Las respuestas judiciales a las demandas planteadas en Estados Unidos y ante la Corte Internacional de Justicia contra el genocidio de Gaza no son sólo fundamentales para la vida de las personas palestinas e israelíes, sino que servirán de precedente moral para el futuro
Tras más de tres meses desde el inicio de la masacre en Gaza, llegan días muy importantes para el futuro del Derecho Internacional Público. El pasado noviembre, el prestigioso Centre for Constitutional Rights de Nueva York, en representación de las organizaciones palestinas Defense for Children International y Al-Haq, presentó una demanda ante la Corte Federal del Distrito del Norte de California de Estados Unidos contra el presidente Biden, el secretario de Estado Blinken y el secretario de Defensa Austin, por la falta de prevención y la complicidad ante el riesgo de genocidio fruto de las acciones militares que Israel está llevando a cabo en la franja de Gaza.
Según la demanda, la estrecha cooperación entre ambos estados estaría incumpliendo las normas imperativas, elementales e inderogables del Derecho Internacional Público de prevenir todo acto de genocidio. Un genocidio que, como se ha señalado, sería “de manual”, y traspasaría el límite de décadas de despojo, expulsión, tortura, asesinato, discriminación y apartheid en los Territorios Ocupados. Una inercia terrible de odio y deshumanización que, si bien se ha disparado ante el condenable e inhumano atentado de Hamás, no puede justificar en ningún caso el genocidio.
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