Iker Rioja Andueza
Tras abandonar Álava por Sobrón, una carretera sinuosa bordea el río Ebro –muy caudaloso en esta época del año– y cruza túneles excavados en la roca. A unos kilómetros, ya en el Valle de Tobalina, un cartel de “Central Nuclear” obliga a poner el intermitente justo antes de llegar a Barcina del Barco, un pueblo de 75 habitantes de la provincia de Burgos. La ruta cambia el asfalto por otra superficie más rugosa y cruza el río por un puente. De frente, ocupando todo un meandro del Ebro y detrás de un cercado con verjas de unos cinco metros de altura, concertinas, cámaras y hasta tres jaulas con perros, se yergue Santa María de Garoña. El dictador Francisco Franco, grabado por el NO-DO, encendió esta planta de generación eléctrica en 1971 –“la más grande de Europa”, se dijo–, que cesó su actividad en 2012 sin que la producción energética española se resintiera, quedó clausurada definitivamente en 2017 y este 2023 ha empezado su desmantelamiento. “El cierre de Garoña es irreversible”, zanja Manuel Ondaro, ingeniero de minas, artífice del proceso de descontaminación de la central José Cabrera de Zurita y ahora al frente del equipo que, desde julio, ha empezado con las complejas tareas para acabar demoliendo la planta burgalesa que tenía tanto apoyo en la comarca donde estaba –a pesar de las pastillas de yoduro potásico almacenadas a montones para posibles emergencias– como oposición en las vecinas tierras vascas.
Santa María de Garoña era propiedad de Nuclenor, una sociedad participada al 50% por Endesa y al 50% por Iberdrola. Ahora se ha transferido a Enresa, una sociedad pública estatal especializada en la gestión de residuos nucleares. Dispone de diez años y de 655 millones de presupuesto –el equivalente a cuatro años y medio de la capacidad de gasto total de la Diputación de Burgos– para extraer con seguridad 2.505 'pilas' de uranio a razón de 270 kilogramos cada una, para desmontar el reactor y las turbinas y, tras otras complejas tareas, para acabar derribando los grandes edificios que han dibujado el 'skyline' del valle en las últimas décadas. Ondaro lidera un equipo de 31 profesionales de Enresa. La medida de la importancia de la operación la da que en Vandellós I fueron seis y, en la José Cabrera de Zurita, quince. Además, 70 trabajadores de Nuclenor se han quedado para esta nueva fase y se calcula en 185 los operarios de “empresas colaboradoras”. Serán casi 300.
Es un proceso de dos fases, una primera de tres años y una segunda de siete. Si todo va bien, este lugar será historia en 2033 y solamente quedará aquí un almacén temporal con los residuos más peligrosos. España no prevé abrir un cementerio nuclear –técnicamente “almacenamiento geológico profundo”– hasta 2073 y ni siquiera baraja una ubicación aún. Los restos menos peligrosos –de radiación muy baja, baja o media– viajarán a El Cabril, en Córdoba. Hay una estimación de que se enviarán allí unas 2.000 toneladas. El resto de materiales no radiactivos, otras 2.000 toneladas, si son reciclables, se reaprovecharán, como los de cualquier industria. Enresa entiende que Nuclenor ha mantenido en “buenas” condiciones las instalaciones durante estos años y facilitado el proceso. Se le devolverá el solar al término del plan.
En España, según datos de Enresa, apenas el 20% del 'mix' energético actual lo aportan las nucleares. De hecho, el consumo máximo ronda los 40.000 ó 45.000 MW/hora cuando la capacidad máxima es de 100.000. Quedan cinco plantas atómicas abiertas, con siete reactores. Son relevantes en el sistema pero no imprescindibles. De hecho, cuando se desconectó Garoña no hubo un apagón. Ni mucho menos. 300 ó 400 aerogeneradores pueden producir los 460 MW/hora de electricidad que tenía como pico máximo de producción esta planta burgalesa (...)
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