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miércoles, 25 de enero de 2017
Diez grandes pufos en infraestructuras promovidas por el sector privado que pagará el contribuyente
El túnel del AVE a Francia, las ocho autopistas de peaje en quiebra
y el almacén de gas Castor son los últimos grandes ejemplos de
socialización de pérdidas privadas
Esta semana, Enagás ha
asegurado que tiene "garantizada" la inversión de 380 millones en una
regasificadora parada y declarada ilegal por el Supremo en caso de que
se desmantele
El economista y exdiputado Germá Bel cree que es
la "segunda oleada" de
Imagen de archivo de Aguirre, Aznar, Cascos y Ruiz-Gallardón en una inauguración.
EFE
un mal endémico que puede tener continuación con
Renfe y Adif
España vuelve a tropezar con la
misma piedra y la lista de infraestructuras promovidas por el sector
privado (fundamentalmente, empresas constructoras) que van a tener que
rescatar los contribuyentes sigue creciendo.
El último ejemplo de socialización de pérdidas del sector privado es el del Túnel del Pertus,
el paso transfronterizo de AVE que la española ACS y la francesa
Eiffage se adjudicaron en 2003 y cuyo rescate aprobó la semana pasada el
Consejo de Ministros tras la quiebra y liquidación de su promotora, TP
Ferro, con una deuda de 557 millones que ahora asumirán conjuntamente
los gobiernos de España y Francia.
La constructora de Florentino Pérez y su socio francés
podrían reclamar al Estado una indemnización de unos 500 millones de
euros por la quiebra de TP Ferro a través de un arbitraje. En principio,
ni España ni Francia están por la labor de abonar compensación alguna.
El almacén está clausurado tras una sucesión de microseísmos en la
costa de Castellón, coincidiendo con su breve puesta en marcha. Su
cierre definitivo se da por descontado en el sector energético, aunque
está pendiente que el Ministerio de Industria reciba un informe
encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que podría
estar listo a principios de enero.
La encargada de
gestionar el cierre de Castor es Enagás, propietaria de la
regasificadora de El Musel, en el Puerto de Gijón, que nunca se ha
puesto en marcha y recientemente declarada ilegal por el Tribunal
Supremo. Esta semana, la empresa ha dicho a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) que, en caso de un improbable cierre y
desmantelamiento (reclamado por los grupos ecologistas), “la
recuperabilidad” de los cerca de 380 millones de euros que invirtió
“está garantizada”. Se da por hecho que correría a cargo de los consumidores de gas.
El entonces presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, junto al
presidente de Enagás, Antonio Llardén y cargos autonómicos y municipales
en 2009, frente a los terrenos de la regasificadora de El Musel.
En la actualidad, la madre de todos los rescates es el de las autopistas de peaje en quiebra,
que van a derivar en una factura multimillonaria para los consumidores
en virtud de la denominada responsabilidad patrimonial de la
Administración. El nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya ha
confirmado que esas infraestructuras, promovidas en época de José María
Aznar, revertirán al Estado para que sigan funcionando. La cuestión es a
qué coste. La patronal Seopan ha cifrado en 5.500 millones la
compensación a los acreedores. Fomento la rebaja a unos 2.100 millones,
según informó esta semana El Mundo.
Las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación son estas:
Autopista AP-41 (Madrid-Toledo).
Se abrió en diciembre de 2006 y fue la primera en declararse en quiebra
en mayo de 2012 tras arrastrar una deuda de 530 millones de euros (380
millones a los bancos y 150 millones a los expropiados). Sus accionistas
son las constructoras Isolux Corsán, Comsa Emte, Azvi, Grupo Sando y el
Banco Espirito Santo.
Radial 4 (Madrid-Ocaña).
Inaugurada el 7 de abril de 2004, se declaró en concurso de acreedores
en octubre de 2012, incapaz de afrontar una deuda de 575 millones de
euros. Sus accionistas son Ferrovial (55%), Itínere con el 40%
(perteneciente a Sacyr, Citi Group, Kutxa Bank, Abanca y Liberbank) y la
Kutxa (5%).
Radial 3 (Madrid-Arganda).
Inaugurada el 16 de febrero de 2004, fue adjudicada a Accesos de
Madrid, controlada por Abertis (35%), ACS, Bankia (con el 20% cada uno) y
Sacyr (25%) y que entró en concurso de acreedores en octubre de 2012
con una deuda de 650 millones de euros.
Radial 5 (Madrid-Navalcarnero). Inaugurada el 16 de febrero de 2004, su concesionaria es la misma que la de la R3, Accesos de Madrid, en liquidación.
Radial 2 (Madrid-Guadalajara).
Inaugurada el 6 de octubre de 2003, pertenece a Henarsa, declarada en
concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2013 con unos 450
millones de deuda. Está participada por Abertis, ACS, Acciona y
Globalvía. En mayo, el Tribunal Supremo rechazó que Fomento indemnice a
la concesionaria por considerar que las estimaciones de tráfico eran
irreales.
Autopista AP-36 Ocaña-La Roda.
Abierta al tráfico el 27 de julio de 2006, la concesionaria (de
Ferrovial, Sacyr y Kutxa) entró en concurso voluntario de acreedores en
diciembre de 2012 con 522 millones de deuda. En su momento se justificó
su construcción por ser la alternativa de pago para llegar al
Mediterráneo. Esta semana, la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado
la firmeza de su liquidación.
Circunvalación de Alicante.
Inaugurada el 10 de diciembre de 2007, se declaró en concurso de
acreedores en el verano de 2013. La concesionaria, Ciralsa (propiedad de
ACS, su mayor accionista con el 50%, Abertis y Bankia) reconocía así su
situación de insolvencia al declarar un pasivo superior a los 400
millones. En liquidación.
Autopista AP-7 Cartagena-Vera.
Inaugurada en 2007, la falta de tráfico de este tramo de la autopista
del Mediterráneo y la imposibilidad de atender el pago de intereses y
los sobrecostes por obras y expropiaciones llevaron a Aucosta, la
concesionaria —participada por Ploder, Globalvía (FCC y Bankia),
Unicaja, BMN y CAM— a declararse en concurso de acreedores en febrero de
2013 con un endeudamiento de unos 550 millones.
Autopista Eje Aeropuerto M-12.
Inaugurada en junio de 2005, pertenece a la constructora OHL, de la
familia Villar Mir, y fue declarada en concurso de acreedores en enero
2014, con una deuda de unos 550 millones. En liquidación.
El economista y exdiputado Germá Bel, que en un artículo publicado en
2014 ya advertía de que con las autopistas de peaje España está “ tropezando dos veces con la misma piedra”,
considera que esta es la “segunda gran oleada” de rescates de
infraestructuras públicas, tras la que se llevó a cabo en los 80 del
siglo pasado con la creación de la extinta Empresa Nacional de
Autopistas (ENA), privatizada por Aznar en 2003. De los 80 data la
moratoria nuclear, que los consumidores de la luz terminaron de pagar a finales de 2015.
“Son pautas que se vieron en el siglo XVIII con el plan de carreteras
de Carlos III, que arruinó a la Hacienda Pública”; en el XIX, con los
ferrocarriles, y en el XX con las autopistas, dice Bel, que cree que el
próximo gran rescate puede venir en el sector ferroviario de la mano de
Renfe y Adif, “con sistemas de subsidios cruzados sin recurso a los
Presupuestos del Estado”. Estas empresas públicas “tienen una vida útil
de los elementos que casi dobla la de Francia, y además se amortiza con
un 3% de forma creciente; con la inflación en los bajos niveles de los
últimos años, se está tirando hacia adelante todo el cómputo del
problema de la deuda”, resume.
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