La macrocausa fue destapada tras un informe de la Agencia Tributaria elevado a la Fiscalía en diciembre de 2014.
El principal encausado es Rafael Delgado, cuya intervención en los procesos de adjudicación de parques eólicos fue "determinante" para la consecución de los fines ilícitos de la trama.
- El exviceconsejero de Economía Rafael Delgado a su llegada al juicio por el caso 'Perla Negra', en la Audiencia
de Valladolid, el 26 de febrero de 2024.
El macrojuicio por el mayor caso de corrupción en Castilla y León ha llegado a su ecuador. La vista oral, que comenzó en la Audiencia Provincial de Valladolid el pasado 15 de septiembre y está previsto que termine el 28 de enero, juzga a 14 personas entre ex altos cargos de la Junta de Castilla y León durante la etapa de Juan Vicente Herrera (PP) y empresarios.
Se trata de la conocida como trama eólica, una causa por supuesta corrupción destapada tras un informe de la Agencia Tributaria elevado a la Fiscalía en diciembre de 2014. El principal encausado es Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía entre 2003 y 2007, cuya intervención en los procesos de adjudicación de parques eólicos en esta comunidad autónoma fue "determinante" para la consecución de los fines ilícitos del entramado, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Público.
Es, en palabras de Gregorio Álvarez, un inversor zamorano afectado por la trama, el que "repartía el bacalao" a la hora de autorizar los parques eólicos, tal como expuso en el juicio el pasado 5 de noviembre. En su declaración como testigo, el exdirector del Ente Regional de la Energía (EREN) y director de Energía y Minas hasta 2019, Ricardo González Mantero, tampoco dudó en señalarle. "Empezaron a sospechar de Delgado en 2009 y le retiraron las competencias", dijo a principios del pasado mes de octubre.
"Hay una inspección tributaria en una sociedad y ahí aparecen unas facturas que emiten empresas vinculadas a Alberto Esgueva [exconsejero delegado de ADE Internacional Excal], uno de los socios locales preferidos por el viceconsejero [Delgado]. Al estilo del novio de Isabel Díaz Ayuso [por la causa de fraude fiscal que afecta a Alberto González Amador], aparecen facturas que no obedecen a ningún servicio prestado. De ahí, se tira de la manta", resume en declaraciones a este medio Luis Oviedo, abogado de Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación popular en el proceso.
El exdirigente autonómico, por su parte, ha defendido su inocencia. "¡No soy la pieza clave de ningún puzle y todas mis actuaciones fueron buscando siempre el interés público!", aseveró en octubre de 2020 durante su interrogatorio en la Comisión de Investigación de las Eólicas desarrollada en las Cortes.
Cabe recordar que Delgado, a quien Fiscalía pide 42 años de cárcel y 239 millones de multa por esta causa, ya fue condenado a principios de año por la Audiencia Provincial de Valladolid a dos años y seis meses de prisión por el caso Perla Negra, un edificio cuya promoción costó 70 millones al erario público.
Las claves del caso
¿Cómo comenzó la trama? ¿En qué consistía? ¿Quiénes son sus protagonistas? A tenor del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, en la Junta de Castilla y León se entendió que el sector de las energías renovables y, particularmente, el eólico era "un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que el Gobierno autonómico decidió favorecer una importante entrada de empresas de la comunidad autónoma en las sociedades promotoras de parques eólicos".
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De este "empeño se encargó Rafael Delgado, siguiendo instrucciones del consejero de Economía, el fallecido Tomás Villanueva". Junto al también imputado Ricardo Bravo Sayas (representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables), diseñaron un plan para exigir "ilegalmente" a los potenciales promotores ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto "bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización".
El siguiente paso consistía en "seleccionar y favorecer ilegalmente" a empresas pertenecientes a personas con las que tenía una especial relación, con quienes para ello actuó concertadamente, como los acusados Alberto y Francisco Esgueva, Andrés Martín Paz, Germán José Martin Giraldo o los hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente Muñoz, para que les fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto.
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La Fiscalía sostiene que, salvo los hermanos Llorente Muñoz, ninguno de los citados empresarios, amigos de Rafael Delgado o Tomás Villanueva, estaba interesado en "participar activamente" en el negocio eólico, como lo acredita el hecho de que su permanencia en las entidades promotoras fuera temporalmente muy corta (poco más de un año) e "impropia de una inversión industrial" y, de otra parte, esa permanencia "no supusiera ninguna aportación empresarial en las mismas".
El 'modus operandi'
En agosto de 2003, Delgado indicó a los jefes de servicio territoriales de Industria que no concedieran la autorización de más parques eólicos e indicó al director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, el imputado Manuel Ordóñez, que elaborara una instrucción por la que se ordenaba a los servicios territoriales que avocaran en todos los casos la autorización en favor del viceconsejero.
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Con esta medida, la práctica totalidad de las autorizaciones fueron concedidas con Rafael Delgado al frente de esta cartera. Esto permitió además al exdirigente y a Manuel Ordóñez "manipular" la tramitación de los expedientes de parques eólicos, pues controlaban el momento en el que se debían tramitar los expedientes para otorgar las autorizaciones, con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos para obtener la autorización administrativa.
Este modus operandi permitía que las empresas elegidas, afines al exviceconsejero, compraran participaciones a bajo coste para después, tras obtener la autorización, poder revenderlas con beneficios "cuantiosos". Cabe señalar que el plan continuó también con el cambio de cargo de Delgado en 2007, que pasó a ejercer como secretario general de la Consejería de Economía hasta 2011.
"En realidad, la entrega de las plantas fotovoltaicas obedecía al pago de los servicios prestados y sólo se formalizó el pago por los adquirentes del importe, correspondiente al IVA para evitar perjuicios económicos a Avanzalia Solar. De otra parte, el precio de cada una de las Unidades Generadoras Fotovoltaicas, unos 750.000 euros, era muy superior al fijado", constató la Fiscalía.
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Estas operaciones permitieron a Rafael Delgado disponer entre los años 2006 a 2015 de bienes y dinero cuya cantidad "no guarda relación con los ingresos que percibió por su trabajo en la Junta de Castilla y León ni con su actividad profesional posterior", y que se atribuyen a la actividad ilícita descrita.
Por otro lado, el escrito de acusación también apunta a su "amigo personal" Jesús Rodríguez, quien ejerció como "testaferro" entre los años 2006 y 2015. Según la investigación, Delgado movió dinero en Suiza, usó empresas pantalla en Panamá y pagó en metálico coches de lujo y un chalé en Comillas.
El ministerio público le atribuye tres delitos continuados de cohecho, seis delitos de extorsión, otro de prevaricación, otro de tráfico de influencias, dos contra la Hacienda pública y uno más de blanqueo.
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Además de este y los otros 13 imputados (destaca el exdirector de Deportes Andrés Martín Paz), también están investigadas como responsables civiles la propia Junta de Castilla y León y hasta ocho empresas. Fuentes jurídicas indican que el desfile de testificales (comparecerán 84 testigos) acabará el próximo 19 de noviembre. Después será el turno de las pruebas periciales (comparecerán 19 peritos).
Por último, se espera que los imputados declaren a mediados de enero. Ante el desarrollo del proceso judicial, desde Ecologistas en Acción lo tienen claro: "Los principales acusados lo tienen crudo para librarse". En palabras de su abogado, el fiscal Tomás Herranz "hizo una investigación verdaderamente importante, un gran trabajo, colocando cada uno en su sitio". Por ello, más allá del "derecho de defensa y el derecho a decir lo que quieras, la documentación y los papeles no engañan", remata Luis Oviedo en declaraciones a este medio.
viernes, 21 de noviembre de 2025
El juicio por el mayor caso de corrupción en Castilla y León acorrala al cargo del PP que "repartía el bacalao" en la trama eólica
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