Joan Cabasés Vega 10 NOV 2023
Las seis toneladas de plomo que Israel dejó caer sobre el campo de refugiados de Jabalia marcan el tono de la operación israelí iniciada el 7 de octubre. Demuestran que la cúpula política y militar del estado de Israel pisa el acelerador al límite con tal de conseguir sus objetivos.
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La venganza israelí no encuentra límite y tampoco parece haber nadie que le ayude a encontrarlo. Tampoco sus patrocinadores estadounidenses, como se podría haber pensado. La semana pasada, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se desplazó a Israel con el objetivo declarado de presionar a los dirigentes israelíes para lograr una “pausa humanitaria”. La misión de Blinken fue un fracaso. Y no solo eso. Su presencia en Tierra Santa no supuso para las autoridades capitaneadas por Benyamin Netanyahu ningún impedimento para darle al gatillo y lanzar misiles de precisión contra hospitales y ambulancias debidamente acreditadas.
Bombardeos como los que se han producido contra la entrada del hospital al Shifa, el mayor de la ciudad de Gaza, o como los que continúan cayendo contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la franja, tienen la capacidad de sorprender incluso a aquellos cuya existencia se basa desde hace semanas en mantenerse con vida entre misiles. “Nunca habíamos visto cadáveres tan quemados ni fragmentados”, decía desde Jabalia Ahmed Kahlout, jefe de los equipos de rescate de la zona con varias guerras en las espaldas: “incluso los huesos están calcinados”.
El choque entre la perspectiva de los dirigentes israelíes y la del derecho internacional es tal que los portavoces del ejército reconocen abiertamente y con expresión tranquila lo que a ojos de expertos en la materia supone una violación del derecho internacional. “Entonces, ¿sabíais que había civiles inocentes en Jabalia y aún así disparastes, es así?”, preguntaba el periodista Wolf Blitzer en la CNN a Richard Hecht, portavoz del ejército israelí. “Es la tragedia de la guerra”, le respondió el militar: “Ya habíamos avisado que se tenían que ir hacia el sur”.
Las seis toneladas de plomo que Israel dejó caer sobre el campo de refugiados de Jabalia marcan el tono de la operación israelí iniciada el 7 de octubre. Demuestran que la cúpula política y militar del estado de Israel pisa el acelerador al límite con tal de conseguir sus objetivos. Según las autoridades israelíes, el comandante de Hamás que Israel aseguró haber eliminado durante el bombardeo de Jabalia justifica la muerte de los 200 civiles palestinos que perdieron la vida. Aunque existen dudas de que aquella operación tenga encaje en el derecho internacional, el paraguas de los EEUU mueve el debate. “No dibujamos líneas rojas para Israel”, repiten una y otra vez distintos líderes estadounidenses. Entre ellos John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los EEUU.
Aunque la Casa Blanca se sienta con la potestad de dar luz verde para que sus aliados se salten las convenciones de los derechos humanos, lo cierto es que “las líneas rojas” ya están dibujadas en el derecho internacional. Y que se respeten esas líneas, que siguen vigentes en tiempos de guerra, es lo que piden los defensores de los derechos humanos de todo el mundo. También los que son residentes de la franja, como Raji Sourani, un destacado abogado y activista gazatí que se pregunta por qué el fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, envia una orden de detención contra Vladimir Putin por su ocupación contra Ucrania, pero no hace lo mismo durante la ofensiva contra Gaza.
Han pasado 35 días y 35 noches de bombardeos incesantes contra una población sitiada y forzada al hambre y a la sed, y el fiscal Khan todavía no ha mandado una orden de detención contra nadie. Pero sí ha dado pistas sobre los posibles crímenes que el ejecutivo de guerra israelí pueda estar cometiendo. “Nada debe impedir que la ayuda humanitaria llegue a los niños y a los civiles”, ha llegado a decir Khan desde el paso de Rafah: “son inocentes, tienen derechos amparados por la ley humanitaria internacional y restringirlos puede suponer una responsabilidad penal”.
“La gente tiene que ver que la ley tiene un impacto sobre sus vidas”, decía más tarde Khan desde el Cairo: “Nadie puede hacer todo lo que quiera para conseguir sus objetivos militares. La aplicación de la ley no es teórica, y la gente ha oído promesas durante demasiado tiempo”.
Israel, la “víctima” que comete crímenes
Como cada ejército del mundo, las fuerzas israelíes cuentan con asesores militares que guían las acciones de las tropas para intentar que se adecuen a la ley internacional. Los más de 11.000 civiles muertos —más de 4.000 de ellos, niños— en poco más de un mes podrían ser una indicación de que el principio de proporcionalidad, así como el de distinción entre civiles y combatientes, no han estado en el punto de mira de los dirigentes que deciden apretar el gatillo. Los líderes del estado de Israel dicen estar convencidos de que Hamás se esconde bajo hospitales como el de al Shifa, en la ciudad de Gaza. El cerco contra este municipio y la falta de combustible que ventile la red de túneles podrían acabar provocando una rendición por parte de los combatientes palestinos, e Israel espera que la demostración de sus tesis puedan justificar las acciones que han llevado a probarlas.
Pero el derecho internacional no cree que el fin justifique los medios. “El castigo colectivo que Israel está aplicando contra los civiles palestinos es un crimen de guerra”, denunciaba el miércoles 8 de noviembre Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. “Y la evacuación forzosa de civiles también es ilegal”, añadía Turk desde el paso de Rafah. De hecho, el humanitario lamentó que las puertas de dicho paso se hayan convertido “en el acceso hacia una pesadilla viviente” donde dos millones de personas viven “sufocadas, luchando por lograr el acceso a agua, comida, electricidad y combustible mientras se encuentran bajo los bombardeos persistentes”.
Las palabras de Turk son duras, pero lo son todavía más las del alto cargo humanitario de las Naciones Unidas que dimitió para poder hablar con la determinación que no encontró en la institución para la que trabajaba. El ya ex director de la Oficina en Nueva York del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Craigh Mokhiber, asegura que la franja de Gaza sufre “un genocidio de manual”.
“Este genocidio que estamos presenciando es producto de décadas de impunidad israelí proporcionada por EEUU y otros gobiernos occidentales”, decía Mokhiber en sus propias redes sociales después de presentar su renuncia. Mokhiber considera que los hechos actuales también llegan después de décadas de deshumanización del pueblo palestino por parte de los medios de comunicación occidentales. “La solución de los dos estados ha sido utilizada como una cortina de humo”, denuncia Mokhiber: “y esta cortina de humo ha tapado la continua desposesión contra los palestinos, así como la persecución o las violaciones graves [de los derechos humanos]”.
Sin observadores no hay rendición de cuentas
Los investigadores de Amnistía Internacional han podido demostrar que el ejército israelí ha disparado fósforo blanco contra municipios densamente poblados del sur del Líbano. La utilización de esta sustancia, capaz de producir quemaduras en la piel y de provocar incendios, está prohibida en zonas pobladas. “El ataque contra el municipio libanés de Dhayra del pasado 16 de octubre tiene que ser investigado como crimen de guerra”, dice la organización: “fue un ataque indiscriminado que hirió a al menos nueve civiles libaneses”.
Israel habría disparado la misma sustancia contra la franja de Gaza, el lugar más densamente poblado del planeta, en repetidas ocasiones durante las últimas semanas. Pero a diferencia de lo que ocurre en el sur de Líbano, la ausencia de observadores sobre el terreno y el asesinato de periodistas supone una dificultad para demostrar los crímenes perpetrados por Israel. La continua muerte de los periodistas gazatíes, que son los ojos de la comunidad internacional, dañará la perspectiva palestina de conseguir que los hechos ocurridos estas semanas en la franja de Gaza puedan algún día ser investigados por algún tribunal (...)
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