Martín Cúneo 5 sep 2025
EDreams, Comsa o Sidenor renuncian a millonarios negocios en Israel o en territorios ocupados. La participación del gigante vasco CAF en el “tren del apartheid” pone en peligro un contrato de 3.000 millones de euros en Bélgica.
Pocas personas que viajan en los vagones del metro o en los autobuses públicos de Madrid —por mencionar una ciudad de tantas en el mundo— saben que fueron fabricados y son mantenidos por una empresa acusada de hacer viable la colonización israelí de los territorios ocupados palestinos.
Sin embargo, cada vez son más y eso es un problema para la compañía vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Lo que comenzó como una denuncia contenida y restringida a voces críticas en las juntas de accionistas y del movimiento de solidaridad con Palestina, se ha convertido tras el inicio del genocidio de Gaza en un clamor difícil de esconder. En los últimos meses, sus negocios en territorios ocupados ha hecho peligrar un contrato de hasta 3.400 millones de euros en Bélgica para renovar la mitad de la flota de trenes del país.
El 3 de septiembre, el lehendakari Imanol Pradales afirmaba que CAF debería afrontar una “reflexión ética” sobre su participación en la ampliación del tranvía que conecta asentamientos ilegales en el Gran Jerusalén
El pasado 3 de septiembre, el propio lehendakari, Imanol Pradales, afirmaba en Radio Euskadi que CAF debería afrontar una “reflexión ética” sobre su participación en el proyecto de ampliación de la red de tranvía que lleva soldados y colonos a los asentamientos del sur y el este de Jerusalén, declarados ilegales por la ONU y la UE.
Aunque Pradales aseguró que el Gobierno vasco respetará la decisión “de seguir o cortar con esos contratos”, es la primera vez que pone en duda la legitimidad “ética” de la participación de CAF a la vista de “la salvajada y la masacre que estamos viviendo en estos momentos”.
Más contundentes fueron las declaraciones del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, realizadas un día antes también en Radio Euskadi, en las que invitaba al gigante ferroviario a “pensarse muy mucho” si le conviene seguir manteniendo el acuerdo para la ampliación del llamado “tren del apartheid”.
Ya lo advertía el 8 de mayo de 2024 el ministro de Asuntos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, en una carta a empresas españolas con intereses en Israel, en la que pedía que adopten medidas para “evitar el riesgo de que sus actividades económicas en la zona puedan contribuir a las flagrantes vulneraciones de derechos humanos”. Y el riesgo no es solo una cuestión de derechos humanos sino también contratos que se pierden y dinero que se deja de ingresar.
La complicidad de CAF con la colonización de Cisjordania y Jerusalén Este puede convertirse en un serio problema para las cuentas de la compañía vasca, sostuvo Otegi: “A CAF le renta más acabar con ese contrato en Israel”
En esa dirección se encuadraban las declaraciones de Otegi: la complicidad de CAF con la colonización de Cisjordania y Jerusalén Este puede convertirse en un serio problema para las cuentas de la compañía vasca. Desde abril de 2025, el megacontrato para renovar la mitad de la flota de trenes de Bélgica ha sido puesto en cuestión, entre otros motivos, según Otegi, “por colaborar con Israel y construir una vía férrea que une territorios ocupados”. Para el líder abertzale, “ahora mismo en términos económicos, de producción industrial, colaborar con Israel” puede suponer la pérdida de otros contratos. “A CAF le renta más acabar con ese contrato en Israel”, sentenció.
A una conclusión parecida llegó eDreams, la única empresa española que figura en la base de datos de Naciones Unidas, actualizada en 2023, de compañías que hacen negocio en los territorios ocupados. Este martes 2 de septiembre, el director financiero de la compañía, David Elizaga, confirmaba la retirada de los alojamientos ofertados en asentamientos ilegales en territorios ocupados. El ejecutivo explicó que la empresa ha activado controles de localización para filtrar los pisos y hoteles ofrecidos en las colonias israelíes y aseguró que se ha puesto en contacto con la ONU para que eDreams ya no figure en la próxima lista de empresas que proporcionan “servicios y utilidades que apoyan el mantenimiento y la existencia de asentamientos”. Desde eDreams aseguran a El Salto que cambiaron la política con respecto a hospedajes en territorios ocupados cuando la empresa fue incluida en el listado de la ONU.
Este martes 2 de septiembre, eDreams confirmaba que había retirado los alojamientos ofertados en asentamientos ilegales en territorios ocupados tras una intensa campaña del movimiento BDS y ser incluido en la base de datos de la ONU
Un cálculo de oportunidades y riesgos similar realizó la empresa catalana Comsa cuando el 25 de abril de 2024 anunció su retirada del consorcio hispano-israelí JTrain. La empresa había ganado en septiembre de 2023 un concurso para ampliar la Línea Azul del tranvía que conectará Jerusalén con Gilo, un asentamiento ilegal de 30.000 colonos en territorios ocupados. El contrato al que renunció Comsa, muy similar al de CAF, tenía una duración de 25 años y estaba valorado en 2.200 millones de euros.
El director financiero de EDreams espera que en la próxima actualización de la base de datos de la ONU, el nombre de su compañía haya desaparecido. No puede esperar lo mismo CAF, cuya incorporación a la lista es más que esperable después de ser nombrada por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, en el informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio.
En este estudio, hecho público el 2 de julio de este año, Albanese sitúa a CAF entre las empresas que “contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructura de transporte público, cruciales para el establecimiento y la expansión de las colonias, y para conectarlas con Israel, a la vez que excluían y segregaban a los palestinos”. El 2 de septiembre, Albanese publicaba un vídeo en el que denunciaba la responsabilidad de CAF en el apartheid israelí, en la expropiación de barrios y ciudades palestinas y emplazaba al boicot activo a esta y otras empresas que se lucran con la ocupación. A finales de agosto, la relatora envió una carta a la empresa belga de ferrocarriles solicitando la exclusión de CAF del concurso por este motivo.
La empresa catalana Comsa anunció en abril de 2024 su retirada del consorcio hispano-israelí JTrain que había ganado un concurso de 2.200 millones para ampliar la Línea Azul de tranvía en territorios ocupados
Este contrato para ampliar 27 kilómetros de nuevas vías y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, que conectan las colonias con Jerusalén Occidental, valorado en 500 millones de euros ha estado muy cerca de hacerle perder a CAF el proyecto más importante de la historia de esta compañía vasca: un megacontrato en Bélgica de entre 1.700 y 3.400 millones de euros para fabricar 600 trenes con capacidad de 170.000 asientos. Aunque CAF ha conseguido pasar los primeros exámenes técnicos, en los siguientes semanas se conocerá la decisión definitiva en un país en el que la “cuestión palestina” ha pasado a ocupar un lugar central.
CAF y el otro rey Felipe
El proceso para la adjudicación del megacontrato de CAF en Bélgica se ha desarrollado en un contexto político mediado por el genocidio palestino y luchas internas en el seno de la coalición de Gobierno por este tema.
El ministro de Exteriores y viceprimer ministro belga, Maxime Prévot, anunció este 2 de septiembre la voluntad de reconocer el Estado palestino y de imponer 12 sanciones a Israel, entre ellas la prohibición de importar productos de territorios ocupados, así como el compromiso de “revisar la política de compras públicas”. Aunque varias de estas medidas podrían afectar al contrato con CAF, ninguna de ellas se ha concretado ya que están condicionadas a la liberación de prisioneros y un paso atrás de Hamás en la dirección política de Gaza.
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