Chema Molina 2/2/2025
Por primera vez en la historia de la democracia, un fiscal general del Estado se enfrenta a la Justicia desde el banquillo. Álvaro García Ortiz está siendo investigado en una causa dirigida por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, un juez de perfil conservador.
¿Es fundada la investigación contra el fiscal o responde a una estrategia de persecución judicial? En este reportaje analizamos el caso y el papel del magistrado Hurtado.
Los hechos
Álvaro García Ortiz ha sido imputado por un presunto delito de revelación de secretos. El juez Hurtado indaga en la posible filtración de información confidencial relacionada con la causa por fraude fiscal y falsedad documental que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sectores de la izquierda y jueces de tendencia progresista acusan al magistrado de instrumentalizar la Justicia para favorecer a la presidenta madrileña. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, denunció la "guerra sucia judicial" contra cualquiera que "persiga la corrupción de la familia de Ayuso".
En este contexto, cobra relevancia el papel de Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de Gabinete de Ayuso ha buscado convertir mediáticamente el caso pareja de Ayuso en el caso fiscal general del Estado. "La estrategia de Rodríguez es intentar que no se hable de las investigaciones sobre González Amador, elevar el tono y convertirlo en una guerra contra el Gobierno. Evita, así, que se conozcan los detalles sobre el caso de su pareja", explicó Amanda García, periodista que cubre la información del PP en Público.
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El caso González Amador
El caso arranca cuando Hacienda detecta operaciones anómalas de las empresas de la pareja de Ayuso. Se inicia, entonces, una investigación que deriva en que la Fiscalía Provincial de Madrid denuncie a González Amador.
La Fiscalía acusa al empresario de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. La denuncia señala que ha evitado pagar más de 350.000 euros a Hacienda por el Impuesto de Sociedades. Algo que hizo a través de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla en los ejercicios de 2020 y 2021; en lo peor de la pandemia.
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González Amador reconoció estos ilícitos en una carta que envió a la Fiscalía Provincial de Madrid el 2 de febrero a través de su abogado, Carlos Neira. "Les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad pena, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la Agencia Tributaria". ¿Por qué reconoció los delitos? Porque el objetivo fue llegar a un pacto con la Fiscalía para reducir su pena y evitar entrar en prisión.
¿Cómo se vuelve la situación en contra del fiscal?
A partir de ahora vamos a mencionar el papel de la prensa, del Tribunal Supremo y del Gobierno de Ayuso para darle la vuelta a la situación. El 12 de marzo de 2024, eldiario.es publica una noticia sobre la denuncia de la Fiscalía contra Gonzalez Amador.
El fiscal que lleva el caso de la pareja de Ayuso es Julián Salto. La pareja de Ayuso envía un correo el 2 de febrero a este fiscal para ofrecerle un pacto. Lo importante es este correo. La investigación de Ángel Hurtado se centra en este email.
El 13 de marzo, sobre las 21.30 horas, el diario El Mundo publica un bulo sobre el caso. Esa misma noche Miguel Ángel Rodríguez filtró a la prensa un email del 12 de marzo del fiscal Julián Salto. Ese mensaje se lo trasladó el propio González Amador, según admitió Rodríguez.
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El texto se filtró para hacer creer que fue la Fiscalía quien ofreció un pacto a la defensa de González Amador a cambio de reconocer los delitos. El Mundo publicó sin contrastar esta información. La noticia se extendió como la pólvora hasta que llegó a oídos del fiscal general del Estado. Lo que hace García Ortiz es reclamar los correos que intercambiaron Carlos Neira, abogado de González Amador, y Julián Salto, fiscal que lo investiga por posible fraude fiscal.
Los correos le llegan al fiscal sobre las 21.55 horas, según recoge El País. Es decir, García Ortiz recibe los mensajes después de la publicación de El Mundo, que había difundido una información sesgada. Durante la noche del 13 de marzo, medios como La Sexta y la SER desmintieron el bulo. A pesar de ello, Miguel Ángel Rodríguez publicó a las 22.41 horas un tuit insistiendo en la noticia falsa y, ya de paso, sugiere otra, que "la misma Fiscalía ha recibido órdenes 'de arriba'". Luego dijo que esa declaración es "una opinión".
Atendiendo a esta cronología, hubo redacciones que conocían el contenido del correo del 2 de febrero antes de que el propio García Ortiz lo solicitara a sus subordinados. Miguel Ángel Rodríguez dijo que no conocía el correo del 2 de febrero. Pero cuando difundió el bulo explicó a los medios que el pacto que ofreció la Fiscalía fue para que la pareja de Ayuso reconociera los delitos fiscales. Así lo tituló El Mundo: "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso". Pero el punto de reconocer los delitos fiscales es una información que solo aparecía en el correo del 2 de febrero y no en el del 12 de marzo.
El 14 de marzo, El Plural publicó de forma íntegra el correo del 2 de febrero. Ese mismo día, la Fiscalía de Madrid emitió una nota informativa para desmentir el bulo. La Abogacía del Estado defendió que García Ortiz no debería estar imputado, basándose en la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo. Recordó que "cuando se revela un secreto y, más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo".
En resumen, los movimientos de la defensa de la pareja de Ayuso, la actitud del jefe de Gabinete de la presidenta y algunas decisiones judiciales han transformado lo que comenzó como el caso pareja de Ayuso en el caso fiscal general del Estado.
El papel de Ángel Hurtado
Hurtado ha sido el primer juez en la historia de la democracia en imputar a un fiscal general del Estado. Hurtado viene de la Audiencia Nacional, donde se incorporó en 2006. Formó parte del tribunal del juicio del caso Gürtel. Se opuso a que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarara como testigo en el juicio.
Hurtado no solo votó en contra de esta comparecencia, sino que, posteriormente, cuando Rajoy fue citado, limitó las preguntas que se le podían formular. Además, emitió un voto particular en el que discrepaba de la condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo en la trama. Por otra parte, este juez participó en la decisión de revocar el procesamiento de tres militares estadounidenses implicados en la muerte de José Couso.
Desde 2020 forma parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El abogado de González Amador reconoció que su cliente ha cometido dos fraudes fiscales. No obstante, Ángel Hurtado defendió que el empresario "no es un defraudador confeso". "A Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva", recogió en un auto. De esta manera, el juez se pronuncia sobre un caso que no es el suyo y resta importancia al reconocimiento que hizo el abogado de González Amador.
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