Un blog que nace ante el intento por parte de algunos medios de desprestigiar el movimiento 15M ubicándolo en el marco anarcoperroflauta exclusivamente, ignorando a los miles de ciudadanos que toman las calles pidiendo libertad y justicia
Los sistemas educativos siguen anclados en modelos del siglo XX, que priorizan el aprendizaje memorístico sobre el pensamiento crítico. Aulas superpobladas, sistemas educativos obsoletos, escuelas con financiación insuficiente y el agotamiento docente plagan las instituciones de todo el mundo. La pandemia intensificó estos problemas
Un grupo de estudiantes en una de las aulas de la Universidad Pompeu Fabra en las pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). EFE/Toni Albir (Archivo)
Aulas superpobladas, sistemas educativos obsoletos, escuelas con financiación insuficiente y el agotamiento docente plagan las instituciones de ...
Estamos muy acostumbrados a atribuir a la (falta de) educación muchos de los problemas que nos atañen. Si se detecta que reciclamos poco y mal la respuesta es educación. Si el machismo sigue campando a sus anchas no hay quién advierta que falta educación al respecto. Me acuerdo de un concejal de cultura que advertía que si no se enseñaba en la escuela la significación del cine europeo corríamos el peligro de que la industria norteamericana acabara teniendo el monopolio del sistema. Pero, ¿cuál es la solución al problema de la educación? Poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que cuando hablamos de educación no podemos seguir confundiéndolo con escuela o instituto. Ha costado, pero ahora empezamos a ser conscientes que lo que se decía hace años de los tres periodos vitales (fase formación, fase trabajo, fase recuerdos y prepararse para morir) se nos ha ido complicando. Ahora hay que formarse toda la vida, conviene mezclar formación y labores profesionales o experiencias laborales de manera más continua, y se van difuminando las fronteras entre vida plena y fases vitales críticas. De lo que nadie duda es de que la formación, es decir, la necesidad de educarnos, es algo imprescindible y que no tiene fecha de caducidad ni momento en que esa necesidad deje de existir.
La periodista publica 'Flores de papel', un recorrido novelado a través de tres mujeres de la historia del pueblo saharaui y la colonización de Marruecos.
No está educado el saharaui para hablar de emociones. El colectivo se sobrepone a cualquier dolor o trauma personal. Es por eso que Ebbaba Hameida (Campamentos de refugiados de Tinduf, 1992) ha roto los esquemas habituales al tratar el Sáhara Occidental.
La periodista saharaui publica Flores de papel (editorial Península), una novela donde narra vivencias personales, familiares y colectivas de su pueblo a través de tres mujeres en diferentes etapas del conflicto. Desde que España colonizó el Sáhara Occidental, hasta la invasión de Marruecos y el exilio del pueblo saharaui a los campamentos de Argelia, para llegar a una niña que aterriza en España a principios del s.XXI sin entender nada de lo que pasa a su alrededor.
¿Cómo ha sido todo ese trabajo para conocer la historia de mujeres saharauis en los años setenta y noventa?
Hay una parte muy importante que ha sido la documentación con entrevistas corales, sobre todo con mi abuela, con mis tías, con mi madre... Nos hemos sentado y me han ayudado mucho a reconstruir toda la historia. Pero este relato necesitaba de una documentación histórica, he hablado con historiadores, he hablado con mujeres que vivieron la época colonial... Cada personaje ha tenido su propio proceso. Al principio empecé escribiendo a Aisha en segunda persona, en un intento un poco de autosanación, de autocomprensión, autodefinición de la identidad. Ha sido como mirarme al espejo e intentar contarme a mí lo que yo había vivido.
En el caso de Naima, han sido muy importante mis viajes a los campamentos, para preguntarle a mi madre, pero también a mis tíos, a otras mujeres saharauis... De hecho, es uno de los personajes más ficcionados.
Leila ha sido con voces que conocen la historia, con el relato de mi propia abuela. Luego tuvo un ictus y dejó de hablar, pero esas conversaciones las manteníamos de forma coral y ella utilizaba el lenguaje de los gestos para decirme si algo estaba bien o mal. Ha sido un proceso largo, de muchos años, de mucha escucha y comprensión.
¿Percibes cómo poco a poco el conflicto del Sáhara Occidental cae en el olvido?
Vengo del periodismo y de ver cómo se ha contado el Sáhara. Me he leído todo lo que se ha escrito sobre el Sáhara y yo misma me he dado cuenta de había picos informativos del Sáhara y siempre era desde de vista política, porque es verdad que es un conflicto político y requiere de una solución política, pero muchas veces se deshumanizaba a los saharauis.
Quizás también tenemos que volver a insistir en que si en estos 50 años no ha pasado nada, este es el titular. El Sáhara es una herida que tiene que cicatrizar, pero no cicatriza porque no se quiere ahondar en que España tiene responsabilidad históricas.
A mí me ha costado mucho explicar por qué yo venía tan triste del Sáhara o por qué me había marcado tanto el haber estado separada de mi madre. Y también me costaba mucho comprender las consecuencias que ha tenido esta guerra, que yo no he vivido, pero que sí que he sentido.
Yo buscaba ese trato humano, explicar cómo mi madre y cómo las mujeres de mi vida han vivido el conflicto, que al final no es solo la historia de nuestra familia, es la historia de muchísimas mujeres, de todas las mujeres saharauis.
También ha sido chocante para mi propia familia. Me dicen, "¿Pero, por qué hablas de nosotros, por qué hablas de ti?". Siempre hemos contado la historia en el sentido más comunitario y político. Lo colectivo se ha impuesto a lo individual, porque también estamos hablando de un pueblo que ha vivido luchando por sobrevivir constantemente, que se ha sentido aniquilado, amenazado, ha sentido su identidad en peligro.
El testimonio de Leila, la mujer más mayor, demuestra que la colonización de España no fue tan amable como el franquismo quiso contar.
La convivencia que tuvo mi familia es muy distinta a la que tuvieron los demás, porque además estamos hablando de que ellos estuvieron en una ciudad más pequeña.
Era una zona de mar y mis abuelos venían del desierto. Sus circunstancias eran muy distintas, porque estaban huyendo de una sequía. De pronto se encuentra con que hay comida empaquetada cuando había perdido todo su ganado. Ni pretendo ni consigo explicar del todo cómo fue esa colonización, sería muy ambicioso, pero hay matices. La colonización se impone en el sistema sanitario, en el educativo... No llegar a comprender esa imposición está implícito en el libro. En uno de los capítulos, una mujer saharaui va a dar a luz en un hospital español y ahí hay una mucha violencia.
Es verdad que ha sido una colonización mucho menos agresiva, a mí lo que me ha llegado, lo que yo he intentado investigar y ver no tiene nada que ver con la colonización francesa en Argelia, pero el abandono que hubo después sí fue inédito.
¿Han leído ya el libro en los campamentos?
A mí me daba mucho miedo la reacción de los saharauis, pero porque también el libro es crítico con ellos. Es bastante rebelde en ese sentido, tiene una doble lectura. Comenzar con un tema tan tabú como el sexo, al final es muy chocante, pero también tenemos que empezar a cambiar las cosas.
Cuando estás en Europa te sientes del Sáhara y cuando estás en el Sáhara te sientes europea. Siempre en tierra de nadie.
Continuamente, sí, ha sido la eterna búsqueda. Sobre todo cuando son dos culturas y dos mundos que chocan entre sí, que no quieren entenderse, que no quieren comprenderse, que no quieren ponerse uno en el lugar del otro y que cada uno tira del extremo de la cuerda.
El fiscal encargado del caso pide investigar la “clara inacción” de las administraciones locales, autonómica y estatal en la “grave contaminación” que afecta al territorio de la provincia de Ourense bañado por el río Limia
Los vecinos de As Conchas, un pequeño pueblo junto al embalse del mismo nombre en el municipio ourensano de Lobeira, han presentado una demanda pionera contra las administraciones públicas. Les reclaman que resuelvan el problema de contaminación que afecta a las aguas que se acumulan en la presa porque se están vulnerando sus derechos humanos básicos. En la documentación que han llevado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tres científicos –dos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y un profesor de la Universidad Complutense– firman un informe en el que señalan a las macrogranjas de la comarca de A Limia, río arriba. De estas explotaciones y sus residuos, exponen, proceden los nitratos que alimentan a las bacterias que proliferan en el embalse y que producen toxinas peligrosas. El fiscal ha pedido que se investigue lo que ocurre.
“Es terrible. Me gustaría que hubiese una palabra para describirlo. Es como cuando rompes un huevo y está muy podrido. Es eso, pero multiplicado”, expone Mercedes Álvarez, una de las vecinas que vive frente al embalse en el núcleo de As Conchas y miembro de la asociación de vecinos. El mal olor es una de las consecuencias más tangibles de los crecimientos de las cianobacterias. También el color verde que toman las aguas. Pero las floraciones son, además y sobre todo, un riesgo para la salud de los vecinos. El estudio científico avisa de que hay “un número anormalmente alto de bacterias, algunas de ellas muy peligrosas para la salud” y varias que están clasificadas como resistentes a los antibióticos. Hay entre 32 y 97 millones de bacterias muy peligrosas en una botella de un litro de agua, resume el informe. Y están presentes todo el año porque “se dan las condiciones óptimas para que proliferen”.
El documento es claro también en las conclusiones sobre qué causa esta situación: las granjas intensivas –de cerdos y pollos– de la comarca de A Limia, aguas arriba del río del mismo nombre, que es sobre el que está construida la presa de As Conchas. Las aguas de escorrentía de los suelos de esa zona contienen “altos índices de nitratos y nutrientes de origen ganadero”, que van a parar al Limia y, de ahí, al embalse, que es la primera barrera artificial después de pasar por la zona en la que están instaladas las explotaciones.
El estudio cita los datos oficiales de la Confederación Hidrográfica Miño–Sil y de la Consellería de Sanidade para señalar que evidencian el “empeoramiento progresivo de los niveles de nitrato” en las aguas subterráneas de la llanura de A Limia. En varias captaciones para abastecimiento público “se sobrepasaron ampliamente los límites legalmente establecidos para el agua potable, llegando casi a triplicarlos en los análisis más recientes”. Y recuerda que son múltiples las investigaciones que han establecido una relación entre los elevados niveles de nitratos en el agua bebida y un incremento del riesgo de cáncer gastrointestinal, de vejiga, de próstata, de tiroides, de cerebro y de linfoma no Hodgkin. Además de estos efectos a largo plazo, los niveles excesivos de nitratos tienen otros más inmediatos, como el llamado síndrome del bebé azul (que afecta a lactantes que toman biberón y que se traduce en una dificultad para el transporte de oxígeno en la sangre).
Según los científicos, las “excesivas aportaciones de nitrógeno y fósforo” de la ganadería estabulada son “la causa principal de la eutrofización galopante del embalse de As Conchas”, que ha llevado a las proliferaciones de microalgas y cianobacterias y han “degradado drásticamente el ecosistema y la calidad de las aguas para el abastecimiento de poblaciones, usos recreativos, industriales y agrícolas”. Las consecuencias las ilustra Pablo Álvarez, el presidente de la asociación de vecinos de As Conchas, contando que, cuando lo visitan amigos o familiares, se los lleva a otras zonas: “Mis sobrinas son pequeñas y al embalse no las acerco”. Y recuerda que, hace años, la situación era la contraria y las aguas de As Conchas eran el centro en torno al que se organizaba la vida en el pueblo: “Mi madre nació en As Conchas, que antes se llamaba Pontepedriña porque ahí, debajo del embalse, hay un puente de piedra. Nació cuando aún no había embalse y, cuando lo construyeron, era la zona de diversión, de reunión, de socializar. Ahora es una pocilga”. “Vivíamos de cara al embalse y ahora tenemos que vivir de espaldas”, zanja su vecina, Mercedes.
Pablo Álvarez cuenta que los vecinos tomaron conciencia de hasta qué punto se había deteriorado la situación y empezaron a movilizarse en 2011, cuando hubo una floración de cianobacterias, que se repitió los dos años siguientes, con el calor del verano. Pero el problema empezó antes: el informe científico señala que fue a partir de los 90 cuando empezó a aumentar la carga ganadera y aporta ortofotos del periodo 2004–2007 en las que ya hay indicios claros de una gran proliferación de cianobacterias y algas.
Este vecino recuerda que el año pasado el mal olor tardó algo más en aparecer porque las temperaturas no subieron hasta mediados de julio. Pero lo habitual es que en ese mes “el pueblo apeste ya”. Su vecina Mercedes atiende la llamada de este diario a mediados de mayo y relata que, pese a que no ha hecho mucho calor, ha empezado a percibir el olor. En 2011, cuenta Pablo Álvarez, lo primero que pensaron fue que alguien había vertido algo en el agua, pero fueron investigando y descubrieron que no era así: “Nos contaron que era un alga tóxica que crecía por el exceso de nutrientes en el río. Ahí empezamos a protestar. Lo que dicen los científicos, no nosotros, es que se debe a la carga ganadera de A Limia”.
Una carga ganadera equivalente a casi 2 millones de personas
Esa comarca –el embalse está en la de Baixa Limia– está, de hecho, entre las que se podrían declarar vulnerables a la contaminación por nitratos. Pero la Xunta cree que las certezas no son aún suficientes para dar ese paso. El estudio que acompaña a la denuncia de los vecinos de As Conchas –la demanda la presentaron siete de ellos a título personal junto a la asociación vecinal y la Federación de Consumidores y Usuarios (Cecu), apoyados por Amigas de la Tierra y ClientEarth– constata que el origen son las macrogranjas y descarta otros motivos. Los datos estadísticos oficiales muestran que la carga ganadera en la cuenca del Limia hasta la estación de control de Ponteliñares “sería equivalente a la de entre 1,5 y 2 millones de personas, cuando la población humana es de solo 21.000 habitantes”. Concluye que, aunque todas las aguas fecales se vertiesen sin depurar (lo cual, aclara, “no es en absoluto cierto”), la contribución a la contaminación por nitrógeno y fósforo “apenas sería de entre el 1 y el 1,5% del total”.
La Consellería de Medio Rural sale en defensa del sector ganadero en su respuesta a las preguntas de esta redacción. Admite que la contaminación es un problema en As Conchas, pero duda de las analíticas del Ministerio para la Transición Ecológica para declarar la zona como vulnerable a nitratos. “Pese a contar con estos datos iniciales, por parte del Gobierno gallego actualmente se están llevando a cabo otros estudios con isótopos de última generación para determinar el origen de la contaminación o cuáles son los más determinantes”, indica. Y recuerda que es la propia Xunta la que ha dado el visto bueno a todas las granjas instaladas en A Limia después de evaluar su impacto ambiental. También apunta a la Confederación Hidrográfica Miño–Sil, ya que el embalse está en las cuencas que gestiona: “No puede huir ni ignorar su responsabilidad”.
Los vecinos, expone Pablo Álvarez, acusan a la Xunta de “las tres íes: incompetentes, irresponsables e inhumanos”, pero extienden los calificativos a cinco ayuntamientos de la comarca (Lobeira, Bande, Muíños, Trasmiras y Os Blancos) y a la Confederación Hidrográfica Miño–Sil (CHMS). Contra todas estas administraciones dirigen su demanda. La Confederación, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, tiene entre sus competencias autorizar los usos del agua y los vertidos en las cuencas de estos dos ríos. Asegura a esta redacción que entre 2011 y 2024 tramitó 217 expedientes sancionadores en A Limia por vertidos de aguas residuales, provocados por acciones que causan daño al dominio público hidráulico o por actividades susceptibles de degradar el dominio público hidráulico.
La CHMS señala que hace controles de nutrientes, entre ellos nitratos, en aguas superficiales y subterráneas de la comarca porque “se considera que una de las posibles causas de la eutrofización del embalse de As Conchas es la contaminación difusa de las aguas, procedente de la actividad agrícola y ganadera de la comarca”. Los resultados, recalca, se le comunican de forma periódica a los ayuntamientos afectados y a la Consellería de Sanidade. También apunta que la competencia sobre la gestión de residuos de origen animal corresponde a la Xunta. Y recuerda que, a la vista de los resultados de los análisis, el Ministerio para la Transición Ecológica declaró en mayo de 2022 As Conchas como zona de aguas afectadas por contaminación difusa por nitratos. A partir del mapa elaborado por el Gobierno, la Xunta debe designar las zonas vulnerables, un paso que sigue pendiente tres años después.
“Clara inacción” de las administraciones
El fiscal encargado del caso, Carlos Mariscal de Gante Castillo, pide estimar la demanda e investigar lo que ha ocurrido para que el embalse de As Conchas se haya degradado tanto. Considera que las administraciones demandadas eran conscientes –por los informes y por las quejas de los vecinos– de la contaminación y sus efectos en la población humana y en el medio ambiente, pero no emprendieron “las necesarias acciones” para eliminar o reducir el peligro, en “una clara inacción” de todas ellas. Las administraciones demandadas, insiste, “no solo no ejercieron ningún control sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona ya autorizadas, sino que continuaron autorizando nuevas explotaciones de ganadería intensiva y permitiendo la ampliación de las ya existentes”.
En su escrito, destaca que los informes que acompañan la demanda ponen de manifiesto “la grave contaminación” de la cuenca del río Limia que afecta al suministro de agua y que provoca que del embalse de As Conchas emanen “constantemente bioaerosoles peligrosos para la salud de la población”, además de “un hedor insoportable durante todo el año”. El consumo de agua con estas sustancias, agrega, se relaciona directamente con “infecciones gástricas e intestinales graves, e incluso algunos tipos de cáncer”.
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Los vecinos denuncian que no solo no pueden consumir el agua de sus pozos, sino que no se recomienda usarla tampoco para regar sus cultivos. Mercedes Álvarez pone el ejemplo de un matrimonio ya mayor que ha dejado de utilizarla en su huerta porque tenía miedo a ingerir después los vegetales. Ella misma vincula sus fuertes dolores de cabeza, que aparecen fundamentalmente en verano, con el estado del embalse: “Me empezó hace unos 10 años. Me hicieron un montón de pruebas y no tengo nada. Si es una casualidad, es una casualidad muy grande”. Esta vecina protesta por lo que considera otra dejación de funciones de las administraciones: los avisos cuando se alcanza el nivel 3 y el baño queda prohibido. Asegura que se repiten los episodios en los que ellos mismos alertan del riesgo porque en los paneles la información no siempre está actualizada o la que figura a mayor tamaño indica que la calidad del agua es buena. Los visitantes, insiste, no tienen por qué estar al corriente del riesgo que hay en la zona.
Pablo Álvarez dice que confía que la demanda ante el TSXG prospere y logren una solución. Critica que durante estos 14 años ninguna administración ha prestado atención a su caso y recalca que, pese al eco mediático de sus recientes acciones judiciales, ninguno de los cinco alcaldes ni los responsables de la Xunta o de la Confederación Hidrográfica se han puesto en contacto con los vecinos de As Conchas.
Un juzgado mantiene imputados al comisario de Aguas y al jefe de servicio de la Policía de Aguas y Cauces de la Confederación Hidrográfica del Segura tras una denuncia penal presentada por Ecologistas en Acción, que les acusa de inacción ante un “atentado medioambiental”
El Valle del Guadalentín no es solo la comarca que lidera la economía sumergida en la Región de Murcia, según informes del Consejo Económico y Social de esta comunidad autónoma. Eminentemente agrícola y ganadera, también es un escenario recurrente de delitos relacionados con el robo de agua, como atestiguan las numerosas denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil sobre extracciones ilegales para riego, también de campos de golf.
La impunidad con la que, durante años, han actuado los saqueadores de este bien común y especialmente regulado, ha puesto bajo sospecha a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el organismo de cuenca que ostenta la competencia de inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico.
Su obligación de proteger los recursos hídricos ante posibles alteraciones ha vuelto a ser puesta en entredicho ahora por Ecologistas en Acción, que, en octubre de 2021, y de manera reiterada en 2023, ya formuló una denuncia penal, además de contra la mercantil Explotaciones el Francés, S.L., contra dos altos cargos de la CHS: el comisario de Aguas, Francisco Javier García Garay, y el jefe de servicio de la Policía de Aguas y Cauces, José Manuel Ruiz Sánchez.
El motivo de aquella denuncia era la captación ilegal de las aguas del río Turrilla, un curso que nace por las confluencias de varias ramblas procedentes de las sierras de Burete y la Lavia, cuya fuente se encuentra en Coy y que, tras filtrarse en una sima, surge más abajo en Doña Inés, ambas pedanías del municipio murciano de Lorca, antes de desembocar en otro río, el Luchena.
Dar de beber a los cerdos
Según el escrito de denuncia al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, las acciones llevadas a cabo por Explotaciones el Francés, dedicada a la crianza y venta de ganado porcino, han ocasionado la desaparición del río por desecación, mediante una captación que se realiza de forma “fraudulenta e irregular”.
Las acciones de la organización ecologista estuvieron precedidas por otra, en septiembre de 2021, de la Asociación para la Custodia del Territorio (ACUDE), que denunció ante la CHS el corte del cauce del Turrilla a su paso por la cara norte del cerro del paraje de Don Gonzalo, próximo a Doña Inés. Alertaba entonces de la construcción de un muro de bloques de hormigón en el cauce, que “represaba el caudal y desviaba, presuntamente, el agua para usos ganaderos”.
Semanas después, la coalición de Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, representada por un único concejal en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, corroboraba la denuncia de ACUDE y señalaba la construcción de una “especie de partidor” que servía para nutrir un pantano privado ligado a usos del sector primario.
La coalición de izquierdas lamentaba entonces que buena parte del cauce del Turrilla había sido labrada para plantar cereal, lo que había dado lugar a la desaparición de los árboles de ribera que jalonaban el curso. También, que en la zona en que el Turrilla se une al río Luchena, antes de su desembocadura en el embalse de Puentes, su curso, del que no se respeta el caudal ecológico, aparece “muy mermado” y el daño al ecosistema es “más que evidente”.
Sosa llegó a reunirse con el fiscal especial de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Miguel de la Mata, para denunciar el “atentado ecológico” que se perpetra en el río, quien anunció la apertura de diligencias para investigar la situación medioambiental del Turrilla y que, tras la denuncia de Ecologistas en Acción, se habrían trasladado al juzgado que conoce la causa, el de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Lorca.
A instancias de la jueza que instruye el caso, en 2022 el SEPRONA realizó una nueva inspección en el lugar de la “captación ilegal” –ya había realizado otra el año anterior–, que determinó que “continúa existiendo la presa construida de obra y se sigue produciendo la retención de agua” por lo que esta “no discurre por el cauce y es captada mediante una tubería que discurre subterráneamente hasta una arqueta-partidor” que la reparte “en tres salidas”.
Sobre este asunto, el entonces concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén (PSOE), aludió a un informe de la CHS que justificaba que la presa es una obra de reposición de otra construida en 1956 y que el partidor de regulación en cuestión está amparado en un expediente de 2010.
Sin embargo, la jueza mantiene imputados a los directivos de la CHS, organismo que pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), señalados por Ecologistas en Acción, a los que se atribuyen presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
El papel de la CHS
La explotación del Turrilla tiene su origen en un permiso de captación de agua otorgado en los años 50 del siglo pasado y que, en 1986, con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Aguas, fue actualizado y renovado por otros 50 años, hasta 2036.
En 2003, tras varios cambios en el título de propiedad, se dividió el aprovechamiento, que cuenta con una dotación anual de 126.012 metros cúbicos (m3) para riego en una superficie de 286 hectáreas. Un 20% quedó en manos de una particular, R. C., y el 80% pasó a las de Explotaciones El Francés S.L., que utilizó parte de los recursos para usos no autorizados, fundamentalmente el abastecimiento de las granjas porcinas de su propiedad.
Hasta 2009 la CHS no instó a la mercantil a legalizar esta modificación en la utilización del agua. A pesar del incumplimiento de los plazos legales por parte de la empresa, finalmente, en 2014 autorizó a Explotaciones El Francés a emplear 74.547 m3 al año para riego y 51.465 para uso ganadero.
La CHS tardó otros ocho años más en hacer cumplir a la mercantil una de las condiciones ligadas al cambio de uso del agua: la instalación de un contador volumétrico para medir la cantidad captada, que no fue colocado hasta 2022. Durante todos esos años, fue imposible saber cuánta agua se detrajo del caudal del río, a pesar de la obligación del organismo de cuenca de vigilar escrupulosamente esta extracción, que no debía superar los 4 litros/segundo.
Incluso, una vez instalado, la empresa ganadera podría estar persistiendo en el fraude, denuncian desde Ecologistas en Acción. Este contador se colocó dentro del cauce, antes de la presa construida, que es desde donde se extraería la práctica totalidad del agua y se conduciría hasta las enormes balsas de Explotaciones El Francés, situadas en una zona conocida como “secano rabioso” en la que los pequeños agricultores de la zona llevan años arrancando centenares de almendros secos por la escasez de lluvias.
Paralelamente a la denuncia penal planteada en 2021, estos incumplimientos llevaron a Ecologistas en Acción a solicitar a la CHS la declaración de caducidad de la concesión de aguas subterráneas otorgada a Explotaciones el Francés.
Sin embargo, han obtenido la callada por respuesta. Por ello, el pasado 5 de mayo, la organización ecologista presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, en tanto, “entendemos que nuestra petición se ha desestimado por silencio administrativo, lo que resulta contario a Derecho”, como cuenta José Manuel Muñoz, abogado de la recurrente.
La versión de los investigados
En su declaración en el juzgado de Instrucción 7 de Lorca el pasado año en calidad de investigado, García Garay negó que la CHS, de la que es comisario, hubiera permitido la captación ilegal de aguas del río Turrilla para uso ganadero y agrícola. Aseguró que la denuncia de Ecologistas en Acción tiene un error de base porque el punto de extracción del agua que utiliza Explotaciones el Francés no está situado en el mismo río, sino en el Arroyo de los Campos, localizado a unos 6,6 kilómetros del cauce. Se trataría, según el comisario, de una captación privada que cuenta la autorización otorgada hace más de setenta años y contemplada en el Plan Hidrológico de la cuenca.
Esta redacción ha intentado, sin éxito, recabar la versión de la mercantil Explotaciones el Francés, S.L. En su declaración en el juzgado su propietario sí admitió no haber colocado hasta 2022 el contador exigido por la CHS ocho años antes, en la creencia de que el que tenía la finca era suficiente. Asimismo, aseguró que la empresa se ajustó a los volúmenes permitidos, que el sobrante era devuelto al cauce del Turrilla y que el uso ganadero del agua del río estaba autorizado por el organismo de cuenca.
El coste ecológico de la industria del porcino
Mientras el Juzgado número 7 de Lorca y el TSJ dirimen las querellas y recursos presentados por Ecologistas en Acción, las organizaciones medioambientalistas y el partido político que denuncian los hechos sostienen que la CHS lleva más de una década consintiendo el desvío, para beneficio empresarial, del cauce del Turrilla, en una región teóricamente deficitaria de agua.
En Lorca, con un censo de población cercano a los cien mil habitantes, hay diez cerdos por cada vecino, repartidos en las 663 explotaciones de porcino registradas legalmente en el municipio.
De tradición ganadera orientada a explotaciones de corte familiar, en la segunda década de este siglo, el sector mutó a un auténtico modelo industrial que también cambió las reglas del juego. Antes, el ganadero, vivía cómodamente con la cría de medio centenar de cerdos. Ahora, con la implantación del sistema de integración, se necesita un mínimo de mil cabezas para hacer rentable el negocio. Funciona así: los lechones los pone la integradora y el ganadero está obligado a criarlos con el pienso que le compra a esa empresa, a la que también debe vendérselos al precio que ella ponga.
Los ganaderos, que actúan como nodrizas, también son responsables de los costes medioambientales. Especialmente elevados son los de la gestión de las toneladas de purines que se generan en las macrogranjas, la de los cadáveres de animales y los del agua.
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El cauce del Turrilla en la actualidad, prácticamente seco e invadido por la vegetación. F. JAVIER FERNÁNDEZ PÉREZ
El mantenimiento de la cabaña porcina en Lorca requiere la utilización de unos 4,3 hectómetros cúbicos (hm3) al año, una cantidad superior a toda el agua de boca que consumieron los habitantes de Barcelona el pasado 2024, según datos facilitados por el propio ayuntamiento de la ciudad condal. Todo en una región que ha hecho de la guerra del agua su leitmotiv y cuya clase política reclama insaciablemente más y más recursos hídricos.
Mientras los cerdos del 'francés' se han bebido un río, los habitantes de municipios ribereños de los pantanos de cabecera del río Tajo, Entrepeñas y Buendía, en las provincias de Guadalajara y de Cuenca, sufren desde hace años restricciones en el de abastecimiento de agua potable durante el verano. Un ejemplo más de la insostenibilidad de un modelo de gestión del agua que, lejos de atender al interés general y solucionar el “desequilibrio hidrológico”, lo que ha conseguido es desequilibrarlo todo.
El cauce del Turrilla en la actualidad, prácticamente seco e invadido por la vegetación. F. JAVIER FERNÁNDEZ PÉREZ
El mantenimiento de la cabaña porcina en Lorca requiere la utilización de unos 4,3 hectómetros cúbicos (hm3) al año, una cantidad superior a toda el agua de boca que consumieron los habitantes de Barcelona el pasado 2024, según datos facilitados por el propio ayuntamiento de la ciudad condal. Todo en una región que ha hecho de la guerra del agua su leitmotiv y cuya clase política reclama insaciablemente más y más recursos hídricos.
Mientras los cerdos del 'francés' se han bebido un río, los habitantes de municipios ribereños de los pantanos de cabecera del río Tajo, Entrepeñas y Buendía, en las provincias de Guadalajara y de Cuenca, sufren desde hace años restricciones en el de abastecimiento de agua potable durante el verano. Un ejemplo más de la insostenibilidad de un modelo de gestión del agua que, lejos de atender al interés general y solucionar el “desequilibrio hidrológico”, lo que ha conseguido es desequilibrarlo todo.
