Daniel Yebra 15 de noviembre de 2022
A principios de noviembre, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, visitó Madrid y compartió comparecencias y entrevistas con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En una de esas citas conjuntas, el alemán defendió el histórico plan de choque de 200.000 millones de euros que ha movilizado el Gobierno de su país para aliviar el daño de la inflación. Incluso quitó peso a su impacto en el déficit [el desequilibrio del presupuesto público]: “No esperamos que varíe mucho. Se distribuyen en varios años. Y los ingresos tributarios son sustanciales”. Inmediatamente después, el español puso muchos más inconvenientes a aumentar el gasto público: “Es de vital importancia que haya coherencia con la política monetaria”.
Hernández de Cos evidenció en sus declaraciones más preocupación por el tamaño y la forma de los estímulos que el máximo representante del bastión de la ortodoxia económica en la eurozona. En definitiva, su posición puso sobre la mesa la carga ideológica que destila la institución española, próxima a los postulados económicos que pregonan las formaciones políticas conservadoras. Y eso que la UE atraviesa una crisis energética y de precios que está infligiendo un golpe histórico al poder adquisitivo de las familias, especialmente al de las más vulnerables.
Una situación que supone un reto mayor en España, donde los trabajadores han sufrido más en los últimos años, según constató recientemente la OCDE. La Organización internacional lo reflejó con la comparación de la evolución de la renta real de las familias y el PIB per cápita en las principales economías europeas (...)
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