ctxt 2/10/2024
Actualmente 292.792 personas están en las listas de espera. Durante los primeros seis meses de este año, cada 15 minutos murió una persona esperando acceder a esta prestación
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En la actualidad, 292.792 personas están en las listas de espera del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), según el último informe anual del Observatorio de la Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Miles de personas a las que la burocracia ya ha aprobado como receptores de esta prestación, pero a las que la administración les niega un derecho social esencial para su bienestar.
A pesar de que el total de ciudadanos pendientes de acceder a este servicio parece mostrar una tendencia descendiente desde 2021, año en el cual el Gobierno comenzó a aplicar el plan de choque destinado a reducir significativamente estas listas, esta no parece deberse tanto a las buenas prácticas del Gobierno central y las distintas administraciones autonómicas como al elevado número de personas que fallecen aguardando ser atendidas cada año: tan solo en 2023, fallecieron 40.447 personas. Durante los primeros seis meses de este año, se estima que cada 15 minutos muere una persona esperando acceder a esta ayuda.
A cierre de 2021, 317.942 personas se encontraban en las listas de espera de la dependencia. Esta cifra se redujo a 309.233 afectados en 2022. Datos que en un principio parecen ser positivos se encuentran con unas altas tasas de mortalidad. Durante 2021 murieron a la espera 46.300 personas dependientes. 45.360 durante 2022. Hablamos de personas con necesidades especiales para desarrollar su vida diaria que fallecieron a la espera de acceder al SAAD.
El plan de choque del Gobierno incrementó su aportación para la Dependencia en un 138% entre 2020 y 2023, frente al 9% de las comunidades autónomas. Una inversión anual total de 11.522 millones de euros en atención a la Dependencia: 8.230 millones de euros por parte de las CCAA (71%) y 3.292 por parte del Gobierno central (29%). Este año, al no aprobarse nuevos presupuestos, el escenario se encuentra algo embarrado.
Pese a lo dramático de las cifras, tres gobiernos autonómicos decidieron aliviar las arcas de su región a costa de reducir el gasto en dependencia: Castilla y León se ahorró 34,7 millones de euros, Galicia 6,4 millones de euros y Aragón 3,2 millones de euros. Especialmente preocupantes son los recortes en Galicia, comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente, 16% frente al 23% de la media nacional, y la región que menos porcentaje aporta en dependencia (59%). A esta les sigue La Rioja (59%), Andalucía (62%) y Castilla y León (63%).
Mientras, las CCAA que más aportan son el País Vasco (84%), Navarra (81%), Extremadura (78%) y la Comunidad Valenciana (78%). Las comunidades que más invierten en dependencia por persona son el País Vasco (2.848 €), Extremadura (2.599 €) y Navarra (2.413 €). A la cola se sitúan Murcia (1.504 €), Canarias (1.248 €) y Galicia (1.073€).
A pesar del plan que el Gobierno planteó para reducir los tiempos de espera, y a que la ley de dependencia fue aprobada hace ya 18 años (2006), las ayudas se han visto lastradas por la burocracia y el desinterés o incapacidad ejecutiva de algunos gobiernos autonómicos, escudados primero en las limitaciones económicas de la crisis de 2008 y más tarde en las logísticas de la pandemia. La estimación del Observatorio es que más del 3 % de la población española necesita ayuda para desarrollar con normalidad su vida diaria. Teniendo en cuenta el envejecimiento generalizado de la ciudadanía, la estructura de inversión en este servicio se sitúa lejos de garantizar el acceso a esta prestación de las personas dependientes y el futuro del SAAD.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia el incumplimiento de las administraciones, que “han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel”. Políticas que, en un principio, fueron concebidas como un nuevo pilar del estado del bienestar y que en menos de dos décadas se han visto gravemente dañadas y sin atisbos de mejora.
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