Profesor de Secundaria. Zaragoza. Cándido Marquesán Millán
15 de Abril de 2017 h
ttp://www.nuevatribuna.es/opinion/candido-marquesan-millan/rebelion-jubilados-chilenos-aviso-navegantes-despistados/20170415101753138776.html
Los medios de comunicación y los políticos nos dicen que España tiene
un grave problema: el envejecimiento de su población. Es cierto tal
hecho demográfico. Según el Instituto Nacional de Estadística, la
esperanza de vida en 2015 llegó a 82,7 años, siendo de 80,3 en 2005. En
los hombres 79,9 y en las mujeres 85,4. La población mayor de 65
asciende a casi 8,7 millones a 1 de enero de 2016; de estos 8,3
españoles y unos 350.000 extranjeros. Cara el futuro la esperanza de
vida seguirá incrementándose, y alcanzará en 2031 los 83,2 en los
varones y los 87,7 en las mujeres. En 2065, de mantenerse la tendencia,
la esperanza de vida podría alcanzar los 88,6 en los varones y 91,6 en
las mujeres.
Tal incremento de la esperanza de vida supone que los españoles
vivimos cada vez más, lo que entiendo es bueno. Lo malo sería que
viviéramos cada vez menos. No obstante, a algunos parece que no les
importa, como dijo un alto dignatario japonés: ¿por qué no se mueren los
viejos? Los políticos, periodistas, economistas y académicos, cuando
hablan del problema del envejecimiento de la población española, lo
relacionan con el mantenimiento de las pensiones públicas, ya que cada
vez habrá menos trabajadores y con sueldos más bajos, por lo que se
reducirán las cotizaciones a la S.S. Y al repetirlo de una manera
machacona, con aviesas intenciones «Este mes ha habido que sacar no “sé
cuantos millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar
la extra» o «Para la próxima ya no hay suficiente», va calando en la
sociedad española la idea de que los jubilados están poniendo en quiebra
las finanzas del Estado, de que están «robando» al Estado porque tienen
la manía de querer cobrar la pensión, algo que asumen muchos jubilados y
cada vez más sectores de la sociedad. ¿Por qué no publican todos los
meses los costos en rescates de autopistas, en armamento o en la
corrupción? Sobre este tema me detendré más adelante. Es una práctica
del sistema neoliberal, el enfrentar a diferentes sectores de la
sociedad: al parado con el inmigrante porque le «quitan» el puesto de
trabajo, a los jóvenes con esos sueldos miserables con los jubilados
porque tienen una pensión «asegurada».
Malos tiempos en los que hay que demostrar y defender lo obvio. Los
jubilados actuales cobran una pensión, porque a lo largo de su vida
laboral han hecho sus cotizaciones, las establecidas por ley cara a una
futura jubilación, de acuerdo con un sistema de reparto. Por tanto, no
es un privilegio es un derecho. Con las cotizaciones de los trabajadores
actuales se pagan las pensiones de hoy. Con las de los pensionistas
actuales, cuando trabajaban, se sostuvieron las pensiones pasadas. Esto
es así, y se sustenta en una solidaridad intergeneracional, que es lo
que propicia una sociedad fuerte. Ni que decir tiene que esa solidaridad
se está fracturando con sus secuelas gravísimas.
Mas da igual. Lo evidente es que un día tras otro nos acongojan los
medios de comunicación y va calando como el agua fina, con la idea del
grave peligro de nuestro sistema de pensiones públicas. Las pensiones
serán insostenibles por razones demográficas: no habrá suficientes
cotizantes para tantos pensionistas. De ahí la necesidad imperiosa de
llevar a cabo reformas. La primera fue del gobierno “socialista” de ZP,
retrasando gradualmente la edad de jubilación, y el cambio de 15 a 25
años para calcular la pensión. La segunda reforma de Rajoy,
introduciendo un factor de sostenibilidad que se basa en: el Factor de
Revalorización Anual por el cual la actualización de las pensiones
dependerá de la salud de las cuentas de la Seguridad Social, no de la
evolución del IPC; y el Factor de Equidad Intergeneracional por el cual,
un incremento en la esperanza de vida disminuye el valor de la pensión.
Mas da igual. Reforma tras reforma no evita que las pensiones públicas
en el futuro serán cada vez más reducidas. En el 2017 los casi 9,5
millones de pensionistas españoles han visto incrementadas sus pensiones
un 0,25%, el mínimo fijado por la ley de pensiones aprobada
unilateralmente en 2013 por el Gobierno del PP. No habrá paga para
compensar la desviación del IPC. Una subida espectacular, si tenemos en
cuenta que más de la mitad de los pensionistas, casi 5 millones, cobran
menos del salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, menos de los
707,6 euros aprobados en el Consejo de Ministros para 2017. De ellos,
1,9 millones (2 de cada 10) percibe entre 600 y 655,2 euros. Un millón
de pensionistas (1 de cada 10) incluso menos. ¿Cómo encajamos estos
datos con el artículo 50 de nuestra Constitución? El cual especifica:
«Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos
durante la tercera edad...» La revalorización de las pensiones del 1,2%
hubiera supuesto unos 1.200 millones de euros. Cifra asumible si la
comparamos con otras mucho más cuantiosas asumidas por el Gobierno.
Veámoslas. La financiación de los Programas Especiales de Armamento
(PEAs), iniciados con Aznar y mantenidos por los socialistas supone hoy
una deuda de unos 30.000 millones de euros. Veamos las artimañas en la
pasada legislatura para verificar los pagos de los PEAs. No constan en
el presupuesto del Ministerio de Defensa, para presentarlo como un
ejemplo de austeridad, mas luego los pagan recurriendo a Real Decretos.
La Ley de Presupuestos de 2012 dotó con 4,95 millones de euros la
partida destinada a pagar armamento, y en julio de ese año el Congreso
de los Diputados publicó el Real Decreto-Ley 26/2012, por el que se
aprobaron recursos extraordinarios de 1.782 millones de euros para el
Ministerio de Defensa. La Ley de Presupuestos asignó al Ministerio en
2013, 2014 y 2015 una partida de 6,84 millones de euros respectivamente
para hacer frente al pago de los PEAs, sin embargo, la Administración
recurrió a los créditos extraordinarios, con 877,3 millones en el 2013;
883,6 en 2014 y 846,9 en 2015.
En la pasada legislatura hubo 4.398,8 millones para misiles, tanques, aviones, helicópteros.
Más todavía.
El Ejecutivo pagó 1.350 millones a ACS en compensación por la plataforma Castor.
¿Cuánto nos costará el rescate de la quiebra de las autopistas radiales
de Madrid? Según la patronal de las grandes constructoras unos 5.000
millones. La factura que las autopistas en quiebra dejan al Estado tiene
una partida llamativa: la de las expropiaciones, que ascendía, a fines
de los 90, durante el Gobierno de Aznar, cuando se estimaron, en
conjunto, a 387 millones. Al final se dispararon hasta 2.217 millones.
Una desviación de 1.830 millones, casi seis veces más. Los precios por
estas expropiaciones crecieron exponencialmente por las sentencias de
los tribunales, a raíz de la ley del Suelo de 1998 de Aznar, al valorar
que los terrenos no debían considerarse rústicos ya que había
expectativas de urbanización. Dentro de la más estricta ideología
neoliberal, se trataba de la búsqueda de nuevas plusvalías en el espacio
dentro de sus diferentes concreciones, esto es, el suelo urbano, la
construcción de infraestructuras, transportes y equipamientos
relacionados, etc. Entre los beneficiados había conocidas familias
(Franco, Serrano Suñer o Abelló).
Para pagar misiles o rescatar las autopistas se emite deuda pública. Lo mismo puede hacerse con las pensiones.
Mas da igual. Ellos a lo suyo. La conclusión clara: han de
potenciarse las pensiones privadas. Una de las ideas básicas del sistema
neoliberal. Un engaño más.
En un aviso a navegantes, me fijaré sobre lo que supuso el paso de un
sistema público de pensiones de reparto, a uno privado en Chile en
tiempos de Pinochet. La creación de un sistema de capitalización
individual a través de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs)
responde a un doble fundamento de corte neoliberal. Primero, una
exaltación del individualismo que relega las soluciones colectivas para
articular la solidaridad. Y, segundo, la firme creencia en las virtudes
taumatúrgicas de la reducción del papel del Estado y de la paralela
expansión del mercado.
Las AFPs son la creación más emblemática del neoliberalismo chileno, hijas del cálculo y la imaginación de
José Piñera,
ex ministro de Trabajo del régimen de Pinochet y hermano de Sebastián
Piñera. De raíces democristianas, José Piñera, a fines de la década de
1970 pasó a integrar el círculo de jóvenes talentos reclutados por
Pinochet para “modernizar” el país. Para desmantelar el Estado, recibió
del gobierno plenos poderes para sustituir el sistema público de
jubilaciones y pensiones, supuestamente deficitario, y remplazarlo por
uno de ahorro privado. Con ese cambio todos los trabajadores fueron
obligados a entregar un porcentaje de sus sueldos a las AFPs, sin que
hubiera aporte alguno de los empleadores. La excepción:
los militares quedaron al margen y hoy siguen jubilándose con el 100% de su último salario
.
En el sistema de pensiones privado chileno el empresario retiene a
los trabajadores un 12,4% del sueldo; 10% para el fondo de pensiones, 1%
para el seguro de invalidez y 1,4% para gastos y beneficios de la
gestora AFP. El empleado elige la AFP. Puede cambiar de administración o
de fondo cuando quiera. La única reforma fue realizada en el 2008, en
el primer gobierno de Bachellet, que introdujo una pensión básica
solidaria para el 60% más pobre de la población, así como correcciones
en los aportes de pensiones para compensar a mujeres y jóvenes.
Según la Fundación Sol, más que para beneficiar a los cotizantes el
sistema de AFP sirve para dar financiamiento barato a las grandes
empresas, en las cuales las administradoras invierten mediante acciones.
Según Marco Kremerman, los grupos empresariales son así subsidiados por
los trabajadores y obtienen fondos a una tasa de interés más baja que
la imperante en el mercado. Unos 170.000 millones de dólares contiene el
cofre de las AFPs.
La mayoría de los jubilados cobran una pensión media de 270 euros,
inferior al salario mínimo, que es de 346 euros. Solo entre el 2010 y el
2015 las AFPs duplicaron sus beneficios, ganando en conjunto 765
millones de euros el año pasado. Una comisión creada en 2014 por
Michelle Bachelet para estudiar la reforma del sistema de previsión
concluyó que el 79% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y
el 44% están por debajo de la línea de pobreza. La Fundación Sol estima
que, al jubilarse, la mitad de los trabajadores que cotizaron durante
tres décadas recibirían una pensión que no superaría el 22% de su último
sueldo. Importes alejados de los anunciados por Piñera, que prometió a
todo trabajador una jubilación mínima del 70% de su salario.
La plaza de la Constitución de Santiago de Chile simboliza el centro
de poder. Allí está el Palacio de la Moneda bombardeado por Pinochet en
1973. En esa plaza falleció de un infarto, hace dos años,
Mario Enrique Cortés,
de 80 años. Pinochet también bombardeó la tercera edad porque Mario
murió en pleno invierno mientras trabajaba para una empresa de
jardinería, como muchos ancianos chilenos obligados a seguir trabajando
porque cobran pensiones misérrimas.
Se levantaba a las 4 de la
madrugada para llegar a tiempo a su trabajo desde la comuna de El
Bosque; su trabajo iniciaba a las 6 y finalizaba a las 3 de la tarde.
Tanta
injusticia tenía que generar un movimiento ciudadano de
protesta. En julio y agosto pasados se produjeron grandes
manifestaciones en muchas ciudades chilenas coordinadas por “
No+AFP. Por un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito y administrado por el Estado”. E incluso un paro nacional el 4 de noviembre pasado. Hechos ninguneados por la prensa española.
Hecho está el aviso para navegantes despistados.
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OTRA COSA:
La reserva global de semillas en el Ártico se inunda por culpa del calentamiento global
Marina Abramovic Institute
