Tras el asesinato de 123 activistas desde 2009, Honduras se convierte en el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente
El asesinato de Berta Cáceres desencadenó una condena internacional pero Honduras no ha hecho lo suficiente para poner fin al derramamiento de sangre
Nina Lakhani - 1/02/2017 http://www.eldiario.es/theguardian/investigacion-hondurenas-asesinatos-ataques-poblacion_0_607889733.html
El asesinato de Berta Cáceres desencadenó una condena internacional pero Honduras no ha hecho lo suficiente para poner fin al derramamiento de sangre
Importantes figuras políticas y
magnates comerciales están implicados en la ola de violencia contra
activistas medioambientales en Honduras. Así lo confirma una
investigación llevada a cabo por la organización Global Witness, que
asegura que las élites del país están utilizando métodos criminales para
aterrorizar a las comunidades con total impunidad.
Al menos 123 activistas medioambientales han sido asesinados en Honduras
desde que un golpe de Estado expulsó del poder al presidente Manuel
Zelaya. Muchas de las víctimas han sido miembros de comunidades
indígenas y rurales que se oponen a grandes proyectos en sus
territorios.
El asesinato el año pasado de la activista indígena
Berta Cáceres, que ganó el prestigioso galardón medioambiental Goldman
en 2015, desencadenó una condena internacional, pero Honduras ha
fracasado a la hora de poner fin al derramamiento de sangre.
A Cáceres la mataron a tiros después de años de amenazas de muerte y de
persecución por parte del Estado. Las amenazas y la persecución fueron
consecuencia de su campaña contra la presa hidroeléctrica Agua Zarca
(que recibe financiación internacional) en el río Gualcarque, un lugar
sagrado para el pueblo Lenca. Dos de sus compañeros han sido asesinados desde entonces.
La empresa privada Desarrollo
Energéticos SA (Desa) recibió el proyecto de la presa sin que se
consultase con ninguna comunidad. Los registros de la compañía que ha
conseguido Global Witness sacan a la luz, por primera vez, que el
consejo de administración de la compañía incluye importantes figuras de
la política, militares y grandes empresarios.
El
presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un antiguo
oficial de inteligencia militar y empleado de la empresa energética
estatal de Honduras. El informe asegura que Cáceres, antes de su muerte,
dijo a Global Witness que Castillo le había ofrecido un soborno para
que dejase de hacer campaña contra la presa.
El
secretario de la compañía, Roberto Pacheco Reyes, es un antiguo ministro
de Justicia; mientras que su vicepresidente, Jacobo Nicolás Atala
Zablah, es presidente del banco hondureño BAC y miembro de una poderosa
familia del mundo de los negocios.
Hasta el momento,
siete personas fueron detenidas por su relación con el asesinato de
Cáceres, incluidos dos empleados de Desa y también militares retirados o
que siguen en activo. Pero la familia de la activista ha pedido en
repetidas ocasiones que se busque a los autores intelectuales del
asesinato.
El año pasado, una investigación realizada por the Guardian reveló que el nombre de Cáceres aparecía junto al de docenas de activistas en una lista militar
que manejaban fuerzas especiales entrenadas por EEUU. Un portavoz de
Desa aseguró que la compañía no estaba involucrada a ningún nivel en el
asesinato de Cáceres.
Desde el golpe de 2009, la
violencia ha aumentado de manera dramática, mientras que sucesivos
gobiernos derechistas han hecho que proyectos nocivos para el medio
ambiente (de minería, agroindustria y turismo) se hayan convertido en la
piedra angular de la estrategia económica de crecimiento del país.
No se respetan los estudios medioambientales
Los controles medioambientales se han diluido o han sido directamente
ignorados y se han otorgado cientos de concesiones. A pesar de esto,
muchos de estos proyectos están siendo respaldados por importantes
empresas financieras internacionales e instituciones como the
International Finance Corporation y el Inter-American Development Bank.
Un informe titulado 'Honduras: el lugar más mortífero para defender el
planeta' investigó cinco polémicos proyectos a los que se oponían las
comunidades locales. Una de las denuncias más importantes es el
conflicto de intereses que encarna Gladis Aurora López, líder del
Partido Nacional de Honduras (ahora en el poder) y vicepresidenta del
Congreso.
El marido de López controla el proyecto
hidroeléctrico de Los Encinos en el oeste de Honduras, donde tres
activistas indígenas fueron torturados y asesinados, y dos mujeres
embarazadas fueron agredidas por un grupo de civiles y fuerzas
estatales, provocando el aborto de una de ellas.
La
licencias para Los Encinos y otras presas fueron otorgadas en 2010
cuando López era vicepresidenta del Congreso, a pesar de que es ilegal
tanto para los miembros del Congreso como para sus cónyuges obtener
contratos o concesiones del Estado. López y su marido han negado
cualquier irregularidad. Arnold Castro dijo que, por respeto a la
Constitución, su mujer "no participó en la sesión cuando se aprobó el
contrato".
El informe también destaca otro proyecto
importante. Se trata de un proyecto de lujo, el hotel cinco estrellas
Indura Beach y Golf Resort en el norte de la costa del Caribe. El
informe detalla intentos de tomas ilegales de tierras y
acusaciones penales falsas contra las familias indígenas Garifuna que
viven al lado del resort.
Hoteles de lujo pagados por el Estado
La compañía que está detrás del resort,
Desarrollo Turístico Bahía Tela (con inversores privados y estatales),
también está implicada en uno de los mayores escándalos recientes del
país: el robo de 350 millones de dólares
(324 millones de euros) del Instituto Hondureño de Seguridad Social a
través de una red de empresas fantasma que dejó a pacientes enfermos sin
medicinas. Algunos de esos fondos corruptos fueron blanqueados a través
del proyecto del hotel, según los documentos de la investigación
penal oficial obtenidos por Global Witness.
Además,
el proyecto del hotel recibió 20 millones de dólares (18,5 millones de
euros) más procedentes de un consorcio regional de bancos liderado por
el Banco Ficohsa, cuya división panameña está siendo investigada
por blanqueo de capitales. El banco es propiedad del multimillonario
Camilo Atala, un antiguo parlamentario y primo de Jacobo Atala (Desa).
El complejo hotelero se convirtió en parte de la Colección Curio de
hoteles de lujo de Hilton en noviembre de 2016 después de presuntas
irregularidades. No hay ningún indicio de que Hilton tuviera que ver
con los hechos. Desarrollo Turístico Bahía de Tela no respondió a las
acusaciones hechas por Global Witness.
"Los garifunas
estamos siendo perseguidos por el gobierno para expulsarnos de nuestras
tierras y para poder llevar a cabo su desarrollo turístico, que no
beneficia a nuestras comunidades", cuenta José Guzmán Niri, de la
comunidad garifuna de Barra Vieja.
El informe señala
que rara vez se realizan arrestos. La impunidad impera. Esto ha hecho
que Honduras sea el país más peligroso del mundo para los defensores de
la tierra y del medio ambiente.
"Nuestra
investigación revela cómo las élites políticas y empresariales del país
están utilizando la corrupción y actos criminales para sacar provecho
económico de la riqueza natural del país. Para ello están consiguiendo
el apoyo de las fuerzas estatales para aterrorizar y asesinar a las
comunidades que se atreven a interponerse en su camino", asegura Billy
Kyte, de Global Witness.
A pesar de la indignación
internacional creciente por la violencia, Honduras sigue recibiendo
ayudas millonarias procedentes de EEUU. "Como el mayor donante, EEUU
debería ayudar a poner fin a la sangrienta represión que vive la
población rural. En su lugar, está financiando a las fuerzas estatales
hondureñas, que son las que están detrás de los peores ataques",
concluye Kyte.
Traducido por Cristina Armunia Berges
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