La denuncia fue presentada al detectarse indicios de irregularidades derivadas del incremento abonado a la empresa privada
El 23 de marzo de 2017, la presidenta de la empresa municipal Madrid Destino,
Celia Mayer, el Vicepresidente primero,
Carlos Sánchez Mato, y la Consejera Delegada,
Ana Varela,
presentamos ante la Fiscalía una denuncia relacionada con los negocios
jurídicos celebrados entre esta empresa y la sociedad Madrid Trophy
Promotion, S. L. (MTP),
organizadora del torneo de tenis Mutua Madrid Open que se celebra anualmente en la Caja Mágica.
La denuncia fue presentada al
detectarse indicios de irregularidades derivadas del incremento abonado a la empresa privada, de la ausencia de transparencia y del retorno económico incierto.
No, no es ‘obsesión ideológica’ con el Open de Tenis. No, el objetivo
no era ‘cargarse este evento’. Y no, tampoco es un tema de si nos gusta
o no el
tenis.
Únicamente se trataba y se trata de investigar si, como han indicado
los abogados penalistas que analizaron la documentación, los hechos son
susceptibles de ser considerados
delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Es la
Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado la que está investigando el caso y solo cabe respetar su trabajo.
Pero eso era demasiado para el
Partido Popular
que, con el ánimo de desviar la atención de la opinión pública, ha
interpuesto una querella contra los presentantes de la denuncia por
prevaricación, malversación de fondos públicos y delito societario. El
motivo en el que se basa es la
contratación irregular de los servicios jurídicos externos al Ayuntamiento en vez de acudir a los internos.
Y eso es radicalmente falso. Evidentemente, en primer lugar se pidió
valoración de los convenios firmados con MTP (organizadora del torneo) a
los servicios jurídicos del ayuntamiento, pero estos contestaron que no
les correspondía “realizar labores de asesoramiento técnico jurídico ni
emitir dictámenes de pura gestión ni dar opiniones de actuación del
órgano consultante” y tan solo se limitaron a analizar aquellas
cuestiones que entraban dentro del ámbito que les es de competencia.
Lógicamente, era preciso encargar informes a despachos de abogados
externos al ayuntamiento. El primer informe resultante puso de
manifiesto
importantes irregularidades en los convenios firmados
durante los años de gobierno del Partido Popular, señalando, entre
otras cosas, que el pago de 5 millones de dólares en concepto de
derechos de sede -que no realiza ningún Ayuntamiento de ninguna otra
ciudad organizadora del mismo torneo- no parecía responder a ninguna
otra finalidad que no fuese satisfacer ese pago a la empresa privada. El
informe concluía que el convenio en concreto
podría tener causa de nulidad,
pero evitaba posicionarse sobre la existencia de posibles delitos
penales debido a que no correspondía a su ámbito de especialización.
No era la primera vez que se hacía: la empresa pública contabiliza la contratación externa hasta en nueve ocasiones
Por eso se decidió encomendar un dictamen de carácter penal que
evaluara si el convenio era constitutivo de delito. Al mismo tiempo,
como era necesario disipar la enorme maraña de negocios jurídicos que
creaban los convenios y ello no lo podía hacer un despacho penal,
se contrató otro informe a un despacho especializado en derecho civil y administrativo que sirviera de base para el informe del despacho especializado en derecho penal.
Al tratarse de un tema tan sensible, tanto la confianza en los
profesionales como la necesaria confidencialidad y obligado secreto (el
inicio del conocimiento de unas actuaciones puede convertirlas en
inoperantes), se optó por el encargo profesional mediante un
arrendamiento de servicios por valor de 50.000 euros, absolutamente
acorde a la legislación sobre contratación pública y a las instrucciones
de contratación de Madrid Destino. De hecho, no era la primera vez que
se hacía ni mucho menos: la empresa pública contabiliza actualmente
la contratación externa hasta en nueve ocasiones por importes situados entre los 14.000 y los 50.000 euros.
Los resultados de los informes fueron tajantes: la cantidad pagada
anualmente a la empresa privada MTP se incrementó de forma notable y
progresiva sin justificación razonable,
pasando de 1.704.517 euros en 2006 a 10.469.136 euros en 2010,
los negocios jurídicos no eran transparentes y no existía un equilibrio
de prestaciones entre las dos partes. Estos hechos, dictaminaba el
informe penal, eran susceptibles de ser considerados delitos de
prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Como
no podía ser de otra forma, cumplimos con nuestro deber y pusimos estos
hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.
El
Partido Popular no dudó en interponernos una querella
por la contratación externa. No es la primera vez, ni será la última,
que el PP se querella contra quienes le denuncian para intentar que
miremos el dedo y no la luna. Es un sistema viciado que se revuelve
contra quienes lo cuestionan. Ni nos sorprende, ni nos va a conseguir
parar.
Estamos tranquilos porque hemos actuado en todo momento respetando la
ley con la idea de esclarecer posibles delitos de corrupción
Tras recibir este escrito -que únicamente contiene la versión de los
querellantes- el juzgado correspondiente nos llamó a declarar a los
querellados el 18 de septiembre para conocer nuestra versión y poder
dilucidar así si merece la pena investigar este caso o no. Este
procedimiento es habitual: este tipo de querellas se admiten de forma
casi automática en los tribunales. Hemos presentado por escrito al
juzgado nuestro deseo de declarar lo antes posible para aclarar los
hechos denunciados. Estamos completamente tranquilos porque
hemos actuado en todo momento respetando la ley con
el único objetivo de esclarecer posibles delitos de corrupción y
ahorrarle al erario público millones de euros. Solo desde esa perversa
intención de evitar que se esclarezcan los casos de corrupción que,
extrañamente unen a Partido Popular y Ciudadanos, se puede explicar la
cacería que han montado contra quienes únicamente buscan esclarecer
posibles irregularidades cumpliendo estrictamente la normativa de
contratación como se acreditará en sede judicial.
Tenis sí, pero ni mentiras ni querellas de humo.
En
Ahora Madrid lo tenemos muy claro y lo diremos hasta la extenuación:
seguiremos siendo hostiles contra la corrupción,
pese a los ataques, pese a las tácticas de quienes han vampirizado lo
público y de, quienes bajo el manto de la novedad, quieren seguir
haciéndolo en el futuro.
Carlos Sánchez Mato es miembro de ATTAC Madrid
.....................................................
OTRA COSA: Mujeres bolcheviques que lucharon por el socialismo