21 de
Abril de
2017 http://ctxt.es/es/20170419/Firmas/12311/editorial-PP-Gurtel-Punica-Lezo-Ignacio-Gonzalez.htm
El camino a prisión
de Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, sella una
semana trágica para el Partido Popular, que se inició con la citación de
Mariano Rajoy como testigo por el tribunal que juzga la trama Gürtel,
en la que el PP está acusado como beneficiario a título lucrativo. En
medio pudimos saber a través del diario El Mundo que Rodrigo
Rato (“el mejor ministro de Economía”, en versión de Aznar) había
empezado a acumular su fortuna a finales del siglo pasado, cuando
privatizaba empresas públicas a toda máquina desde la vicepresidencia
del Gobierno, y más tarde, cuando se convirtió en el primer español en
liderar el Fondo Monetario Internacional.
Ya no convencen a nadie los pucheros de Esperanza Aguirre,
que tiene a gran parte de su equipo en prisión o en el banquillo de los
acusados, una multitud de ranas croando en la ciénaga. Se cierra así,
ojalá que definitivamente, un ciclo que empezó en 2003 con el tamayazo,
un caso de transfuguismo de dos diputados socialistas que impidió
formar gobierno a su oponente Rafael Simancas, y que se prolongaría con
tres victorias por mayoría absoluta cuya presunta financiación ilegal ha
puesto el juez Eloy Velasco bajo la lupa de la operación Lezo.
La actual portavoz del PP en el ayuntamiento de Madrid debe abandonar
la vida política de inmediato dada su pertinacia en rodearse de
presuntos (y convictos) delincuentes.
La detención del consejero de OHL, Javier López Madrid
(del círculo íntimo de los Reyes), y los registros en empresas como
Indra, PWC, Cuatrecasas y otras de Florentino Pérez, tratan de
establecer el itinerario de contribuciones ilegales a las campañas
electorales de Aguirre en 2007 y 2011, a cambio de contratos públicos o
recalificaciones de terrenos, siempre bajo la dirección de un diligente
Ignacio González, que terminó heredando el cetro de la Comunidad de
Madrid una vez que su mentora fracasó en el intento de llevarlo a la
presidencia de Caja Madrid ante, precisamente, Rodrigo Rato.
La actividad instructora del juez Velasco ha chocado con
algunos intentos obstruccionistas de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo
titular, Manuel Moix, ha tratado de impedir el registro del domicilio de
González y se ha opuesto a que en su repertorio delictivo figurara la
constitución de banda criminal, siendo así que la nómina de investigados
incluye al padre de González, a un hermano, a un cuñado, y a su mujer.
En suma, lo más cercano que se pueda imaginar a la familia Corleone.
Lejos de cumplir su función de perseguir el delito, el
fiscal anticorrupción parece más interesado en defender el perímetro del
partido que está detrás de su nombramiento, en línea con el nuevo
fiscal general del Estado, quien a través de ceses y nombramientos ha
provocado fundadas sospechas de que busca la complacencia del Gobierno
antes que una rigurosa defensa de la legalidad. El ministro de Justicia,
tan locuaz cuando se trata de casos que afectan a otros partidos,
debería dar cuenta urgente de ello en el Parlamento.
Nuestra democracia está ya seriamente dañada por los
escándalos que corroen desde hace décadas los contratos públicos,
convertidos en una máquina de corrupción sistémica. Dado que los
políticos muestran un escaso interés por arbitrar sistemas eficaces de
control y rendición de cuentas, solo queda la débil esperanza de que el
sistema judicial sea capaz de limitar los daños. Para ello es
imprescindible que la fiscalía reme en la misma dirección. Y hoy por hoy
no parece que el Gobierno esté dispuesto a permitir que eso ocurra.
Gürtel, Púnica, Lezo, a los que seguirán otros muchos
casos en la Comunidad Valenciana y en Baleares, configuran un panorama
judicial que debería ser insoportable para cualquier Gobierno de
cualquier país. Lo terrible es que, a pesar de todo, el PP sigue siendo
el partido más votado por los ciudadanos, lo que no habla muy bien de la
oposición. Pero se engaña el Gobierno si cree que los votos exoneran
sus responsabilidades. Para que nuestra democracia no se hunda en el
descrédito total, el Partido Popular tiene que asumir sus
responsabilidades por décadas de corrupción y renovar de raíz sus
cuadros directivos. Y debería hacerlo antes de que la comisión
parlamentaria se ponga a investigar sus finanzas.
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