02/03/2017 - Juan Carlos Escudier http://blogs.publico.es/escudier/2017/03/02/la-industria-farmaceutica-puede-ser-perjudicial-para-la-salud/
Tratar
con oligopolios tiene sus riesgos. El menor de todos ellos es que te
dejen colgado de la brocha y son habituales los chantajes y las
extorsiones. Con la industria farmacéutica estamos ahora pintando sin
escalera. El pasado 9 de febrero el Ministerio de Sanidad tuvo que
declarar oficialmente el desabastecimiento de la vacuna del tétanos y la
difteria, cuyo suministro para dosis de recuerdo ha tenido que ser
suspendido. En relaciones comerciales normales el comprador mandaría al
proveedor a hacer puñetas y buscaría solución en la competencia. Con los
medicamentos, no. Se pide a los fabricantes que cumplan -en este caso
Sanofi y GSK- y si con ello no basta se suplica de rodillas.
Llueve sobre mojado. En noviembre pasado hubo problemas con la vacuna
de la tos ferina, coincidiendo con la muerte de tres bebés por una
infección respiratoria provocada por esta bacteria. Antes los había
habido con la de la meningitis B, que aunque no se suministra dentro del
calendario oficial sí que está recomendada. El fabricante del antígeno
también es GSK. El Bexsero, que así se llama la única vacuna autorizada
por la UE, tiene en algunas farmacias listas de espera de varios meses y
algunos despachos no han dudado en intentar adquirirlo fuera de los
cauces habituales, concretamente en Andorra.
Tampoco están resueltos los problemas con la vacuna contra la
tuberculosis (BCG), cuyo desabastecimiento fue explicado por un fallo de
producción de un laboratorio danés y creó problemas en más de 50
estados. En 2015, último año con datos globales, la OMS informó de que
casi un centenar de países no habían podido contar con al menos una de
las vacunas consideradas esenciales.
De las extorsiones tampoco faltan ejemplos. En 2014 se decidió
restringir al ámbito hospitalario el uso de la vacuna contra la
varicela, el Varivax, y a su fabricante, Sanofi, la noticia no le sentó
bien. Llevó el caso a la Justicia –aunque finalmente retiró el recurso- y
paralelamente desencadenó una batalla en la opinión pública con la
colaboración de tres asociaciones agradecidas: la Asociación Española de
Pediatría, la de Vacunología y la Sociedad Española de Medicina
Preventiva.
Se entendía, como en la mayoría de Europa, que salvo para las
embarazadas y los adultos, la varicela es una enfermedad benigna que los
niños deben pasar de forma natural y generar anticuerpos para toda su
vida. Varivax se vende en farmacias y, en contra del criterio de
Sanidad, la multinacional logró colocar 400.000 dosis, frente a las
17.000 de Reino Unido, las 58.000 de Francia o las 600 de Holanda. La
vacuna alcanzó en España el precio más alto de Europa (más de 70 euros),
gracias a la política de permitir un precio libre a aquellos
medicamentos que la Sanidad Pública no compra. Reino Unido había
analizado el producto y ofreció a los laboratorios pagar dos libras por
dosis.
Otro ejemplo más sangrante es el protagonizado por la farmacéutica
Aspen, al que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
ha abierto expediente por prácticas abusivas en la comercialización de
sus tratamientos contra el cáncer. Igual que había hecho en Italia,
donde reclamaba subidas de precio de hasta un 1.500% bajo amenaza de
cortar el suministro, Aspen exigió un aumento de precios a la Agencia
Española de Medicamentos y, paralelamente, dejó de comercializar sus
medicamentos. La estrategia provocó que se tuvieran que realizar
importaciones a un coste desorbitado.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad
Pública lo tiene claro: la industria farmacéutica antepone sus
escandalosos beneficios a la salud y deja de fabricar medicamentos
esenciales como las vacunas cuyo coste es bajo porque prefiere centrarse
en lo que realmente le da dinero: medicamentos para enfermedades
crónicas, productos estrella de altísimas ventas como lo fue el Viagra, y
los llamados medicamentos ‘yo también’, similares a los existentes con
patentes a punto de caducar para aumentar su precio. Todos ellos
dirigidos a los países desarrollados, que son los que pueden costearlos.
En los últimos tiempos se han sucedido las denuncias de prácticas
mafiosas por parte de esta industria, cuyo lobby tiene en nómina a
sociedades científicas, facultativos y agencias internacionales, además
de abrir sus imperios a políticos familiarizados con las puertas
giratorias. Estas denuncias han desmontado también el mito de la
investigación farmacéutica, cuya financiación en el caso de nuevos
medicamentos suele ser pública en sus fases iniciales hasta que una
farmacéutica se hace cargo de su desarrollo para comercializarlos a
precios prohibitivos.
La inmensa mayoría pasa por el aro. Ha ocurrido con el sofosbuvir,
más conocido como Sovaldi, el medicamento que ha demostrado mayor
eficacia contra la hepatitis C. India rechazó hace dos años el registro
de la patente que presentó su fabricante, Gilead, por entender que el
producto no es sino una simple modificación de un fármaco ya existente.
El tratamiento, que cuesta en España 25.000 euros por paciente y casi
tres veces más en Estados Unidos, tiene un coste de producción que no
llega a los 100 euros.
El monopolio actúa con precisión de reloj suizo. Un botón de muestra
se proporcionaba recientemente en un documentado trabajo periodístico
publicado en El Mundo. Sanidad licitó la compra de una vacuna
contra dos tipos del virus del papiloma humano, fabricada con
composiciones distintas por dos fabricantes, Merck y GSK. Pues bien, las
dos ofertaron el precio máximo: 31,02 euros por dosis.
La solución pasaría por el desarrollo de una industria farmacéutica
pública, que permitiera rentabilizar los fondos que el Estado dedica a
la investigación y fabricar las vacunas y genéricos que las
multinacionales desprecian. Algo parecido fue planteado por el PSOE
antes de llegar al Gobierno en 1982, aunque el asunto fue rápidamente
olvidado. Hay expertos que apuestan por utilizar la infraestructura del
Ejército, cuyo Centro Militar de Farmacia ya colaboró en la fabricación
del oseltamivir contra la gripe aviar hace algunos años.
España, según los propios datos de Farmaindustria, dedica el 1,53% de
su PIB a gasto farmacéutico. En 2015 se destinaron más de 16,123
millones de euros, entre recetas y gasto hospitalario. Es demasiado
dinero para estar a expensas de un conglomerado sediento de beneficios.
Librarse de ese yugo es una emergencia sanitaria.
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