Rafael F. Vázquez, párroco de la antigua población de Guájar, en Granada, traza un semblante crudo de la acusada. "Profesa ideas avanzadas", afirma. La suerte de Dolores Mancilla, de profesión sus labores, ya está echada. Pero la apuntala el guardia civil Miguel Aguilera: "Pésima conducta. Votó siempre que fue necesario al Frente Popular". El Tribunal de Responsabilidades Políticas no necesita más para decretar la incautación de sus bienes: tres camas, casa y plantación de almendros. La multa es de 500 pesetas.
Un grupo de 32 investigadores de ocho universidades ha rescatado de los comités de incautación y los tribunales de responsabilidades políticas de Andalucía más de 53.000 expedientes personales como el anterior, acreditativos de la justicia militar totalitaria que el franquismo arbitró hasta el fin de la primera posguerra con curas, falangistas, guardias civiles y alcaldes como delatores. La iniciativa, financiada por la Junta, supone la primera investigación que pone negro sobre blanco la dimensión en una región española del expolio económico, aún hoy el más desconocido de los pilares sobre los que se asentó la represión franquista.
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"Es el gran tema tabú. Sólo se ha hablado en voz baja", explica Cecilio Gordillo, activista destacado del memorialismo andaluz. Tampoco lo tocó la Ley de Memoria Histórica. Llegada la democracia, los principales partidos y sindicatos sí pactaron la devolución de sus bienes. Pero los particulares pagaron otro de los peajes de olvido de la Transición.
Paqui sabe en qué consiste ese pacto. Fruto de una reclamación ante el Estado, posee un papel remitido por Hacienda que deja bien claro que España no contempla la devolución de bienes incautados a particulares. Pero también tiene otro papel, del Registro de la Propiedad, que demuestra que la casa que tenía en un pueblo de Sevilla su bisabuelo Juan era eso, su casa, o al menos lo fue hasta que le fue incautada tras su asesinato en 1936. "Un hijo suyo aún me pregunta qué pasa con la casa y no sé qué decirle", cuenta Paqui. La mayoría de los que están en su misma situación ni se plantearon intentar recuperar los bienes. En realidad muchos ni siquiera saben que sus familias fueron expoliadas.
Sí hay en marcha una ambiciosa iniciativa colectiva, aunque sin éxito hasta la fecha: la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, que desde Catalunya ha reunido a 2.000 afectados. "Hemos dialogado con los partidos, pero sin conseguir compromisos formales. Vamos a seguir hasta el final. Si hace falta, a los tribunales, en España y en Europa", cuenta María Casals, portavoz. La asociación se encarga del dinero incautado en virtud de un decreto de 1938 del Ministerio de Hacienda del Gobierno franquista, con sede en Burgos, que prohibía tener "papel moneda puesto en circulación por el enemigo". Es decir, por la República. Ciudadanos de todo el país acudieron a depositar dinero en el Banco de España y los ayuntamientos. Pese al compromiso del régimen de devolverlo, miles de personas perdieron para siempre su dinero. La asociación pide al Estado cinco euros por cada peseta de la época en que fue ingresado. Los afectados integrados en esta iniciativa poseen recibos demostrativos de la injusticia.
Al margen de las dificultades para la reparación de las víctimas, les queda el consuelo parcial de que el manto de silencio está empezando a descorrerse con algunos datos. En octubre de 1941, los tribunales habían incoado casi 125.000 expedientes de incautación y quedaban unas 100.000 denuncias pendientes, según los datos recopilados por Manuel Álvaro en el libro colectivo La gran represión (2009), coordinado por Mirta Núñez, profesora de la Complutense.
Más de 200.000 familias sufrieron en España la investigación, retención o expolio de sus bienes, según los cálculos más fiables. Y eso en un país que en 1940 rondaba los 26 millones de habitantes. Fernando Martínez, coordinador del proyecto andaluz, cifra en "cerca de 60.000" las personas familias, en realidad afectadas entre 1936 y 1945.
2.000 afectados se han organizado para pedir reparación al Estado
La historiadora Ángela Cenarro, que coordina en Aragón un proyecto similar al andaluz, cifra en unos 13.000 los expedientes abiertos en la región. En Galicia el ambicioso proyecto Nomes e voces también ha abarcado la investigación de la represión económica entre 1936 y 1939. A falta de datos globales, su coordinador, Lourenzo Fernández, destaca la "clara voluntad" del régimen de cebarse con los derrotados, así como otras formas de expolio, como la expropiación de montes comunales.
La rapiña de los sublevados comienza de forma espontánea el mismo 18 de julio del 36 y con el tiempo se va amparando en bandos, decretos y, finalmente, en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. La maquinaria funcionó a tal ritmo que en 1941 el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas advirtió de la incapacidad del Estado para contar o gestionar los bienes.
Por ello en 1942 se suavizó la ley, multiplicando los sobreseimientos. En 1945, con el franquismo intentando dulcificar su imagen, cesaron los expedientes, aunque hubo familias que pagaron plazos hasta finales de los 60. Aparte del expolio, el régimen se había hecho con un detallado fichero de rojos y había extendido por toda España una cultura indeleble de miedo y delación.
"Ha sido el gran tema tabú. Sólo se ha hablado en voz baja"
El volumen de bienes incautados y dinero recaudado por multas es difícil de precisar, más cuando hasta el régimen se confesaba incapaz de hacerlo. Pero varios datos dan una idea. En Toledo fue incautada más de la mitad de la propiedad rústica. El total de multas impuestas en Andalucía rondó los cien millones de pesetas de la época, cuando un bancal de tierra para alimentar a una familia podía costar cien pesetas y una casa obrera en un pueblo andaluz, entre 300 y 500.
No todas las multas se pagaban. En Madrid, Álvaro cifra las impuestas en 660 millones, aunque la mayoría fueron sanciones absurdamente altas, más ejemplares que prácticas, a prohombres de la República. "Las que sí se pagaban, y eran demoledoras para las clases medias y bajas, eran las de cientos o miles de pesetas. Y todo el proceso en sí, que suponía la inmovilización de los bienes, era un castigo", cuenta Martínez. Su intención, cuando acabe el estudio, es colgarla en la Red. Que se vea todo: víctimas, delatores, sentencias. Será una pequeña parte comparada con lo mucho que sigue oculto 70 años después. 
Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, lamenta que el Estado no haya dado nunca “ninguna facilidad” para el resarcimiento. “A los partidos y los sindicatos sí. Al ciudadano, nada”, denuncia. “Esa puerta nadie se ha atrevido a abrirla. ¿Por qué siempre ese rechazo a invalidar las sentencias de responsabilidades políticas? Porque habría que anular también las multas que ordenaban”, afirma. Silva lamenta la “hipocresía” que supone que “los mismos que argumentan que eso generaría el caos son los que defienden con uñas y dientes la inviolabilidad de la propiedad privada”.