Hay un agujero de información en
torno al dinero del Ministerio de Defensa. Ha existido desde hace 20
años, pero la densidad del descontrol ha aflorado en los nuevos
Presupuestos Generales del Estado. No ha ocurrido por un brote repentino
de transparencia por parte del Ejecutivo del PP, sino porque una
sentencia del Tribunal Constitucional declaró irregular el sistema de
compra de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) que se lleva
aplicando desde hace 20 años. Como resultado, para reflejar un
despilfarro escondido, Cospedal ha tenido que aumentar un 32% el gasto
de su departamento. Un porcentaje que servirá para pagar parte de una
deuda astronómica de más de 30.000 millones tras la cual se ocultan
sobrecostes, deficiencias de gestión y extraños movimientos a favor de
las empresas de armas. Así lo señaló un informe del Tribunal de Cuentas
después de analizar sólo seis de los PEAS, pero hay 18 más y se sabe muy
poco de ellos.
Partiendo de esta miga de pan arrojada por el Tribunal
de Cuentas, Unidos Podemos defendió el 25 de abril una proposición no
de ley en la Comisión de Defensa en la que pedía una auditoría que
revise todos los programas. La investigación se remontaría a la época de
Aznar. La iniciativa fue rechazada. No recibió el apoyo de PSOE ni de
Ciudadanos. Los de Rivera acusaron a Podemos de querer acabar con la
industria militar. El PSOE, que fue quien presentó la denuncia al
Constitucional (junto a IU y UPyD), se quejó de la ausencia de
información e hizo suyas las conclusiones del Tribunal de Cuentas.
“Defendemos absolutamente la transparencia”, dijo la diputada Miriam
Alconchel antes de calificar como “demagogia” el planeamiento de una
auditoría que, inevitablemente, pretendía indagar también en los años de
la Administración de Zapatero. “El problema es que el PSOE gobernó este
país y no se preocupó de ordenar el presupuesto de Defensa de manera
correcta”, opina Juan Antonio Delgado, diputado de Podemos que presentó
la proposición. En su turno, el PP se alzó de hombros y dijo que no
había nada que no estuviera ya auditado y lanzó la caña al PSOE: sólo
votarían a favor si se aceptaba una enmienda de los socialistas.
Ahora, tras la sentencia del TC, la partida oficial de Cospedal se ha catapultado: de 5.734 millones a 7.558 millones de euros para pagar una parte de la deuda
El cajón de los PEAS ofrece unas condiciones óptimas
para practicar irregularidades tranquilamente y sin sobresaltos. Pere
Ortega, presidente del Centre Delàs, una asociación que vigila la
actividad de Defensa y apuesta por una sociedad desarmada, considera
imprescindible la auditoría y critica la falta de información: “Los
programas están llenos de anomalías y de perversiones”. Estos programas
se establecieron en la primera época de José María Aznar. Desde el
principio se plantearon de forma que no quedaran reflejados en los
presupuestos. Se instaló un sistema de financiación mediante créditos
extraordinarios sin obligación de recibir la aprobación del Parlamento.
El presupuesto militar se elevó en la sombra. Por eso, ahora, tras la
sentencia del TC, la partida oficial de Cospedal se ha catapultado: de
5.734 millones a 7.558 millones de euros para pagar una parte de la
deuda. “Los programas han ido creciendo en número y cuantía”, explica
Ortega. Gran parte de ellos se financiaron mediante créditos a coste
cero del Ministerio de Industria, con lo que, además de disimular el
desembolso militar, se lucía inversión en I+D. El Gobierno se ha cuidado de que el cambio no le desajuste el déficit: no imputará esta deuda con el argumento de que se debe incluir cuando se recibe el material y no cuando se paga.
Los excesos de financiación han sido brutales. Sólo los seis proyectos de la época del ministro Pedro Morenés sumaron 3.300 millones de euros en sobrecostes.
Según detalla Pere Ortega, se debe a dos razones. Primero, porque
muchos de los componentes para fabricar aviones o carros de combate no
se contemplaron desde el principio; o segundo, porque se han cometido
errores. Un ejemplo: se fabricó un modernísimo submarino s-80 que no
flotaba y hubo que dedicar tres años más a retocarlo.
El otro motivo de los sobrecostes es el retraso de las entregas debido
los altos precios y a la carencia recursos para hacer frente a los
pagos. Esto supone acumular intereses de demora que disparan la factura.
El caso de los buques BAM, en cambio, muestra que en
ocasiones, si el retraso en la entrega correspondía al fabricante, el
Gobierno actuaba con indulgencia. Navantia debería haber sufrido
penalizaciones por valor de 31,7 millones, pero como advirtió el informe
del Tribunal de Cuentas, se paralizaron “sin causa justificada los
procedimientos para exigirlas”.
Un sector demasiado delicado, habitado por corrientes oscuras, en el que se mueven miles de millones de euros de dinero público sin apenas vigilancia
A este desorden se suma otra circunstancia que
convierte el mundo de los PEAS en un escenario acogedor para las
irregularidades. Los contratos se adjudican sin publicidad. Para ello se
amparan en el artículo 182.c de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Se trata de un dedazo legal que hace mucho
más necesaria la vigilancia. “Puede haber muchas cuestiones que se
deberían investigar. El tema del armamento es uno de los más
controvertidos de la industria y el comercio mundial, está lleno de
perversiones como las comisiones indebidas. Por tanto, sería lógico que
fueran auditados”, indica Ortega.
Un sector demasiado delicado, habitado por corrientes
oscuras, en el que se mueven miles de millones de euros de dinero
público sin apenas vigilancia. Para cerrar la ronda de riesgos, además,
la política del personal dedicado a la gestión (la última barrera entre
el Estado y el producto) también hace agua. Antes de la reestructuración
de Defensa de 2014, existía un problema de inoperancia que “impedía un
seguimiento y un control adecuado”, según el informe del Tribunal de
Cuentas. Sin embargo, después de la remodelación, se mantuvo la
disfuncionalidad. En ninguna de las oficinas de programa dedicada a los
PEAS se encuentra completa la dotación de personal. Además, se trata de
un personal sometido a una alta rotación con lo que la especialización y
el rigor en las tareas se convierten en una misión difícil. La
proposición no de ley de UP exigía trabajadores que desempeñen sus
funciones en estos programas de manera estable.
El diputado Juan Antonio Delgado lamenta la escasa utilidad de parte
del material que ha hipotecado al Ministerio de Defensa: “Muchas cosas
de las que se han comprado ni las usamos ni las vamos a utilizar por
falta de recursos. Poner en marcha un avión y mantenerlo es un dineral y
al final no se usan. Antes de comprar armamento hay que ver qué, cómo y
para qué”. El para qué… 235 carros de combate Leopard diseñados para
invasiones terrestres que no pueden ser transportados por ninguno de nuestros aviones. A no ser que invadamos Portugal, en compras como esta sólo ha ganado la industria armamentística.
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