George Gonzalo · lamarea.com Eduardo Garzón 29 mayo 2019
Aunque ya muchos no se acuerden, España tuvo muchas y potentes empresas públicas que eran utilizadas para lograr determinados objetivos
de política económica (facilitar el crédito, proveer distintos bienes y
servicios, redistribuir la renta, etc.) al mismo tiempo que contribuían
a incrementar los ingresos del sector público, pues buena parte de
ellas registraban importantes beneficios.
Durante prácticamente todo el tiempo que
va desde el siglo XIX hasta los primeros años de democracia tras la
dictadura, la tendencia política por parte de los distintos gobiernos
fue la de mantener y fortalecer el cuerpo empresarial público,
convencidos de que era condición indispensable para poder alcanzar sus
objetivos de política económica así como para asegurar la solidez y
poder del Estado. Sin embargo, la incorporación de nuestro país a la
Comunidad Europea supuso un importante punto de inflexión en la citada
trayectoria. Los principios neoliberales que ya impregnaban fuertemente
las instituciones europeas se basaban en la liberalización de
prácticamente todos los sectores económicos así como en la reducción del
tamaño del sector público en favor del privado. En consecuencia, la
integración comunitaria vino de la mano de la liberalización económica
y privatización progresiva de las empresas públicas españolas.
Este cambio de tendencia se acentuó
notablemente en 1992 con el Tratado de Maastricht, ese documento que
sentaba las bases para la introducción de la moneda única (...)
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