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ahorran dinero a los contribuyentes porque de no ser provistos
públicamente deberían adquirirse en el mercado.
Los retos del empleo público IGNACIO ZUBIRI. Catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco
Hay quien parece considerar que los empleos públicos son una carga cada vez más inasumible que debe ser soportada por el sector privado. Esta visión es tan absurda como simplista porque la sostenibilidad de lo público tiene que ver con el nivel de gasto y no con el de empleo público. Y, desde una perspectiva comparativa, el gasto público España no es alto. Gasta, por ejemplo, seis puntos menos del PIB que el promedio de la Eurozona.
Los funcionarios proporcionan bienes, servicios que, en muchos casos, ahorran dinero a los contribuyentes porque de no ser provistos públicamente deberían adquirirse en el mercado. Un médico de la sanidad pública tiene un coste en impuestos, pero si no existiera el contribuyente tendría que pagar a un médico privado. No tiene más sentido decir que los funcionarios viven de los demás trabajadores que decir que los médicos privados viven de los demás trabajadores.
En realidad, además de los funcionarios hay muchas empresas y empleados privados que se financian con impuestos. Entre ellos, los propietarios y los trabajadores de muchas constructoras, quienes trabajan en colegios concertados y en general todos los que venden al Sector Público. Más aún, los empleos que se contabilizan como públicos pueden depender de cuestiones organizativas. En varios países la sanidad pública la prestan médicos privados (pagados por el sector público). Y lo mismo ocurre en España con los docentes de los colegios concertados.
Por ello el número de empleados públicos es una variable sin demasiado interés desde el punto de vista económico. En todo caso en 2016 el empleo público en España fue el 15% del total. Esto está por debajo del promedio de la UE (16%) y a una distancia considerable del empleo público de Suecia (29%), Dinamarca (28%) o incluso Francia (22%). Con niveles de paro más similares a la media de la UE, la cifra de España sería de las más bajas de la UE. Carece de sentido, por tanto, decir que en España el Sector Publico contrata demasiada gente y que es insostenible.
Sí es cierto que el funcionariado en España está plagado de problemas de eficiencia. El acceso está controlado por pruebas memorísticas de escaso valor y muchas veces, especialmente en los niveles más altos, un porcentaje significativo de las plazas se otorga de forma poco transparente y corporativista. Dentro de la Administración, el amiguismo y la fidelidad política alcanzan niveles preocupantes en los nombramientos de jefaturas intermedias y superiores de cierto nivel. Como resultado, muchas veces no decide el más capaz sino el más amigo o más fiel al que manda.
La función pública está plagada de controles ex ante y ex post. Pero son controles que tienen que ver más con si se ha cumplido la legalidad que con si se han tomado las decisiones correctas. Un elemento importante de la ineficiencia pública es la ausencia de incentivos y sanciones. Una organización no puede funcionar si no se premia a quien lo hace bien y se sanciona a quien lo hace mal. Y en el funcionariado, ni la entrada, ni el sueldo ni los ascensos dependen del mérito. De igual forma, el mal cumplimento raramente tiene penalización.
A veces se achacan los problemas de eficiencia al carácter funcionarial. Sin embargo, la única vía de garantizar la imparcialidad de los empleados públicos es el carácter funcionarial. Especialmente en un país en el que vale más un amigo que un doctorado en Harvard, y en el que los políticos sólo quieren funcionarios afines.
Es, por tanto, necesaria una reforma de la función pública que cambie los mecanismos de selección inicial, permita e incentive la búsqueda de resultados y penalice e incluso permita despedir a quienes no lo hagan bien. Se debe dar más discrecionalidad a los funcionarios ex ante y evaluar resultados ex post. Hay que restringir al máximo la discrecionalidad de los políticos en los ascensos y evitar los corporativismos y la actuación de otros grupos de interés en la entrada y promoción de funcionarios. Debe haber flexibilidad de funciones y movilidad de puestos de trabajo. La formación continua debe ser un requisito.
Finalmente, se deben establecer mecanismos para que los puestos (no políticos) de dirección sean ocupados por los más capaces. Esto se debe completar con una ley que obligue justificar y dar publicidad a los nombramientos de asesores y a la externalización de informes y trabajos que podrían ser realizados por los funcionarios.
