sábado, 22 de junio de 2024

Nora, o cómo parchear el ascensor social roto con becas y pasar de la exclusión social a opositar a la judicatura, de Deva Mar Escobedo

 Deva Mar Escobedo   1 de junio de 2024

 

Lo más probable es que mientras lea este reportaje, Nora El Bouhni esté estudiando. La madrileña oposita para la judicatura y solo descansa un día a la semana. Su esfuerzo es innegable, pero también lo es que probablemente no estaría preparando la oposición si no hubiera sido por las fundaciones e individuos que han movido cielo y tierra para que esta chica en riesgo de exclusión social pueda estudiar. “Si no hubiera tenido la beca no me habría planteado la posibilidad de ir a la universidad”, cuenta la joven, que descarta de plano cualquier opción de que estuviera hoy aspirando a la judicatura sin la mezcla de becas públicas y privadas que han paliado su origen de pocos recursos económicos. Nora pertenece al escaso entre 16% y 21% de jóvenes cuyos progenitores no tienen estudios universitarios que se gradúa en una carrera.

Nora se crió en Tetuán, uno de los barrios con menor renta de Madrid, hija de padre marroquí y madre gitana. Él trabajaba de albañil, mientras que ella se encargaba de la casa y del cuidado de Nora y sus siete hermanas y hermanos. Las familias más pobres envían menos a sus hijos a la escuela infantil, la mitad que las más adineradas, y la estadística cumplió en el caso de Nora: se quedó en casa en esa etapa tan importante para el rendimiento académico futuro. Su grupo de amigas del barrio no le daba mucha importancia al estudio y sus padres “no pensaron que una hija suya podía [llegar a la universidad]”, dice ella rememorando sus primeros años.

Si nadie hubiera intervenido, Nora, como hija de progenitores sin estudios, habría tenido un 50% de posibilidades de quedarse solo con el graduado de la ESO. Entonces entró en escena Ana Fraile, entonces directora del colegio público Pío XII de Tetuán, y Kellanova, la empresa que repartía desayunos al alumnado del centro, Nora incluida. La chica confiesa que “siempre” estudiaba “sin mirar demasiado adelante” ni preocuparse “por lo que fuera a pasar en la siguiente etapa educativa”. Así que de esa previsión se encargaron la profesora y la compañía de cereales: Nora pasaba a ser su protégée y a entrar en un ‘circuito’ de becas públicas y privadas que le permitió llegar adonde la estadística dice que, probablemente, no habría alcanzado con sus recursos familiares.

—Si no hubieras tenido becas, ¿crees que habrías podido…?

—Ni de coña —corta Nora.

—¿Ni con algún tipo de alineación especial de los astros?

—Ni de broma —insiste.

Los primeros años

La calle Bravo Murillo atraviesa el distrito de Tetuán. Es ancha; cuenta con seis carriles para la circulación. La mayor distancia que separa ambos márgenes de Bravo Murillo, sin embargo, es de renta: los barrios del oeste —de elevada proporción de personas migrantes con rentas bajas— tienen entre 6.000 y 8.000 euros menos de renta media anual que los barrios del este —donde comienza una de las zonas más ricas de la ciudad—.

En esa parte occidental con menos recursos se sitúa el Pío XII, el colegio público al que asistió Nora. Entre otras cosas, las profesoras del centro le inculcaron la premisa del ascensor social, aunque es un ascensor averiado para la mayor parte de la población. Haberse criado entre el 20% más rico de España predice que, en el peor de los casos, se acabará entre el 60% más acomodado. Cuando dos adolescentes tienen el mismo nivel de competencias de matemáticas o de lengua, quien es de clase baja tiene cuatro veces más probabilidades de no pasar de curso que el de clase alta, según los resultados de PISA 2018 analizados por Save The Children.

La universidad

En el piso de la familia de Nora se apretaban diez personas: sus padres, sus hermanas y hermanos, y ella misma. No califica el ambiente como agobiante porque “te acostumbras a que duermes con tu hermana mayor y tu hermana pequeña”, pero sí tilda de “horrible para el estudio” un entorno con tanto trajín. Durante la ESO y el Bachillerato, que estudió en el concertado Padre Piquer con una beca del Ministerio de Educación, se iba “todo el día” a la biblioteca para estudiar. En esa época pensaba que, si iba a la universidad, forzosamente tenía que salir de la casa de sus padres para tener un espacio más amable para el estudio. De entrada, era una posibilidad remota: “Económicamente no podíamos y mi familia no valoraba tanto la importancia del estudio”, relata Nora.

No habría bastado con las facilidades de la administración —matrícula reducida por familia numerosa especial y beca del Ministerio de Educación— para poder estudiar fuera de casa. Es posible que la trayectoria académica de Nora hubiera acabado aquí, pero entró en juego Ana Fraile, su antigua maestra. La entonces directora del Pío XII, con quien seguía manteniendo el contacto, habló con Kellanova por si existía la posibilidad de becar la universidad de Nora. La respuesta fue afirmativa: la empresa creó la Beca de estudios Kellogg’s para becar a esta y otras adolescentes excepcionales. A esta dotación para que Nora pudiera salir de casa e ir a la universidad se sumó la fundación Dádoris, y entre todos consiguieron el montante suficiente para permitir que la adolescente se matriculara en la Universidad Autónoma de Madrid y se mudara cerca del campus.

Era la primera de su familia en la universidad, y el inicio del curso fue chocante. Nora dio tumbos entre varios grupos donde sentía que no encajaba, entre otras cosas por la distancia que suponía que “sus padres no tenían las dificultades que yo he experimentado”. Al principio, evitaba mencionar su origen: “Estas carreras no las suele estudiar gente como yo, marroquí y gitana”, cuenta. También notaba una brecha en el nivel de inglés, el buque insignia de la formación de la clase media. “Cuando vives en un barrio de clase obrera lo más importante para tus padres no son las clases de inglés”, reflexiona Nora. Ver el nivel de inglés de sus compañeras y compañeros de carrera no hacía sino acentuar que ella era extraña ahí y constatar que no había tenido “las mismas oportunidades que otras personas”. Lejos de amedrentarse, se lo tomó como una motivación para demostrar que una chica de barrio obrero también se podía graduar en Derecho.

Pero Nora y sus colegas no estaban en la misma posición, por mucho que ella estuviera ‘pluribecada’. “Me ha dado rabia que yo tuviera que esforzarme un montón para sacar las notas que he sacado [para no perder la beca] y ver que otras personas se conforman con un cinco porque pueden”. El criterio de nota para mantener las becas privadas le parece a Nora “entendible” porque “los recursos de las fundaciones no son ilimitados”, pero “cada cual tiene sus circunstancias y no siempre es posible mantener la nota”. Pero lo hizo, y ahora posee el título en Derecho. Sabe que se ha esforzado —“Así lo certifican mis notas”, dice—, pero rechaza la retórica del individualismo: “Ha sido un trabajo conjunto de fundaciones y diferentes personas en mi vida que me han ayudado”, afirma rotunda.

Opositando

Una gran cantidad de colegios concertados disimula mediante conceptos varios una cuota que a veces tiene un objetivo claro: que el alumnado del centro sea de entornos socioeconómicos medios o acomodados. Más allá de huir de institutos públicos sobrepasados, asistir a estos centros tiene una función de networking: hacer contactos que puedan servir en el futuro laboral.

Por sus propios medios, Nora se habría encontrado sola al terminar la carrera. No habría sabido en qué consiste una oposición ni, dentro de la judicatura, apuntar a jueza o fiscala. No habría podido tampoco consultar dudas que le fueran surgiendo durante el estudio. Este hecho lo palió una tercera fundación que aparecía para becarla: la Ubaldo Nieto, que sumó su presupuesto a la nueva remesa de dinero de Kellanova, que amplió sus criterios de beca para seguir apoyando a Nora en la nueva etapa. “Gracias a la fundación [Ubaldo Nieto] pude conocer a una persona que es fiscal y a la que le conté mi situación, que veía que no avanzaba, y me aconsejó. Yo sola no habría tenido esa posibilidad”, relata la ahora opositora (...)



Cuando descubres que tu pareja durante cuatro años es un policía infiltrad, de VÍCTOR LÓPEZ

 VÍCTOR LÓPEZ   30/5/2024

¿Los agentes encubiertos pueden acostarse con terceras personas en el marco de su trabajo? La legislación actual hace malabares para no responder a esta cuestión.

"Los agentes siguen un patrón para escoger a sus víctimas, que son mujeres ideológicamente posicionadas y de una franja de edad determinada". Daniel H.P. mantuvo relaciones sexuales con, al menos, ocho mujeres de distintos colectivos y espacios autogestionados en Barcelona. Las víctimas presentaron una denuncia colectiva por un presunto delito de abuso sexual continuado al considerar que han sido utilizadas por la Policía para adentrarse en distintos movimientos sociales de la Ciudad Condal. ¿Los agentes infiltrados pueden acostarse con terceras personas en el marco de su trabajo? La legislación actual sigue sin dar respuesta a esta cuestión.

La prensa ha destapado hasta ocho casos de policías infiltrados en movimientos sociales de Madrid y Barcelona durante los últimos años. Los colectivos afectados sospechan que la cifra real es todavía más alta, pero el Ministerio del Interior ha rechazado hacer pública la relación total de agentes que desempeñan estas funciones. Los policías, muchas veces, utilizan las relaciones sexoafectivas para ganarse la confianza de los activistas y colarse en las asociaciones sin levantar sospechas. 

Daniel H.P. empezó a colaborar con el centro social La Cinètika de Barcelona para conseguir información de las acciones del colectivo. El agente mantuvo relaciones sexuales con hasta ocho mujeres distintas para labrar su validación dentro del movimiento. "Entendemos que hay que abrir una investigación judicial porque los hechos pueden ser constitutivos de un delito de abuso sexual continuado –por la falta de consentimiento–, así como de un delito contra la integridad moral y un delito de discriminación por motivos de género", señala Mireira Salazar, abogada de Irídia y responsable del caso. La asociación acompaña desde hace un año a las ocho querellantes, aunque sabe que el número de víctimas es todavía mayor.

"Los agentes instrumentalizan a las personas para obtener información. Las relaciones sexoafectivas tienen un claro objetivo y las mujeres son una puerta de entrada para conseguirlo. Los policías consiguen de esta manera la validación que necesitan. Es cierto que también existen víctimas masculinas, pero las mujeres lo tienen más difícil porque están constantemente cuestionadas en la esfera pública", continúa la letrada. Las ocho mujeres aseguran que nunca hubieran mantenido relaciones con el acusado si hubieran sabido que trabajaba como policía infiltrado

Mavi L.F. se adentró en organizaciones ecologistas como Extinction Rebellion entre 2022 y 2023. Víctor de Santos, miembro del colectivo, recuerda en una conversación con Público cómo se comportaba la policía infiltrada. "Estuvo en varias reuniones en mi casa, la intromisión llegó hasta el punto de compartir espacios privados. No tenía escrúpulos y tampoco pisaba nunca el freno. Se acostó conmigo para pasar desapercibida. Es muy fuerte que la Policía Nacional, con nuestro dinero y nuestros impuestos, haga este tipo de cosas", critica el activista. Víctor se enteró por la prensa de que había mantenido relaciones sexuales con una agente infiltrada, pero no llegó a presentar ninguna denuncia.

El Movimiento Antirrepresivo de Madrid también ha sufrido en varias ocasiones las consecuencias de tener a un policía infiltrado entre su militancia. Sergio G.A. entró primero en el colectivo antifascista Distrito 14, donde empezó una relación con una compañera. "Han sido pareja durante cuatro años y han vivido juntos prácticamente desde el principio. Tenía toda la información en casa. Ella lo dejó antes de que se destapara el caso", cuenta Marco, miembro de la plataforma. El agente acabó colaborando con el Movimiento Antirrepresivo de Madrid a raíz de la ruptura, porque había perdido su principal fuente de contenidos. 

"La compañera se quedó hecha polvo, pero no solo ella, también las personas con las que [Sergio G.A.] había entablado una fuerte amistad. Estas son las cosas a las que nos exponemos cuando salimos a defender nuestros derechos. La Policía no tiene ningún pudor, puede meterse en tu cama con tal de perseguirte por plantarle cara. El Estado no respeta los derechos fundamentales, ha empezado una guerra sucia contra nosotros. La verdad es que me parece una falta de ética tremenda", continúa el activista. El colectivo empezó a sospechar meses antes de que saltase la noticia y trató de cercar a la policía infiltrada

(...) ¿Dónde está el delito?

La legislación actual no permite de manera explícita la infiltración de agentes en los movimientos sociales, pero tampoco la impide. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es la única que no cierra la puerta a las investigaciones encubiertas. El texto considera que debe existir una investigación en curso para introducir personal en cualquier colectivo, aunque las reglas no siempre se cumplen. La Comisaría General de Información –organismo del que dependen– funciona en base a la Ley de Secretos Oficiales. La Policía se refugia en normas administrativas que están bajo secreto de Estado para no tener que dar explicaciones", señala Alejandro Gámez, abogado de Red Jurídica.

"No es lo mismo que mantener una relación sexual con una persona que te dice que es pescadera y luego descubres que es fontanera. No es lo mismo, porque hablamos de un agente del Estado. La decisión responde a un mandato, hablamos de personal de los servicios de inteligencia. Los policías trabajan para obtener información, todo forma parte de un operativo que se basa en mantener relaciones sexuales con las personas de las que quieres extraer datos", precisa Mireia Salazar. Los expertos consideran que una cosa es omitir tu profesión al establecer relaciones en tu tiempo libre y otra bien distinta es hacerlo cuando estás trabajando para el Estado.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los policías solo pueden tejer relaciones personales en el marco de una operación cuando disponen de autorización judicial previa. Las fuentes consultadas por Público reconocen que este supuesto es prácticamente una anomalía y critican el modus operandi de los agentes. "Las víctimas han tenido que enterarse por los medios de que las personas con las que habían mantenido relaciones eran policías infiltrados. El impacto emocional es fuerte, pero también la incertidumbre, porque nadie sabe a qué datos personales han podido acceder", advierte la abogada de Irídia. Las víctimas tachan de "juego perverso" estas prácticas y las dificultades para denunciarlas: "Lo de ir a sus propias comisarías para denunciar a los que son sus compañeros es un poco surrealista". 

viernes, 21 de junio de 2024

CTXT. CONTAMINACIÓN DE CLASE: El 10% de los emisores de carbono son responsables de más del 25% de todas las emisiones en España

 ctxt 4/06/2024

La huella de carbono del 1% de los emisores superiores es de 53 toneladas de CO2e, mientras que el 40% de la población española emite por debajo de las 5,4 toneladas

El humo de las chimeneas de varias fábricas. / PIXABAY


En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Un aspecto fundamental del cambio climático es que guarda relación con otros problemas, como la desigualdad económica. El concepto de desigualdad en carbono se refiere, principalmente, a la desigual responsabilidad de los individuos en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Un reciente estudio realizado por Stefan Drews y Théo Konc se centra en esta distribución desigual de las emisiones de carbono individuales en España, analizando el modo en el que varían dependiendo de la renta y la edad.

Según los datos de la World Inequality Database para España (WID, 2022), observamos que el promedio de la huella de carbono correspondiente al último año disponible (2020) es de unas siete toneladas de dióxido de carbono equivalentes (CO2e). Esta huella individual incluye tanto las emisiones procedentes del consumo de bienes como las derivadas de inversiones, que atribuyen las emisiones de una empresa a sus propietarios. Si solo tomáramos en consideración el consumo de bienes, la huella media rondaría las cinco toneladas de CO2e.

Cuadro

Seguidamente nos centraremos en los extremos de la distribución de la huella de carbono. El 10% y el 50% de los emisores inferiores presentan una huella de carbono que ronda entre las dos y las cuatro toneladas de CO2e, respectivamente. En cambio, el 10% de los emisores superiores presentan un valor de unas 18 toneladas de CO2e, mientras que la huella de carbono del 1% de los emisores superiores es de 53 toneladas de CO2e. Ello indica una distribución asimétrica de las huellas de carbono individuales en la sociedad. Si tenemos en cuenta el total de emisores individuales, observaremos que el 10% de los principales emisores de carbono son responsables de más del 25% de todas las emisiones.

Uno de los supuestos clave en el que se basan las estimaciones de la WID es que las emisiones aumentan conforme aumentan la renta y la riqueza. Así, por ejemplo, un estudio señala que las huellas de carbono de los millonarios rebasan las 100 toneladas de CO2e (Otto et al., 2020). La razón puede ser obvia: la capacidad económica de estas personas se relaciona con estilos de vida caracterizados por una elevada movilidad, como un gran número de vuelos de larga distancia, el uso y propiedad de una o varias residencias de dimensiones superiores a la media, etc.

Consideremos estas cifras desde una perspectiva un poco más amplia. Si España desea cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones para el año 2030 (una disminución del 29% de las emisiones con respecto al 2019), la huella media tendrá que ser de 5,4 toneladas de CO2e. En torno al 40% de la población española ya emite por debajo de este objetivo. En cambio, para que el 1% de los principales emisores consiguieran alcanzar este objetivo en los próximos años, deberían efectuar una reducción muy significativa –el 92%– de su huella de carbono.

Tal y como se ha señalado anteriormente, la desigualdad en carbono guarda una estrecha relación con la renta y la riqueza. Conforme las personas envejecen, su renta y su riqueza tienden a aumentar. La renta de las personas mayores de 65 años rebasa los ingresos medios de los españoles en aproximadamente el 20% (INE, 2021). ¿Qué ocurre con las diferencias en huella de carbono? Se estima que el promedio de la huella de carbono de los españoles menores de 30 años es de 6,1 toneladas de CO2e, mientras que en el caso de los mayores de 60 años es de 6,5 toneladas. En otras palabras, las personas mayores tienen unas huellas ligeramente superiores, aunque las diferencias son considerablemente menos pronunciadas si se comparan con las diferencias basadas en la riqueza y la renta. En España, en comparación con otros países ricos, las diferencias en huella de carbono según la edad se sitúan entre las más bajas.

En conclusión, las huellas de carbono del 1% de los principales emisores son hasta siete veces superiores a la huella de la persona media. En cambio, aunque las personas mayores tienden a presentar huellas más altas que los jóvenes, las diferencias son pequeñas. Las diferencias en términos de renta y de riqueza son las principales responsables de las diferencias en huella de carbono.

CTXT. IMPERIOS COMBATIENTES Nos llevan a una guerra mayor, de Rafael Poch

 Rafael Poch 4/06/2024

La resistencia rusa está provocando el incremento de la temeridad de Occidente en su ofensiva. Eso obliga a Moscú a prepararse para el escenario de un conflicto aún más directo y largo con la OTAN

Instalación rusa de radar de alerta temprana en Voronezh. / Ministerio de Defensa ruso

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que
 las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” 
patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 
3 euros mensuales, suscribete aquí

El 23 de mayo, Ucrania atacó con drones la estación de radares de Armavir (Krasnodar, al norte del Cáucaso). Tres días después, el día 26, el mismo ataque se repitió contra la estación de Oremburgo (Siberia Occidental), a 1.700 kilómetros al noreste de Armavir. Ambas instalaciones forman parte del sistema ruso de alerta temprana de misiles nucleares. Su función es identificar el vuelo de misiles intercontinentales americanos hacia Rusia. Ninguno de esos radares tiene relevancia en el conflicto de Ucrania. En cambio, esos sistemas son muy importantes en caso de guerra nuclear, porque destruirlos significa cegar la vigilancia estratégica de Rusia. Es decir, son irrelevantes en el actual conflicto, pero cruciales desde el punto de vista de la seguridad estratégica global.

Durante la Guerra Fría (ahora podríamos hablar más bien de “primera guerra fría”) esas instalaciones eran fundamentales para la “destrucción mutua asegurada” (MAD, por sus siglas en inglés), es decir: garantizaban que el primero en disparar sería el segundo en morir, pues una vez detectado el ataque nuclear del adversario americano, que a diferencia de la URSS contemplaba la hipótesis de un “primer golpe”, se ponía en marcha la respuesta soviética que la doctrina informal de la época definía como “sokrushitelny otvetny udar” (el golpe de respuesta aplastante).

Atacar con drones esos radares es algo “difícilmente imaginable sin mediar consulta con los principales aliados de Ucrania y acaso con instrucciones de ellos”, en palabras del experto suizo en seguridad Leo Ensel.

El ataque contra los sistemas rusos de alerta temprana de misiles nucleares ha sido lo suficientemente grave como para que los medios de comunicación rusos lo ignoraran, pero no es el único dato. En los últimos días los principales estados de la OTAN han autorizado a Ucrania a atacar objetivos en suelo ruso con misiles de alcance intermedio y corto (IRBM) que ellos suministran. Así lo han manifestado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; el presidente francés, Emmanuel Macron; el portavoz del canciller alemán; el ministro de Exteriores británico, David Cameron; y todos ellos después de que el jefe, el presidente Biden, “permitiera a Ucrania golpear territorio ruso”, pretendiendo al mismo tiempo que es solo para defender la ciudad de Járkov y que “la política de permitir ataques de misiles de largo alcance en el interior de Rusia no ha cambiado”. Esos misiles de hasta 300 kilómetros de alcance pueden impactar en ciudades rusas como Kursk, Bélgorod, Vorónezh, Rostov y Volgogrado. Recordemos que, en marzo de 2022, Biden decía que “la idea de que vayamos a enviar armas ofensivas, tanques y aviones con pilotos y operadores americanos significaría tercera guerra mundial”.

Hay que tener en cuenta que los disparos de misiles de alcance intermedio y corto de la OTAN por parte de Ucrania “dependen de las directivas americanas en materia de precisión”, como informó The Washington Post en su edición del 9 de febrero de 2023, citando fuentes ucranianas y de Estados Unidos:

“Altos funcionarios ucranianos informaron de que las fuerzas armadas ucranianas casi nunca disparan armas modernas sin recibir coordenadas de posición concretas de los militares americanos desde sus bases europeas. Altos funcionarios americanos reconocieron, en condiciones de anonimato, que su colaboración en la dirección hacia objetivos ayuda a garantizar la exactitud y la máxima eficacia del gasto en munición”.

(...) El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, observa con preocupación que los misiles de la OTAN en Ucrania “tendrán la capacidad de apuntar a puestos de mando [rusos] y emplazamientos de despliegue nuclear”. La semana pasada, Putin advirtió a los países europeos que “antes de empezar a hablar de golpear en profundidad territorio ruso, tendrían que tener en cuenta que los suyos son países pequeños y densamente poblados”.

(...) Las responsabilidades de Rusia (y desde luego también de Ucrania) en la génesis y desencadenamiento de la guerra son claras, sin embargo son mucho menores que las de Estados Unidos y sus vasallos europeos. La opinión pública occidental, que, en general, comprende las criminales responsabilidades de Israel y sus padrinos occidentales en la masacre de civiles en Palestina –responsabilidades que hasta su “justicia internacional” considera “plausible genocidio”–, aún no entiende quién es el principal responsable de la carnicería de Ucrania. “Al fin y al cabo ha sido Rusia la que ha invadido”, se dice, como podrían decir sobre el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre. La comparación es inválida, porque Rusia, a diferencia de Palestina, es la más fuerte, “no es David, sino Goliat”, y los ucranianos tienen derecho a la autodeterminación y a defenderse, se argumenta. Rusia, efectivamente, es más fuerte que Ucrania, pero mucho más débil que las fuerzas sumadas de EEUU y la Unión Europea, que animan la guerra contra ella con armas y dinero desde mucho antes de la invasión rusa de febrero de 2022. Respecto a la autodeterminación de los ucranianos, ¿de cuáles de ellos? ¿Los de Crimea y el Donbás tienen derecho a ella? En cualquier caso, esa autodeterminación ha sido pisoteada por todas las potencias que intervienen en el conflicto y también por el propio Gobierno ucraniano… El debate es más complejo de lo que se ofrece al público. Con un debate serio las responsabilidades de la guerra de Ucrania serían, seguramente, adjudicadas en un 70% a Occidente, con el restante 30% repartido entre la élite rusa y la ucraniana.

Treinta años de desinformación de nuestros medios de comunicación en materia de seguridad europea, así como las propias complejidades del conflicto, explican la incomprensión de la “izquierda de derechas” europea sobre la guerra de Ucrania. Pero, como dicen dos profesores canadienses, “puede que haga falta otra conflagración, esta vez entre China y Estados Unidos, para que el foco se centre en el único y principal pirómano”.

(...) Hay que repetirlo: nos llevan a una guerra mayor y nunca había existido una necesidad tan urgente de un movimiento social por la paz. La cuestión de la guerra debería estar en el centro del debate de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, cuya relevancia no es mucho mayor que la de aquellas en las que se elige a los diputados de la Asamblea Consultiva del Pueblo Chino, o la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte. Solo el voto a las minorías que entienden todo esto será un voto útil.