Un primer mapeo periodístico en varios países de Centroamérica y España muestra que la mayoría de las niñas que sufrieron abuso sexual no recibieron la atención necesaria. De hecho, la mayoría fueron abusadas en su entorno familiar o cercano, con la complicidad del silencio.
Esta publicación es parte de la colaboración con la alianza de periodismo colaborativo otrasmiradas.info
Aumentan. Los registros de abusos a menores aumentan, en este período después de la pandemia. La mayoría de los abusadores son hombres del entorno familiar o cercano. La mayoría de las víctimas, niñas. Más de 20.000 casos de menores agredidos sexualmente se reportaron en Guatemala, durante el último gobierno; casi 8.000 el último año en Costa Rica, mientras que, en España, unos nueve millones de personas habrían sido abusadas en la infancia, uno de cada cinco personas, según estimaciones del Consejo de Europa. En el mundo, uno de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres, según la OMS.
Estos son solo algunos datos de los cuatro países en los que hemos empezado a medir la magnitud del abuso sexual. Son la punta de un iceberg bajo el que se extiende un gran silencio.
Uno de los problemas es que el abuso sexual se trata como un delito con implicaciones individuales o familiares concretas. No como un problema social. Pero si el 20% de la población de un país, según estimaciones cautelosas, ha sido abusada en su infancia, estamos hablando de una sociedad quebrada, con traumas que no tenían que haberse producido.
La información de la que se dispone principalmente es la de los casos que llegan a ser denunciados o pasan a juicio. Sólo en Costa Rica, se reciben 10 denuncias al día. Algunas organizaciones se atreven a hacer estimaciones en que la cifra real resultaría multiplicando por 10 las reportadas. Un subregistro doloroso.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) facilitó un marco de sugerencias para mejorar la prevención a este problema. Y, por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó, en 2020, que, aunque más del 90% de los países de las Américas disponía de servicios de clínicas para menores víctimas de violencia sexual, tan sólo un 26% reconoció haberlas atendido, sin que el componente de salud mental estuviera incluido en los servicios prestados a muchos de los casos.
En algunos Estados, el déficit de la respuesta no está vinculada a la legislación. Hay casos paradigmáticos que provocan que los legisladores se pongan las pilas. En Nicaragua, una sentencia muy contundente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2018, provocó que se desarrollase un protocolo legal de atención, aprobado en 2020. El caso se refería a una niña violada por su propio padre en el año 2000. La Corte señaló al propio Estado como responsable de no garantizar, en su día, el acceso a la justicia de la niña, así como de ejercer violencia institucional contra ella y su familia. Igualmente, en Guatemala, una niña de 12 años, llamada Angelina, que fue violada por el patrón de la finca en la que vivía y dio a luz a gemelos en 2019, supuso un shock en el país y dio paso a una ley con su nombre. Aún está estancada en el Congreso a la espera de que el nuevo gobierno la haga avanzar. Los violadores de sendas niñas quedaron libres en su momento.
La pregunta es si los Estados tienen, quieren y disponen de los recursos necesarios para aplicar las leyes y protocolos que deberían proteger a las y los más pequeños.
Si la primera obligación de un Estado es proteger a sus ciudadanos más frágiles y vulnerables, es llamativo que esta forma cruel de violencia no está presente en las portadas, o en grandes campañas de prevención. Pero ¿acaso está en nuestras conversaciones, en las reuniones del colegio, en las clases de educación sexual? Algunas estimaciones indican que cuando hay sensibilización, se denuncia más, y lo suelen hacer las mujeres, madres y profesoras, además de organizaciones de apoyo (...)
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