Operación Lezo. Los investigadores ven en el expresidente madrileño la "imagen pornográfica de la corrupción". Carlota Guindal - 15.05.2017
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170514/215978711_0.html
La profesión de Ignacio González es la de técnico superior del Ayuntamiento de Madrid, tras aprobar las oposiciones en 1984. De ahí, dio el salto a la política y, por tanto, siempre ha tenido puestos públicos. Sin embargo, eso no le ha impedido comprarse una casa de un millón de euros en una lujosa zona de Madrid (Aravaca) y otra en Marbella por casi 800.000 euros. Lo que la Operación Lezo ha hecho ha sido destapar la vida de un corrupto.
Las
sospechas sobre las corruptelas en torno a Ignacio González llevaban
muchos años en el aire. Sin embargo, tal y como alegan los
investigadores consultados por este diario, el expresidente madrileño es
la imagen de la impunidad. Ya en 2008, el presidente del Partido Popular y ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
dijo sobre González en el Congreso del partido en Valencia: “No estoy
dispuesto a aceptar lecciones de relativismo de alguien sobre cuya
integridad y comportamiento corren algunas dudas por Madrid”.
A pesar de las dudas que tenía Rajoy sobre González, nunca le paró
los pies y dejó que llegara a la Presidencia de la Comunidad de Madrid,
hasta 2015. En todos sus puestos, como presidente o vicepresidente
madrileño, Ignacio González se hizo con el control del Canal de Isabel II y no permitió nunca que se lo arrebataran.
Cuando González aterrizó en 2003 en la Comunidad de Madrid como vicepresidente, a las órdenes de Esperanza Aguirre, descubrió el pastel. El expresidente madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, había iniciado el saqueo del Canal, según las sospechas de los investigadores. González tenía dos opciones, denunciarlo o callarse y seguir haciendo lo mismo. Optó por la segunda alternativa, como él mismo reconoce en una de las conversaciones que le interviene la Guardia Civil: “Yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos opciones. O reventarlo o arreglarlo”.
Optó por continuar en la estela de Ruiz-Gallardón pero no sin encargar un informe que le acreditara tales irregularidades. Ignacio González encargó y pagó un informe a la firma de abogados Cuatrecasas en el que se destapaban las graves irregularidades en el Canal, con la compra de la empresa colombiana Inassa por 100 millones de euros en el año 2001, por un valor muy por encima del real y sin los dictámenes preceptivos obligatorios para proceder a esa compra.
Con el informe de Cuatrecasas consigue “la llave del silencio” y así se apropia del holding americano, con la ayuda de Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de la filial americana del Canal, Inassa. González era quien lo controlaba y Rodríguez quien ejecutaba. Así por lo menos definen sus papeles los investigadores.
El 'modus operandi' ha sido comprar empresas americanas por un precio muy superior del real, utilizando sociedades interpuestas para ello, para que parte del dinero acabara en cuentas suizas o de otros paraísos fiscales. Todavía queda por calcular todo el dinero desviado pero la investigación hace una valoración inicial de 60 millones de euros que se habrían malversado del Canal, dinero de los madrileños.
Ese dato fue el origen de una investigación que ha destapado la vida de un corrupto. En paralelo, llegó la denuncia de un exempleado de la empresa pública madrileña ICM, Silvano Corujo, que aseguraba que presenció una reunión en la que Ignacio González reclamaba a su jefe de entonces que buscara un millón de euros para tapar las deudas que había generado el PP madrileño durante la campaña electoral de 2011.
Además de sus cargos en la Comunidad, González era secretario general del partido a nivel regional. La UCO tiró del hilo y descubrió que ese millón se consiguió a través de pagos opacos de la empresa Indra, que a cambio recibió adjudicaciones por valor de 15 millones de euros de la empresa pública ICM, dirigida por José Martínez Nicolás, quien después caería junto a González.
La primera pata de la investigación se atrancó al descubrir que el número de cuenta proporcionado por aquellos periodistas no correspondía con ningún código real. Pero después, llegó un tercer periodista con el número de cuenta bueno -fallaban unos dígitos-, para facilitarlo a los investigadores.
Sin embargo, la Guardia Civil volvió a analizar la documentación. Tecnoconcret se había llevado 3 millones de euros en esa adjudicación. Ignacio González había adjudicado esa obra a Dragados y ésta habría presuntamente subcontratado a Tecnoconcret, una empresa sin empleados y sin ninguna especialización en el sector por 3 millones. Esos 3 millones de euros son, para los investigadores, la comisión a Ignacio González por la adjudicación.
“Es la imagen pornográfica de la corrupción”, espetan aquellos que han analizado las conductas delictivas de González. Con los datos ya algo perfilados, la UCO acudió a la Fiscalía Anticorrupción con todas sus sospechas sobre la organización corrupta dirigida por Ignacio González. El Ministerio Público, con la ayuda de interventores del Estado y de la Agencia Tributaria, acabó de perfilar todos los datos y acudió a la Audiencia Nacional.
Cuando arrancó la investigación judicial, en julio de 2016, y se ordenaron intervenir las comunicaciones a los principales investigados -los hermanos Ignacio y Pablo González y Edmundo Rodríguez Sobrino- todas las sospechas cogieron más base: “Te doy dinero y lo pongo en la cuenta, macho, porque estoy tieso”, contaba González a su hermano en la intimidad de su despacho el 24 de noviembre. “¿Dinero B entonces?” preguntó Pablo. “Sí, dinero B”, respondía el número dos de Esperanza Aguirre bajando el tono, y confirmando de forma involuntaria el manejo de fondos opacos de origen desconocido.
Los contactos de su hermano con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el conocimiento de los tres 'jefes' de la organización de que estaban siendo investigados dan fuerza a la idea del juez, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil de que forman parte de una auténtica organización criminal.
El día antes de su detención, González y Rodríguez Sobrino se reunieron con urgencia con Maruricio Casals, hombre fuerte del grupo de comunicación Atresmedia y conocido como el 'Príncipe de las tinieblas' por sus fuertes vínculos con el poder. Los investigadores sospechan que pudieron ser alertados entonces de su inminente detención.
Aún así, González no se libró. El 19 de abril un grupo de agentes de
la Guardia Civil le arrestaba en una calle aledaña a su domicilio. Fue
trasladado a un cuartel. En su primera noche, tenía claro que “no se iba a comer ese marrón”.
Al día siguiente se enfrentó al interrogatorio del juez y de los dos
fiscales. Negó todas las acusaciones pensando que sus protectores no le
iban a dejar caer.
Sin embargo, al escuchar cómo la Fiscalía Anticorrupción solicitaba su ingreso en prisión incondicional y sin fianza, González rompió a llorar. Su cara se desfiguró y no pudo contener las lágrimas por el peor de sus presagios: acabar entre rejas.
El matrimonio González-Cavero, frente a su urbanización en Aravaca (Madrid). Montaje de EL ESPAÑOL.
“Chorros de oro”
“En el Canal es donde estaba el dinero”, explican los investigadores. Como bien lo definía un 'canalero' con más de 40 años trabajando para la empresa pública, “lo que hay en el Canal de Isabel II son chorros de oro” y eso González lo sabía bien.Cuando González aterrizó en 2003 en la Comunidad de Madrid como vicepresidente, a las órdenes de Esperanza Aguirre, descubrió el pastel. El expresidente madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, había iniciado el saqueo del Canal, según las sospechas de los investigadores. González tenía dos opciones, denunciarlo o callarse y seguir haciendo lo mismo. Optó por la segunda alternativa, como él mismo reconoce en una de las conversaciones que le interviene la Guardia Civil: “Yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos opciones. O reventarlo o arreglarlo”.
Optó por continuar en la estela de Ruiz-Gallardón pero no sin encargar un informe que le acreditara tales irregularidades. Ignacio González encargó y pagó un informe a la firma de abogados Cuatrecasas en el que se destapaban las graves irregularidades en el Canal, con la compra de la empresa colombiana Inassa por 100 millones de euros en el año 2001, por un valor muy por encima del real y sin los dictámenes preceptivos obligatorios para proceder a esa compra.
“La llave del silencio”
González recibió el informe y lo guardó en un cajón. Simplemente, quería cubrirse las espaldas. De esa manera, sabía que se lo pensarían dos veces antes de actuar contra él. En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tras ser detenido, el pasado 20 de abril, defendió que lo que ocurrió en el Canal fueron “meras irregularidades formales” y por eso no lo denunció.Con el informe de Cuatrecasas consigue “la llave del silencio” y así se apropia del holding americano, con la ayuda de Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de la filial americana del Canal, Inassa. González era quien lo controlaba y Rodríguez quien ejecutaba. Así por lo menos definen sus papeles los investigadores.
El 'modus operandi' ha sido comprar empresas americanas por un precio muy superior del real, utilizando sociedades interpuestas para ello, para que parte del dinero acabara en cuentas suizas o de otros paraísos fiscales. Todavía queda por calcular todo el dinero desviado pero la investigación hace una valoración inicial de 60 millones de euros que se habrían malversado del Canal, dinero de los madrileños.
González ganó el silencio del PP
“González se ganó el silencio del PP. Todo el mundo lo sabía y se ocultó”, explican los expertos que han analizado la vida 'corrupta' de Ignacio González. Pero en 2015 comenzó su final. Dos periodistas acudieron a la Guardia Civil con un número de una cuenta en Suiza donde el entonces presidente madrileño habría recibido una comisión de 1,4 millones de euros de la empresa OHL a cambio de la adjudicación de la obra del tren de Navalcarnero.Ese dato fue el origen de una investigación que ha destapado la vida de un corrupto. En paralelo, llegó la denuncia de un exempleado de la empresa pública madrileña ICM, Silvano Corujo, que aseguraba que presenció una reunión en la que Ignacio González reclamaba a su jefe de entonces que buscara un millón de euros para tapar las deudas que había generado el PP madrileño durante la campaña electoral de 2011.
Además de sus cargos en la Comunidad, González era secretario general del partido a nivel regional. La UCO tiró del hilo y descubrió que ese millón se consiguió a través de pagos opacos de la empresa Indra, que a cambio recibió adjudicaciones por valor de 15 millones de euros de la empresa pública ICM, dirigida por José Martínez Nicolás, quien después caería junto a González.
La primera pata de la investigación se atrancó al descubrir que el número de cuenta proporcionado por aquellos periodistas no correspondía con ningún código real. Pero después, llegó un tercer periodista con el número de cuenta bueno -fallaban unos dígitos-, para facilitarlo a los investigadores.
"La imagen pornográfica de la corrupción"
A todo esto, llegaron datos sobre Tecnoconcret, una empresa en la que estaba detrás el hermano de Ignacio González, Pablo González, directivo de la empresa pública Mercasa. La participación de Tecnoconcret en la adjudicación para la explotación del Campo de Golf del Canal de Isabel II ya había sido denunciada años atrás por unos vecinos del barrio de Chamberí a la Fiscalía de Madrid pero con muy poco éxito.Sin embargo, la Guardia Civil volvió a analizar la documentación. Tecnoconcret se había llevado 3 millones de euros en esa adjudicación. Ignacio González había adjudicado esa obra a Dragados y ésta habría presuntamente subcontratado a Tecnoconcret, una empresa sin empleados y sin ninguna especialización en el sector por 3 millones. Esos 3 millones de euros son, para los investigadores, la comisión a Ignacio González por la adjudicación.
“Es la imagen pornográfica de la corrupción”, espetan aquellos que han analizado las conductas delictivas de González. Con los datos ya algo perfilados, la UCO acudió a la Fiscalía Anticorrupción con todas sus sospechas sobre la organización corrupta dirigida por Ignacio González. El Ministerio Público, con la ayuda de interventores del Estado y de la Agencia Tributaria, acabó de perfilar todos los datos y acudió a la Audiencia Nacional.
Cuando arrancó la investigación judicial, en julio de 2016, y se ordenaron intervenir las comunicaciones a los principales investigados -los hermanos Ignacio y Pablo González y Edmundo Rodríguez Sobrino- todas las sospechas cogieron más base: “Te doy dinero y lo pongo en la cuenta, macho, porque estoy tieso”, contaba González a su hermano en la intimidad de su despacho el 24 de noviembre. “¿Dinero B entonces?” preguntó Pablo. “Sí, dinero B”, respondía el número dos de Esperanza Aguirre bajando el tono, y confirmando de forma involuntaria el manejo de fondos opacos de origen desconocido.
Los sms con Catalá y Cospedal
Múltiples conversaciones de este estilo indicaban el buen camino de la investigación. Sin embargo, aparecían otras piedras en el camino. A pesar de que González había dejado la política en 2015, no estaba solo. Sus contactos con Esperanza Aguirre -que ha tenido que dimitir tras su detención-, con el exministro 'popular' Eduardo Zaplana, con magistrados de la Audiencia Nacional, del Tribunal Constitucional, con el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, o con la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, hacían presagiar que el expresidente madrileño movería todos sus hilos para que no le dejaran caer.Los contactos de su hermano con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el conocimiento de los tres 'jefes' de la organización de que estaban siendo investigados dan fuerza a la idea del juez, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil de que forman parte de una auténtica organización criminal.
El día antes de su detención, González y Rodríguez Sobrino se reunieron con urgencia con Maruricio Casals, hombre fuerte del grupo de comunicación Atresmedia y conocido como el 'Príncipe de las tinieblas' por sus fuertes vínculos con el poder. Los investigadores sospechan que pudieron ser alertados entonces de su inminente detención.
Ignacio González durante uno de los registros tras su detención.
EFE
Sin embargo, al escuchar cómo la Fiscalía Anticorrupción solicitaba su ingreso en prisión incondicional y sin fianza, González rompió a llorar. Su cara se desfiguró y no pudo contener las lágrimas por el peor de sus presagios: acabar entre rejas.
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