"Es necesario que no miremos hacia otro lado, que el rechazo contra
la utilización de la legislación antiterrorista para criminalizar a los
movimientos sociales sea masivo", pide el abogado
Andrés García Berrio
- Abogado de Arrels Advocats y miembro de Iridia - Centro por la Defensa de los Derechos Humanos. 5/11/2015
http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Traspasando-linea-Terrorismo-movimientos-sociales_6_449065119.html
El cuerpo de los Mossos d'Esquadra, que acaba de cumplir diez años de implantación en Barcelona,
ha sobrepasado de nuevo una línea roja que nunca debería haber cruzado.
Es profundamente preocupante y aberrante aplicar la legislación
excepcional en materia de terrorismo para criminalizar a la organización
del movimiento libertario, es decir, a una parte de los movimientos sociales más críticos con el actual status quo.
La Operación Pandora 1 y su actual réplica que pronto se ha denominado como Pandora 2
se han orquestado desde el área central de información para delitos de
orden público del cuerpo de Mossos d'Esquadra bajo la autorización de la
Audiencia Nacional, un tribunal de excepción heredero del Tribunal de
Orden Público de los viejos tiempos.
El delito de integración en organización terrorista está
penado con penas de prisión que van de los seis a los doce años,
llegando hasta los 14 para aquellas personas que se las considere
líderes de la misma. Asimismo, cualquier actuación delictiva que se
entienda que tiene un carácter “terrorista” ve multiplicada su pena por
dos o por tres. Y se intenta aplicar dicha legislación excepcional tanto
en la Operación Pandora 1 como en ésta segunda etapa a pesar de que los
Mossos no atribuyen ninguna acción concreta a las personas detenidas.
Ninguna.
La investigación se ha dedicado a demostrar
la participación de personas ligadas al movimiento libertario con una
organización denominada Grupos Anarquistas Coordinados a la cual no se
le ha atribuido de manera directa ninguna acción concreta. Estamos
pendientes de que se abra el secreto de sumario de la más reciente de
las actuaciones, pero de la lectura de derechos realizada por agentes de
los Mossos a las personas detenidas así como de la escueta
argumentación del Ministerio Fiscal para pedir prisión preventiva sin
fianza o eludible bajo fianza parece entreverse que no hay acusación de
ninguna acción en concreto.
Categorizar a nueve
activistas sociales como “presuntos terroristas” ha llevado de nuevo a
que un macroperativo de los Mossos asaltase de madrugada y de manera
coordinada al menos 7 domicilios y ateneos libertarios (Sants y Sant
Andreu). Al menos en dos domicilios, debido a que estaban entrando en
casas de “terroristas”, los Mossos despertaron a las personas
investigadas y a sus compañeros de casa apuntándoles con metralletas o
pistolas, generando escenas de auténtico terror al igual que hicieron
hace un año con la operación Pandora 1.
¿Vamos a
naturalizar y aceptar que el cuerpo de Mossos d'Esquadra asalte las
casas de activistas sociales? ¿Vamos a aceptar que el cuerpo de Mossos
d'Esquadra aproveche cualquier operación para asaltar espacios de
encuentros de los movimientos sociales que están amparados por el
derecho fundamental a la libertad de reunión y asociación? En dichos
registros, la mayoría de los cuales se llevaron a cabo sin presencia
letrada, se intervino principalmente material informático, teléfonos
móviles, escritos y discos duros. Al igual que hace un año en la Kasa de
la Muntanya o en el Ateneu de Poblesec.
¿Realmente
se está buscando información que pueda incriminar a personas acerca de
su pertenencia a una “organización terrorista” o más bien el área
central de información está empleando de manera fraudulenta dichas
operaciones para obtener información acerca de personas y colectivos que
forman parte de los movimientos sociales? Hace un año se llevaron
artículos de más de 30 personas, a pesar de que estaban imputadas 11, y
la mayor parte de ellos no se han devuelto. Informaciones personales,
fotografías, e incluso tesis doctorales en construcción. Pero como hay
una investigación abierta en materia de “terrorismo” el derecho a la
intimidad y a la propiedad de las personas afectadas queda de nuevo en
un cuarto plano.
El siguiente paso. Como han sido
detenidas presuntas “terroristas” y se han enmarcado literaria y
jurídicamente las acusaciones bajo dicha legislación de excepción las
personas detenidas son trasladadas a más de 600 kilómetros de su casa
ante un tribunal altamente politizado y en el que las garantías
escasean. Un tribunal que es capaz de dictar con excesiva facilidad
prisiones preventivas. En esta operación, tras el paso de 9 personas por
la Audiencia Nacional, una de ellas, la cual es abogado en ejercicio y
que estaba personado en la causa de Pandora 1, ha sido encarcelada de
manera preventiva. Y seis de ellas han quedado en libertad provisional
después de depositar en total 29.000 euros en concepto de fianza.
Hace meses, la categorización de las detenidas como “terroristas” llevó
a que varias de las personas que en la operación Pandora 1 fueron
encarceladas de manera preventiva se vieran sometidas a un sistema
especial debido a su “alta peligrosidad”. Al menos a dos de ellas, tras
ser integradas en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES),
se las sometió a un duro régimen de aislamiento gracias al cual pasaban
21 horas en su celda solas y sólo se podían relacionar con otra presa.
Categorizar como terroristas a personas vinculadas al movimiento
libertario es traspasar una línea roja que debería alertar a toda la
sociedad. Dicha categorización literaria, social y política no es nueva,
de hecho es bien vieja, y casualmente se ha dado con mayor fuerza en
momentos en los que los sistemas políticos derivaban hacia modelos más
autoritarios. Éste es uno de esos momentos, debido al fuerte golpe que
las leyes mordaza han supuesto hacia nuestros derechos y libertades. La
reciente reforma del Código Penal en materia de terrorismo ha levantado
las alarmas de organizaciones como Amnistía Internacional que elaboró un informe ante la propuesta de reforma, así como de otras muchas organizaciones internacionales.
El concepto de terrorismo se vuelve preocupantemente laxo, se
normativiza el terrorismo individual así como de manera preocupante se
mezcla el concepto de desorden público con el del terrorismo en su
artículo 573 bis 4. El proceso de extensión del concepto de terrorismo
hacia su utilización contra movimientos sociales parece estar en marcha.
Lo ha estado bajo la anterior legislación y en base a la interpretación
realizada por los Mossos en las operaciones Pandora o por la Policía
Nacional en la Operación Piñata. Y lo estará con esta nueva legislación
que eleva el nivel de autoritarismo del Estado Español.
Es necesario que no miremos hacia otro lado, que el rechazo contra la
utilización de la legislación antiterrorista para criminalizar a los
movimientos sociales sea masivo, que no naturalicemos cosas que nunca
deberían haber pasado y que las organizaciones sociales y de derechos
humanos logremos poner este vital punto relativo a nuestros derechos
civiles y políticos en el centro de las agendas políticas. Nuestros
derechos y libertades están ante un descenso que hemos de saber frenar.
Si naturalizamos la extensión del concepto de terrorismo podemos ver que
un buen día cualquier disidente podrá ser acusado de terrorista.
Estamos pasando del todo es ETA al todo es terrorismo.
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