http://extraconfidencial.com/noticias/la-fiscalia-anticorrupcion-abre-un-expediente-informativo-a-raiz-de-la-denuncia-interpuesta-por-un-grupo-de-afiliados-y-ex-afiliados-de-cs-denominado-plataforma-para-las-garantias-ciud/
El día 1 de marzo un grupo de ex altos cargos de C´s denunció oficialmente ante la Fiscalía Anticorrupción la presunta financiación irregular del partido Ciudadanos, que lidera Albert Rivera. En su escrito ante Anticorrupción, que ha abierto un expediente informativo,
se refleja la estructura interna de financiación de la formación
naranja y cómo se dan órdenes expresas a las bases locales, provinciales
y autonómicas de Ciudadanos para que todos los ingresos recibidos los
tengan que depositar en una cuenta central del partido en Madrid sin
poder hacer uso de ella los grupos municipales y provinciales.
La cuenta central está controlada por Carlos Cuadrado Arroyo, secretario de finanzas de C´s -con negocios dudosos en Brasil, de los que informaremos en próximas entregas-, y por José Manuel Villegas Pérez, vicesecretario general de C´s y portavoz en el congreso de los Diputados de esta formación. Ambos, hombres muy próximos a Albert Rivera.
Una plataforma con varios juristas
La Plataforma para las garantías ciudadanas
fue creada a finales de 2014 debido a “la falta de democracia interna
en el Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-, lo que motivó la
aparición de innumerables perjudicados que decidieron agruparse con el
fin de intentar solventar dicha circunstancia”, según se indica en sus
propios Estatutos. Entre los integrantes de esta plataforma se
encuentran numerosos letrados que han conformado un grupo de trabajo con
el fin de proceder a defender los intereses de dichos afiliados y ex
afiliados. Entre ellos el abogado madrileño, Alberto Ganga Ruipérez, que firma la citada denuncia.
Como viene informando Extraconfidencial.com en exclusiva, la formación liderada por Albert Rivera, está bajo la lupa de la sospecha en cuanto a su financiación. En la documentación que obra en poder de Extraconfidencial.com y también en manos de la Fiscalía se certifica que la formación de Ciudadanos usa en su totalidad la cantidad asignada a los Grupos Municipales y Territoriales
para la financiación del partido, incurriendo en una presunta
ilegalidad. Esta cuenta de ingresos, domiciliada en una oficina bancaria
situada al lado del Círculo de Bellas Artes en Madrid, pueden manejarla y controlarla dos personas de máxima confianza de Rivera: Carlos Cuadrado Arroyo, secretario de financias de C´s, y José Manuel Villegas Pérez, vicesecretario general de C´s, sin poder hacer uso de ella como quisieran los grupos municipales y provinciales.
Este documento se bautizó en clave como “Protocolo Actualizado de apertura de cuentas bancarias y gestión de Grupos Municipales, Provinciales y Autonómicos”. Se trata de un Informe señalado con el número 6/15 por parte de la Secretaría de Finanzas de Ciudadanos
con fecha de julio de 2015. Este documento, que se ha puesto a
disposición de la Fiscalía, viene a demostrar que más allá de ser una
mera declaración de intenciones, se convierte en una verdadera y
concreta forma de actuar.
Dos cuentas diferenciadas: ingresos y gastos
Para que se hicieran efectivos los
ingresos en la cuenta del partido, los candidatos electos debían abrir
sus cuentas (ingresos y gastos), en una conocida entidad crediticia,
según se recoge en el “Protocolo Actualizado de apertura de cuentas bancarias y gestión de Grupos Municipales, Provinciales y Autonómicos”.
Así, aquellos municipios que superasen los 50.000 habitantes debían de
abrir dos cuentas bancarias con las siguientes características: a) En
primer lugar, una cuenta de ingresos para depositar el dinero de las
subvenciones que recibían dichos grupos. En esta cuenta se ingresan
todas las cantidades en concepto de subvención de dichos grupos. b) En
segundo lugar, una cuenta de gastos para gestionar la cantidad de pagos
del partido. En este caso, los apoderados serán los concejales de estos
grupos. Esta cuenta se utiliza para gestionar los pagos de personal y
gastos de los citados grupos. En esta cuenta corriente no se podrán
hacer ningún tipo de ingreso, solo recibirá traspasos de la cuenta de
Ingresos del grupo.
Ello supone un claro indicio de que las
asignaciones al Grupo Municipal son controladas no por el propio Grupo
Municipal, sino por la Directiva Nacional,
desconociéndose los traspasos que, desde la de ingresos, se hace a la de
gastos con el fin de dar a esa asignación el fin que la legislación
determina. “Hay ciertos indicios claros de que las asignaciones a los
distintos Grupo Municipales y autonómicos del Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, son controladas no por los propios Grupos Municipales, a través de sus miembros, sino por la Dirección Nacional del Partido
a través de dos de sus miembros, siendo éstos quienes deciden el
destino y fin de dichas asignaciones; del mismo modo, nos sitúa en un
escenario de desconocimiento absoluto del destino de las cantidades que
no son trasferidas a la denominada cuenta de gastos”, se señala en la
denuncia ante Anticorrupción.
“Carta Ética y Financiera”
También los responsables de Ciudadanos
hicieron firmar a sus candidatos a las alcaldías municipales y
diputaciones provinciales de las pasadas elecciones otro documento
titulado “Carta Ética y Financiera” en el que, en uno de sus puntos, se indicaba textualmente que destinarán el 10% de las subvenciones,
que el Estado proporciona por formar grupo político y por cada escaño
recibido, a una cuenta central de Ciudadanos para ayudar a la
financiación de la agrupación.
“Siendo conocedores desde la Plataforma de la existencia de la denominada “Carta Ética y Financiera”
y de la posible ilegalidad que en ella podría contenerse sobre la forma
de financiación del Partido que se anunciaba, se puso en marcha una
investigación sobre cómo se estaba llevando a cabo esa posible
financiación del partido a través de las asignaciones públicas a los
Grupos Políticos de los Ayuntamientos, Diputaciones y Parlamentos
Autonómicos; el resultado de esa investigación han dado lugar a la
presentación, en el día de hoy, de una denuncia ante la Fiscalía
Anticorrupción por si de todo ello pudiera existir indicios de la
existencia de una Financiación ilegal u otro tipo de delito contra la
Administración Pública”, indican en su denuncia.
El equipo jurídico de la Plataforma por las garantías ciudadanas considera que esta pretensión de Rivera tiene
apariencia de ser contradictoria con la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio, de financiación de los partidos políticos. “El artículo 2.1 e) de
la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos
políticos, al referirse a los recursos de los partidos políticos, señala
a las asignaciones que reciben los grupos políticos municipales desde
los entes locales como “Recursos procedentes de la financiación pública”;
así, si interpretamos el mismo acorde con el artículo 3 de la misma ley
y con el 73.3 de la LRBRL, podemos concluir que el fin de esas
aportaciones públicas lo son para “atender sus gastos de funcionamiento” y no para el “pago
de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la
corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos
fijos de carácter patrimonial”; por lo tanto, difícilmente tendría
encaje legal en dicha norma y articulado el destinar esas asignaciones a
la financiación de un partido político, como establece la Carta Ética y
Financiera del partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía”.
Este escenario descrito supone que el Tribunal de Cuentas
competente, por razón de las demarcaciones de los grupos municipales, y
que conoce la cuenta general de cada Ayuntamiento, no fiscaliza
regularmente las asignaciones a los grupos municipales.
El modus operandi de Ciudadanos
El Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
una formación política con casi 10 años de existencia y con
representación en entidades locales y autonómicas desde hace tiempo,
conociendo la normativa en vigor, remitió no obstante a los nuevos
cargos electos en toda España tras las elecciones municipales y
autonómicas de mayo de 2015 un correo electrónico desde la dirección corporativa de correo electrónico finanzas@ciudadanos-cs.org, que se corresponde con la Secretaria Finanzas Ciudadanos, del siguiente tenor literal:
“Buenos días, después de recibir
varias llamadas de compañeros, informando de la dificultad que están
teniendo en que los secretarios de ayuntamiento acepten el CIF del
partido, hemos decidido que allí donde los ayuntamientos os pongan
problemas para registrar el CIF del Partido, optéis por abrir un nuevo
CIF para el grupo en cuestión, así que los tengáis abiertos por favor
enviar copia. Tomamos esta decisión para facilitaros la entrada a los
ayuntamientos, la ley nos permite registrar el CIF del partido en los
Grupos, pero repito donde os ponga problemas, resolverlo abriendo el
nuevo CIF propio. Este CIF será el que tendrá que constar en los
certificados ya enviados y el que será informado al Banco Popular para
la apertura de las cuentas. También os adjunto el documento que el banco
popular está informando a las agencias donde os vayáis dirigiendo para
la apertura de las cuentas. Recuerdo que necesitamos apoderar, y para
eso necesitamos el certificado de acuerdo del grupo firmado que os envié
días atrás y los DNI de las personas, para ir al notario. Si este poder
no podréis acceder a las cuentas… Centralizar los envíos del
certificado y los DNI, a través de los delegados territoriales que a su
vez nos lo harán llegar”.
Según la denuncia interpuesta ante Anticorrupción,
“la lectura del referido correo pone de manifiesto que la primera
intención de la dirección de Ciudadanos era, o fue, que las asignaciones
a los grupos municipales fueran transferidas a una cuenta del partido,
única razón de ser de que se diera la orden de facilitar el CIF del partido a esos efectos; circunstancia que como hemos expuesto el Informe de la Dirección General de Cooperación Local,
argumenta legal y jurídicamente que no es posible. Solo la actuación
celosa de los Secretarios de los distintos Ayuntamientos, obligó a que
la Secretaria de Finanzas de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
“permitiera” lo que legalmente es una obligación y que es que cada grupo
tuviera su propio CIF, de tal manera que ellos fueran los verdaderos
titulares de las cuentas”.
Estos indicios serán los que ahora deberá analizar la Fiscalía Anticorrupción a la que se le ha solicitado la práctica de distintos Medios de Prueba con el fin de determinar si estos indicios dan lugar a verdaderas pruebas de posible Financiación Ilegal u otros tipos delictivos contra la Administración del Estado por parte del partido Ciudadanos de Albert Rivera.
Juan Luis Galiacho
@jlgaliacho
No hay comentarios:
Publicar un comentario