendo una tregua, no un alto el fuego y el desenlace se aproxima. Pasa por expulsar a la totalidad de los habitantes de Gaza hacia Jordania y Egipto, que rechazan la propuesta

Destrucción causada por los bombardeos israelíes sobre Gaza a principios de 2023. / Mohammed Hajjar



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Adolf Hitler llegó al poder aupado por su fobia antijudía y por su teoría sobre la superioridad de la raza aria, tesis demenciales que desarrolló en su obra emblemática: Mein Kampf  (Mi lucha). Supo, sobre todo, recoger y potenciar el malestar de la sociedad alemana, que se consideraba agraviada por los castigos impuestos en el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Según sus cláusulas, Alemania debía aceptar toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra, y quedaba obligada a desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los Estados victoriosos. Una vez que Hitler obtuvo la mayoría de los votos (33%), fundó el Tercer Reich, que como ya anunciaba en su libro, tenía que ser una dictadura. 

Obsesionado por la necesidad de perseguir y eliminar a los judíos, comenzó por implementar una política segregacionista que consistía en recluir a todas las personas perteneciente a esta etnia en guetos. Esta medida tuvo su origen en el siglo XVI en la ciudad de Venecia, donde los judíos eran forzados a vivir apartados del resto de los venecianos. Se elegía un área de la ciudad para recluirles en condiciones de marginación y sometidos a severas medidas de control y aislamiento. Según los historiadores, el número de guetos en Alemania y sus zonas de influencia llegó a alcanzar la cifra de mil. 

La política de guetos, aislados por muros y barreras, no surtió los efectos que Hitler esperaba, ya que las poblaciones oprimidas se revelaban y creaban continuos enfrentamientos con las fuerzas alemanas que culminaron con la revuelta del gueto de Varsovia. Fue implantado en el centro de la capital polaca en diciembre de 1940, hasta su destrucción total en mayo de 1943, un mes después de iniciado el levantamiento armado judío en contra de la ocupación alemana.

Enfurecido por el fracaso, Hitler ordenó a Hermann Goering que convocase una reunión de líderes nazis para preparar y ejecutar “una solución completa del problema judío”, también conocida como “solución final”. Según los documentos encontrados por los historiadores, hubo varias reuniones en una zona cercana a Berlín conocida como la  Wannsee. En una celebrada el 31 de julio de 1941, Hermann Goering autorizó a Reinhard Heydrich a preparar y ejecutar un plan que acabase con los problemas que se estaban viviendo. En este encuentro estuvo presente Heinrich Himmler, que había visitado España en 1940. Al finalizar la Guerra Civil, el régimen fascista había creado unos cien campos de concentración por todo el territorio nacional. Es muy posible que Himmler comentase esta iniciativa y la ofreciese a los convocados como alternativa. No tengo datos, pero me someto a las rectificaciones de los historiadores. Inicialmente se crearon cinco centros de exterminio, entre ellos el de Auschwitz-Birkenau, de cuya liberación por el ejército ruso se cumplen ahora ochenta años. Tiempo después, en el juicio al oficial de las SS Adolf Eichmann, que participó en las reuniones, salieron a la luz detalles nuevos. Eichmann aclaró que la expresión “tratamiento apropiado” para los judíos que se recogían en las actas significaba su exterminio. 

Paradójicamente, el Estado de Israel ha seguido los métodos utilizados por los que consumaron el Holocausto. Su política se basa en los textos bíblicos. Yahvé proclamó que los territorios de Judea y Samaria, en los que se encuentran Cisjordania y la Franja de Gaza, eran la tierra prometida exclusivamente para los judíos. Con esta protección divina han actuado desde su creación hasta el momento presente. Si uno repasa los mapas israelíes, podrá comprobar que estas denominaciones no existen, todo es el West Bank, es decir, el lado oeste del río Jordán. Admitieron, como toda concesión, una línea de separación de los dos Estados (Green Line).

La convivencia nunca fue pacífica. Ante los abusos violentos del expansionismo sionista ocupando por la fuerza territorios de Cisjordania y la provocación de la Explanada de las Mezquitas, una parte de la población palestina reaccionó con las Intifadas y los atentados suicidas. La inmediata reacción del Gobierno de Israel no pudo ser más acorde con las máximas bíblicas. Las viviendas de los familiares de las personas que habían cometido los atentados fueron demolidas y sus habitantes tuvieron, además, que pagar los gastos del derribo. 

Con el pretexto de defenderse contra el terrorismo, el Gabinete israelí, en una reunión del 14 de abril de 2002, acordó la construcción de un muro siguiendo el trazado de la línea verde.  No dudaron en cortar poblaciones, obligando a sus habitantes a realizar desplazamientos larguísimos para acceder a las tierras de cultivo, escuelas o servicios sanitarios. En la ciudad de Jerusalén, cerca del Huerto de los Olivos, la altura alcanza los ocho metros. En diciembre de 2003, la mayoría de los Estados miembro de la Asamblea General Naciones Unidas recabaron la opinión consultiva de la Corte Internacional de La Haya sobre la legalidad del muro a la luz del derecho internacional humanitario. Sobre el terreno se puede comprobar hoy que su verdadero designio es el de asfixiar cualquier posibilidad de desarrollo del pueblo palestino. Como dicen: “El muro no nos quita la vida, nos quita la posibilidad de vivir”.

En síntesis, la Corte Internacional de Justicia ha declarado que “la construcción del muro en el territorio palestino ocupado ha entrañado, entre otras cosas, la requisa y la destrucción de hogares empresas y establecimientos agrícolas”. Añade que la construcción, dentro de los territorios ocupados y su régimen asociado, son contrarios al derecho internacional.  Jean Ziegler, vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, califica la muralla como un verdadero apartheid y considera que se trata de un procedimiento de facto de anexión de territorios por parte de Israel. En definitiva, reproduce la política de guetos. Al franquear el muro que da acceso a la ciudad de Belén se puede ver una pintada impresa que dice: “Entra usted en un gueto construido por los que murieron en el gueto de Varsovia”.

Las bases para llegar a la solución final las pone una sentencia del Tribunal Supremo de Israel que legitima los asesinatos selectivos de presuntos terroristas, aunque con ello se acabe con la vida de las personas que están cerca ocasionalmente. Como se dice en su texto, el terrorista se presenta como una hidra de dos cabezas, por lo que el ejército puede disparar o bombardear sin tener en cuenta los daños colaterales. Es justo reconocer que la demanda contra los asesinatos indiscriminados la había interpuesto una organización de derechos humanos israelí.

El salvaje atentado de Hamás en octubre de 2023 ha sido el pretexto esperado para poner en marcha, definitivamente, la solución final. Desde hace muchos años, la política expansionista de los asentamientos tiene como objetivo expulsar a los habitantes palestinos y reducir su espacio vital. Actúan como los colonos americanos con los territorios que pertenecían a los indios aborígenes. Ahora cuentan además con el Séptimo de Caballería encabezado por el general Donald Trump. No dispongo de los datos, pero seguramente serán impactantes, si se conoce el número de kilómetros cuadrados que se han ocupado.

Para culminar los últimos objetivos de la solución final, Israel, de la mano de su padre protector, los Estados Unidos de Norteamérica, ha emprendido una ofensiva sangrienta, sin precedentes en la historia reciente de nuestra civilización. En el mundo del derecho internacional nadie puede poner en duda que estamos contemplando la consumación alevosa de verdaderos crímenes de guerra y lesa humanidad, definidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

El terrorista ya no es una hidra con dos cabezas sino con miles de ramificaciones que pueden ser exterminadas sin miramientos. Las cifras de asesinados son pavorosas. Se elimina a los periodistas que pueden dar testimonio de la masacre. La destrucción se extiende a todas las infraestructuras necesarias para vivir (escuelas, hospitales, viviendas, campos de refugiados, sedes de organizaciones humanitarias) provocando secuelas que aumentarán inevitablemente el número de víctimas.     

Lo que estamos viviendo en estos momentos es una tregua y no un alto el fuego. Los bombardeos y los asesinatos del ejercito continuarán. La solución final se aproxima. Así lo ha anunciado el presidente Donald Trump. Pasa por expulsar a la totalidad de los habitantes de Gaza hacia Jordania y Egipto que, como era de prever, rechazan la propuesta. Gaza tiene una larga franja de playas a orillas del Mediterráneo y disfruta de un clima benigno. Trump, que amasó su fortuna con el negocio de la construcción, no va a renunciar a un negocio muy rentable. Levantar, a coste cero, un centro turístico que necesitará el retorno de algunos habitantes como mano de obra barata.

La Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad tienen la obligación de requerir urgentemente al Estado de Israel que aclare cuál es su posición futura sobre la Franja. Retirarse, dejando a sus habitantes en una situación de penuria y hambre insostenible, o anexionarla como un asentamiento más. Si la comunidad internacional permite esta última opción, el próximo objetivo será Cisjordania y gran parte del Líbano. El difícil equilibrio en el que se mantiene el orden jurídico internacional saltará por los aires. El porvenir, como decía uno de los textos de historia de mi infancia, se presenta oscuro e incierto. 

La plataforma de profesores alza la voz contra los desahucios con menores: “Las familias no deben tener vergüenza, sino aquellos que expulsan a un niño de su casa”

SERGI LLANAS   Barcelona - 29 ENE 2025

‘Docents080′ denuncian que la crisis de vivienda impide el correcto proceso de aprendizaje de los alumnos vulnerables


Desahucio de una familia con menores el invierno pasado en el barrio de Ciutat Meridiana de Barcelona.CRISTÓBAL CASTRO

La plataforma Docents 080 es ya una realidad en Barcelona después de que maestros de otros rincones de Cataluña se hayan organizado las últimas semanas para denunciar los desahucios que afectan a menores y a sus familias. La entidad ha hecho oficial su constitución este martes con la lectura de su manifiesto, en el que han alertado de que la crisis de la vivienda dificulta el proceso de aprendizaje de los alumnos. Los profesores alertan de que se trata de un problema estructural y que limita gravemente el desempeño de la docencia. “No podemos seguir trabajando si nuestros alumnos no tienen las mínimas garantías, como es una vivienda digna o una buena salud mental”, ha subrayado Joan Artigal, ex director y ahora maestro del Instituto Escuela Trinitat Nova de Nou Barris.

“Para tener igualdad de oportunidades en las aulas, nuestros alumnos deben partir desde el mismo punto en materia de vivienda”, ha situado Artigal. La plataforma ha enfatizado que la mayoría de familias desahuciadas son alojadas temporalmente en hoteles, albergues o pensiones lejos de las escuelas. En ocasiones, hasta en otro municipio, lo que, según Artigal, compromete el derecho a la educación de los menores. “En una habitación que no reúne las condiciones básicas, ¿dónde hacen los deberes? ¿en la cama?”, ha cuestionado.

El profesor de matemáticas del instituto de alta complejidad Consell de Cent del Poble Sec, Nahuel Quimasó, se ha adherido a la plataforma porque cree indispensable trabajar en dos direcciones: la elaboración de un protocolo de detección de menores en situación de vulnerabilidad y la activación de una campaña de visualización de toda la comunidad educativa. En la misma línea, Ana Pérez, miembro del equipo directivo del instituto Jacint Verdaguer, también en el Poble Sec, ve necesario un mapeo o registro de los menores en riesgo de ser desahuciados. “Nos estamos planteando llegar al Síndic de Greuges para ver si así las administraciones toman cartas en el asunto. Es una tarea que le corresponde a la Generalitat”, ha apostillado.

Los objetivos de Docents 080 se corresponden con las exigencias de la multitudinaria manifestación del pasado noviembre por la vivienda en Barcelona. “Es necesario que el alumnado y las familias vivan los centros educativos como espacios seguros y de confianza”, ha reclamado Pérez. Otra línea de actuación es la modificación legislativa cuando se producen desahucios con menores. “Es intolerable que la policía mande agentes antidisturbios. Hay que regular el precio de los alquileres, acabar con la infravivienda y aumentar el parque de vivienda pública”, ha defendido. Artigal ha lamentado que un alumno de cinco años del Instituto Escuela de Trinitat Nova fue desahuciado dos veces en el castigado barrio de Ciutat Meridiana. En uno de esos lanzamientos, dice, la madre no estaba en casa. Fue entonces cuando los Mossos d’Esquadra entraron en el piso y lo sacaron cuando estaba descalzo. Ahora, según cuenta Artigal, duerme siempre con zapatos.

El manifiesto de la plataforma contiene datos como que Barcelona es la provincia donde se produjeron más desahucios en 2023, según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De los 5.302 desahucios ejecutados en Cataluña ese año, 1.255 fueron en esta provincia. O que en la Mesa de emergencias del Consorcio de Vivienda de Barcelona del mes de abril de 2024 se valoraron 739 casos de pérdida de vivienda. Solo se adjudicó vivienda en 54 de ellos. Otro problema que preocupa a los maestros es el perfil de los desahuciados. En 2023, más de 39.000 personas formalizaron la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial en la capital catalana. Según la entidad, muchas de las familias de las escuelas no pueden hacer la solicitud porque están en situación administrativa irregular.

La saturación de los docentes se ha palpado en la asamblea posterior a la lectura del manifiesto, en la que han definido las principales líneas de actuación. Adrián, profesor de secundaria en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y militante del Sindicat d’Habitatge de Badalona, ha remarcado que la formación del profesorado no es suficiente. “Debemos huir de la visión asistencialista y promover que los sindicatos entren en las escuelas para visibilizar esta realidad”, ha subrayado. Actualmente, en Barcelona hay 37.831 alumnos en situación de vulnerabilidad, según los datos de 2024 del Consorci d’Educació de Barcelona y del Ayuntamiento. En Cataluña son ya 436.400 niños y niñas en riesgo de pobreza, como señala el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat.

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OTRA COSA:  La pastora que mantiene sola un rebaño de 500 ovejas en Maceda: «Non quero renderme»


sábado, 8 de marzo de 2025

Más de 2.000 personas toman las calles para pedir la absolución de 'Las seis de La Suiza'

 8 feb 2025   Público

Más de 2.000 personas toman las calles para pedir la absolución de 'Las seis de La Suiza' La CNT ha convocado una marcha este sábado en Madrid contra "la criminalización del sindicalismo y de quienes luchan por un trabajo digno". El sindicalismo tampoco está exento del acoso judicial.

Imagen de archivo de una marcha del sindicalismo de clase asturiano para pedir la libertad de las sindicalistas condenadas.David Aguilar Sánchez / Cedida



Sarah Blaffer Hrdy, antropóloga: “Hemos tenido que llegar al siglo XXI para que los hombres convivieran de cerca con los bebés y se viera su potencial”


CTXT. La maraña venenosa en torno el fiscal general, de Jesús López-Medel

 Jesús López-Medel 29/01/2025

En el empeño de derribar al presidente del Gobierno, los actuantes –jueces y medios–, impulsados por el llamamiento de Aznar, carecen de límites éticos y jurídicos

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la toma de posesión del nuevo Fiscal de Sala Jefe de la sección Penal del TS, el pasado 28 de octubre. / Cuenta de Twitter de la Fiscalía General

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El llamamiento de incitación del expresidente Aznar a estamentos profesionales o institucionales para derribar a los gobernantes legítimos –“El que pueda hacer, que haga”– y la expresa validación por el actual líder del PP, Núñez Feijóo, de la vía judicial para llevar a cabo esa tarea es una realidad evidente.

En ese empeño, los actuantes carecen de límites éticos y jurídicos y cuentan para su máxima efectividad tanto con organizaciones sin escrúpulos, que son metralletas de interponer querellas sin fundamento, como con jueces muy concretos que impulsan ellos mismos vulneraciones gravísimas a las leyes y al sentido común.

A nivel judicial tienen, básicamente, tres líneas de actuación para cumplir su objetivo de atacar al Gobierno. Dos son directas contra familiares del presidente por asuntos cuyo sentido penal solo existe en la mente perturbada de quienes carecen de moral y buscan un fin obsceno. Son dos casos –el de su esposa y el de su hermano– que no tienen carácter penal, pero que con unos jueces, como Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma, cuya instrucción es surrealista, van cocinándose a fuego lento, disparate a disparate. Los alargarán hasta que caiga este Gobierno. Únicamente generan informaciones grotescas para los medios de ultraderecha, que son legión, y para que dure el escarnio al odiado. Esta es la única finalidad de esos dos togados. Una ignominia. 

En cambio, en el asunto de la cacería al fiscal general como medio para atacar y hacer caer a un gobierno legítimo, van a toda mecha y la actuación judicial, desde el inicio, está sembrada de dislates. Han ido embrollando la realidad con la intención de crear una apariencia delictiva que es disparatada. Solo el hilo tejido de dos personajes sin honestidad –Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso, junto al comisionista novio vividor a base de pufos y a ciertos medios y periodistas desaprensivos y activistas– ha conducido a crear una sospecha grave y muy falsa de un delito que habría cometido nada menos que el fiscal general del Estado.

Pero lo tremendo es que a ello están contribuyendo con gran implicación varios jueces que mancillan el honor de su función judicial. No buscan “hacer justicia” sino que actúan políticamente para cobrar la presa designada por la política más odiadora y extremista en España. Se trata de ir con todo contra el presidente del Gobierno. Y eso es golpismo judicial.

Tras el descubrimiento y reconocimiento de, al menos, dos delitos contra el dinero de todos los españoles cometidos por un personaje que ejerce de comisionista –y al mismo tiempo pareja de la máxima dirigente autonómica madrileña, que riega de dinero a los que hacen negocios con él–, la estrategia de Ayuso fue la de presentarse desde el primer momento como víctima, con esa capacidad constante de mentir y fingir de la que hace gala.

Esa estrategia, combinada con su salida al contraataque, tuvo un apoyo fundamental en diversos libelos, pero también en el siempre receptivo estamento judicial. Entre los inflamados de patriotismo por el llamamiento del expresidente, siempre están en posición de firmes esos magistrados, con sus puñetas de ganchillo y sus nudillos prestos a hacérsela a quienes se pongan en el punto de mira.

Inicialmente, el asunto lo llevó un juzgado de instrucción y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Este órgano está copado al 100% por jueces de total confianza de PP-Vox. Igual sucede con la Audiencia Provincial, donde la colonización total de planteamientos ultraconservadores es una garantía de que cualquier asunto será tratado como debiera, y donde el juez Peinado tendrá siempre protección total. 

En el primer órgano citado, un asunto tan delicado fue resuelto con enorme rapidez por el juez, siempre activista, de la APM, García Goyena, que elaboró en solo dos meses y en apenas nueve folios una exposición razonada al TS considerando más que acreditado –sin haber practicado pruebas– que debía incriminar al fiscal general del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos. ¡Con un par! El guion estaba escrito.

Rápidamente, con la pieza ya capturada, el Alto Tribunal, para ellos “el Altísimo”, se puso a la tarea de hacer efectiva la estrategia diseñada desde fuera. Aquí se produjo un movimiento relevante, pues esa “exposición razonada”, remitida por el magistrado mencionado, sería cambiada por la mano larguísima de Marchena, y si inicialmente la incriminación hacía referencia a la difusión del comunicado por parte de la Fiscalía General (donde no hay delito alguno), la investigación pasaría a referirse a las supuestas filtraciones de la información. Y ahí, de manera deliberada, es donde se lía más la maraña.

Los asuntos judiciales no pueden desvincularse de quien los lleva y de cómo los lleva, porque no pocas veces es reflejo de algo. En el caso del juez Ángel Hurtado, lo que está haciendo desde que asumió la instrucción responde a unos antecedentes que le inhabilitan claramente para llevar con rectitud este asunto y cuyas actuaciones demuestran que está conduciendo una instrucción nada imparcial. 

Debe tenerse muy presente que el juez Hurtado no debería haber llegado nunca al Tribunal Supremo. Aterrizó allí exclusivamente por su defensa sin pudor del Partido Popular y de sus intereses. Así de claro. Tenía ya otras actuaciones en las que siempre se alineó con lo que esta organización política quería. Tanto en calumnias llenas de odio a Pilar Manjón como en el caso del asesinato de José Souto, el juez Hurtado no ha tenido recato en ser manifiestamente deshonesto a la exigencia de imparcialidad. No sólo no deja su ideología en la mesilla, sino que es ella la que le lleva a adoptar el sentido de sus resoluciones. Él también sigue el guion. 

Mas su culmen llegó con ocasión de ser, en su destino anterior, en la Audiencia Nacional, presidente de la Sala que habría de enjuiciar la gran corrupción del PP en una de sus derivadas de la trama Gürtel. Primero insistió en que no compareciese Mariano Rajoy, luego en que no fuese de cuerpo presente sino a través pantalla de plasma y luego colocándole en estrados, a su vera, junto a la verita suya, en una posición inédita para cualquier testigo. Y luego llegaría su actuación en el turno de las preguntas. Impidió que se le hicieran muchas a un testigo, calificándolas de “improcedentes”. Visionar esas grabaciones y cómo se comportaba crea una mezcla de irritación o de momento Wyoming. Incluso se atrevió a reñir al abogado que osó preguntarle al testigo: “¿Sabe usted quién es Eme punto Rajoy?”. Imperdonable que nos hurtara una de esas tonterías tan de la casa que producían el efecto de sonrisas con Marianico.

Tras el juicio, y demostrada la implicación criminal del PP, según dos magistrados, él, por supuesto, tenía que discrepar. Hizo un voto particular como si hubiera estado en un juicio diferente. Acaso no tiene mesilla de noche donde dejar su ideología.

Poco después sería ascendido –¡oh, milagro!–, por un CGPJ cuyo mandato había caducado, al Supremo. Así, se cumplirían dos efectos: 1) agradecimiento por los servicios prestados y 2) garantía de que seguiría siendo fiel a sus principios (políticos). Era tan importante Hurtado que en un CGPJ de mayoría absolutísima de la derecha, y siendo de análoga composición la Sala II, no tuvieron reparo en esa misma sesión plenaria en ceder dos plazas para magistrados progresistas a cambio de colocar a Hurtado. Había hecho muchos méritos y era de total fidelidad. 

Su actuación en el asunto del fiscal general está muy marcada por algo que es inmensamente contrario a la imparcialidad: haber tomado una decisión antes de empezar. Un juez tiene que estar abierto a hacer justicia y, para eso, buscar la verdad. Esto es tarea del instructor y de los juzgadores. En este caso, no es así. Desde el minuto cero, el personaje ha ido con una idea preconcebida: cargarse al fiscal para hacer daño al Gobierno. Para ello, ha tomado decisiones que han vulnerado el derecho de defensa, rechazando practicar numerosas pruebas que podían entorpecer su objetivo ya preconcebido (no citar al denunciante, no descargar el móvil de quien causó todo, MAR, etc.) y minusvalorando y no aludiendo siquiera a las que dejaban en evidencia al mal juez. En el último auto llega al paroxismo de asumir incluso una defensa del propio querellante cuando aquí no se dilucida nada sobre el supuesto “honor” de este.

Lo que está sucediendo en la judicatura española es grave y muy triste. Como al principio apunté, se nota muchísimo la mano, la influencia, la protección y la seguridad de Manuel Marchena de que la Sala, cuando haya de resolver tras el juicio (el pre-juicio ya está hecho), no va a dejar a Ángel Hurtado con el culo al aire porque para eso está, también, la toga: para tapar las vergüenzas de quienes no la tienen.