Pablo Martínez Osés 21/05/2025
España ha aprobado una partida de más de 10.000 millones de euros para gasto en defensa. Con esa cantidad, se cumpliría el compromiso histórico del 0,7% de la RNB destinado a ayuda internacional. Sin embargo, seguimos en el 0,25 %
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En 2025 la nueva administración estadounidense suspendió de forma brutal los programas de USAID en ayuda humanitaria, salud y nutrición. Estas cancelaciones afectan a millones de personas: se estima que solo la irrupción de programas de vacunas y tratamientos contra el VIH/SIDA, tuberculosis y malaria provocará 3,3 millones de muertes, según un estudio de la Universidad de Boston.
Organizaciones en los países más pobres ofrecen cálculos en una encuesta global que muestra cómo esta suspensión afectará a millones de personas, especialmente mujeres, niños y niñas: un millón de niños y niñas y 250.000 mujeres en Burkina Faso, que dependían directamente de servicios de salud; más de 100.000 mujeres y menores de cinco años que recibían complementos nutricionales en Nigeria; nueve millones de personas en Afganistán perderán servicios de salud en un país con un elevado riesgo de cólera; en Etiopía, más de 68.000 personas se quedarán sin acceso a agua potable y más de 50.000 mujeres y niñas embarazadas sin suplementos alimenticios que evitarían malnutrición severa. En Sudán del Sur, 180.000 personas desplazadas internas en campos verán cesados los apoyos para el soporte de sus infraestructuras básicas. En Bangladés, más de 47.000 personas refugiadas rohingyás perderán su acceso al agua potable.
Mientras tanto, España ha aprobado una partida de más de 10.000 millones de euros para gasto en defensa. Con esa misma cantidad, se cumpliría por primera vez el compromiso histórico del 0,7% de la RNB (Renta Nacional Bruta) destinado a cooperación internacional. Sin embargo, seguimos en el 0,25 %, ocupando el puesto 20 entre 32 países donantes, muy por debajo de lo que nos corresponde por nivel de renta y mandato legal.
Ya estamos viendo que los recortes en cooperación, que empezaron en 2024 con una caída del 7,1% en países en donde las ultraderechas llegaban al gobierno o podían influir en ellos, ya están costando vidas y agravan los riesgos globales. Pero sus efectos van más allá del daño inmediato: debilitan el multilateralismo, erosionan los derechos humanos y refuerzan un modelo internacional basado en la desigualdad. La cooperación internacional no solo salva vidas; también ha sido durante décadas una herramienta esencial para construir relaciones basadas en la justicia, la inclusión y el respeto al derecho internacional.
Recortar la cooperación forma parte de una estrategia política que busca enfrentar a pobres contra más pobres, bajo la falsa premisa de que unos compiten con otros por los mismos recursos. En realidad, estos recortes no se traducen en mejores servicios públicos en los países ricos, sino que acompañan el desmantelamiento general de políticas sociales y de derechos. Debilitar la cooperación internacional persigue incrementar las desigualdades atacando a las personas empobrecidas, eliminando los apoyos públicos a las poblaciones más vulnerables del planeta, a los actores con menos poder en cada país.
Acabar con la cooperación es un paso más en un cambio de paradigma que viene fraguándose hace una década, que traslada las políticas sociales y de cooperación de la provisión pública a las soluciones de mercado. Es una agenda con al menos una década de narrativa dominante y que tiene nombre: el Wall Street Consensus, según el cual el desarrollo ya no es un bien público que deba ser financiado directamente por los Estados, sino una oportunidad de mercado que debe desbloquearse mediante la alquimia de las asociaciones público-privadas (APP) para convertirlas en proyectos “invertibles” de propiedad privada. La Unión Europea también trata de convertir toda su cooperación en oportunidades para inversores, haciendo que nos preguntemos a quién beneficiará realmente.
En un momento en que los esfuerzos de la comunidad internacional han de centrarse en las transiciones justas de los modelos de producción y de consumo, el debilitamiento de la cooperación internacional hará que la comunidad internacional se guíe por los intereses de los más fuertes. Recortar la cooperación es exactamente tomar el camino equivocado, en tanto que distrae los esfuerzos para hacer frente a los principales desafíos globales, como el cambio climático, la lucha contra las desigualdades y la pobreza, con criterios elementales de inclusión y justicia global. Reducir más la cooperación tiene el mismo impacto en el mundo que impedir el acceso de la ayuda humanitaria en Gaza: supone sacrificar las vidas de los débiles para convertir el mundo en un tablero de reparto geopolítico de recursos entre los fuertes.
Frente a esta realidad, Oxfam Intermón reclama que los países ricos cumplan sus compromisos históricos. Ante un mundo en crisis múltiples y complejas, la mejor respuesta debe ser más cooperación, más multilateralismo y más inversión en justicia social y climática.
España, que acaba de reformar su ley de cooperación con amplio respaldo parlamentario, tiene ahora la oportunidad de liderar con el ejemplo. La nueva legislación marca como objetivo alcanzar el 0,7% de la RNB en cooperación, pero para lograrlo se necesita una decisión política clara y urgente. Frente a los recortes, hace falta un incremento real del presupuesto.
Nuestro país acogerá en junio una conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo. Nos jugamos el modelo de multilateralismo que tendremos los próximos años. La conferencia debe ser un clamor contra las desigualdades y por la justicia global, donde los acuerdos para reformar el sistema financiero sigan la lógica de la democracia, la representación y la inclusión antes que responder a las lógicas de los intereses particulares. Transparencia y regulación para las finanzas internacionales, impuestos a los superricos y eliminación de los paraísos fiscales, ampliación significativa de la financiación concesional para que los países del sur global puedan enfrentarse al cambio climático y a sus desafíos sociales, reforma de los sistemas de gestión de deuda externa para aumentar la inversión pública en derechos sociales de los países más empobrecidos.
Necesitamos una gobernanza democrática internacional, impulsada por la cooperación entre pueblos y no por la lógica de poder de los más fuertes.
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Pablo Martínez Osés es responsable de Justicia Global de Oxfam Intermón.
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