George Gonzalo Esto es vital para la salud democrática
Blueprint For Free Speech ha realizado la primera encuesta efectuada en España sobre la persecución judicial de los denunciantes de prácticas corruptas que son imputados por "revelación de secretos" –como Roberto Macías, condenado en mayo a dos años de prisión– y los resultados son abrumadores: el 71% de la población considera que hay que apoyarlos. Algo que ya dispone desde hace más de un año la Directiva Europea 2019/1937 pero que la Fiscalía española sigue sin aplicar.
La inmensa mayoría de los españoles, sin casi diferencias por sexo, edad, ocupación, estudios o nivel de ingresos, apoyan sin condiciones que se dé protección total a los alertadores de abusos de poder y/o corrupción, incluso aunque para denunciarlo hayan revelado información privilegiada o secreta, si lo que han sacado a la luz constituyen "graves irregularidades".
Así queda patente en el sondeo impulsado por la ONG Blueprint For Free Speech (Proyecto para la Libertad de Expresión) en colaboración con la consultora internacional IPSOS, que será presentado a lo largo de este mes y a cuyas tablas completas ha tenido acceso Público.
La opinión pública mayoritaria que se refleja en esta encuesta –2.174 entrevistas realizadas a nivel nacional– choca de plano con la práctica fiscal y judicial que se mantiene en España, y deja en evidencia la falta de interés por parte del Gobierno, e incluso la oposición de la Fiscalía, a aplicar las medidas de protección de los alertadores (whistleblowers, en inglés) dictadas por la Directiva Europea 2019/1937 que entró en vigor el 17 de diciembre de 2019 y es de obligado cumplimiento desde entonces para todos los países de la UE (...)
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OTRA COSA: Homo faber. Historia intelectual del trabajo 1675-1945. Introd. de Fernando Broncano
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