Cecilia Valdez 22 JUN 2023
Una movilización popular que quería impedir la reforma de la constitución de Jujuy, que criminaliza la protesta social y abre las puertas a los grandes proyectos mineros, terminó en una feroz represión policial con cientos de heridos y detenidos.
Bajo la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma”, el martes 20 de junio por la mañana, una fuerte movilización popular integrada por pueblos originarios, sindicatos y organizaciones sociales y políticas enfrentó una feroz represión policial que incluyó detenciones arbitrarias en vehículos sin identificar, allanamientos en barrios de la periferia, 170 personas heridas —uno de gravedad—, al menos 69 detenidos y la presentación de 51 habeas corpus.
En la mañana del martes, cuando ya se habían concentrado algunos grupos para seguir con las protestas en rechazo a la nueva constitución, se conoció la noticia de la jura del nuevo texto y eso desató la ira popular. Se trata de un texto del que se desconocen los detalles de su articulado definitivo, dado que el domingo por la noche, y en respuesta a los continuos reclamos que desde hace días se vienen dando en toda la provincia, el gobernador Gerardo Morales anunció que retiraría dos de sus artículos. En concreto, se refería a los artículos 50 y 36, que tienen que ver con la propiedad privada de las tierras y le otorgan al Estado provincial la potestad para “reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Morales decidió dar marcha atrás con estos artículos siguiendo la misma mecánica que utilizó para llevar adelante toda la reforma: de manera inconsulta —ni siquiera lo puso en discusión en la Convención Constituyente—, de forma exprés, y entre gallos y medianoche.
Litio
Lo que está en el centro de la disputa es el derecho a la protesta y los bajos salarios, pero, sobre todo, la profundización de un modelo extractivista basado en el litio, algo que los pueblos originarios vienen denunciando desde hace mucho tiempo porque afecta sus modos de vida y sus territorios, y por lo que no han sido consultados. Lo que denuncian las comunidades es que, si bien el Estado argentino reconoce su preexistencia, el nuevo texto provincial pretende obligar a las comunidades a adoptar formas jurídicas que habiliten el reconocimiento de sus territorios y que, de no ser así, esto abriría el camino para que las empresas puedan explotar sus recursos. Aunque se anunció el retiro de los artículos vinculados a la posesión de la tierra, las comunidades insisten con que se tiene que caer la reforma completa ya que no fueron consultados, y tampoco se incluyó ningún artículo que hable del agua y del medio ambiente, dos elementos centrales de toda esta disputa. Sin ir más lejos, en abril las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Guayatayoc, marcharon a la capital provincial en rechazo al proyecto estatal de explotación de litio sobre 11.000 hectáreas de la Puna jujeña, y en defensa del agua y la vida.
La semana pasada, unas 500 personas pertenecientes a las comunidades de la Puna caminaron tres días desde Abra Pampa, el extremo norte de Jujuy, y Salinas Grandes, en el oeste, para llegar a la capital jujeña con la esperanza de cancelar la reforma. En el camino tuvieron que lidiar, no solo con la potencia del frío de la Puna en esta época del año, sino con la noticia, el jueves por la noche, de que la reforma había sido aprobada con el voto afirmativo de los bloques Frente Cambia Jujuy (oficialista) y el Frente Justicialista (peronismo). Luego de la brutal represión, los representantes de los pueblos originarios anunciaron que mantendrán los cortes de ruta —22 en toda la provincia—, y que llevarán su reclamo a Buenos Aires y a los organismos internacionales (...)
Represión
La brutal represión del martes, que duró cuatro horas, dejó como saldo al menos 170 heridos, 69 detenidos (cinco menores), y la presentación de 51 habeas corpus. A última hora de ese día, un nutrido grupo de personas, entre familiares, activistas y abogados, se agolpaban a las puertas del penal del Alto Comedero donde habían sido alojados la mayoría de los detenidos, en búsqueda de información. En las imágenes que se vieron durante las masivas detenciones se pudo observar, no solo detenciones arbitrarias, sino que los vehículos en los que se trasladaba a las personas detenidas no tenían identificación, y que hubo allanamientos y redadas en barrios aledaños al centro de la capital.
Nelson Mamani, un manifestante al que se vio tendido en el suelo en medio de un charco de sangre, debió ser operado de urgencia y permanece internado. El fin de semana, Mijael Lian Lamas, de 17 años, perdió un ojo luego de que un policía le disparara a la cara con una bala de goma. Si bien a última hora de ayer se anunció la liberación de dos integrantes de la agrupación HIJOS Jujuy, que habían sido detenidas durante la manifestación, también se supo que algunos de los presos que aún permanecen detenidos podrían ser imputados por los delitos de resistencia a la autoridad, daños a los bienes públicos y por impedimento a las tareas de los funcionarios públicos, en grado de tentativa. Las dos integrantes de HIJOS fueron liberadas por ser testigos protegidas en juicios de lesa humanidad (...)
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