Gabriel Flores Sánchez · 4/4/2019
Hay
noticias que marcan con precisión la distancia entre la norma legal y
los derechos básicos de las personas. Cuando esa distancia se evidencia,
lo que corresponde es que los legisladores regulen legalmente lo que en
la calle es asumido mayoritariamente como normal y moral. Cuando
nuestros representantes parlamentarios no hacen su trabajo, por
obstruccionismo, desidia u oportunismo, y subordinan el Parlamento a los
deseos de poderes facticos, políticos, culturales o religiosos,
que no representan a la mayoría social, hay que denunciarlo y apoyar a
las personas que desobedecen las normas legales que conllevan un
sufrimiento intolerable e inhumano de sus seres queridos, exigiendo su
libertad inmediata. Y hay que seguir insistiendo y exigiendo a los
representantes parlamentarios que hagan su trabajo y regulen y
despenalicen urgentemente la eutanasia. #libreshastaelfinal
Esta es la nota de prensa que acaba de publicar la asociación de la que
soy socio, Derecho a Morir Dignamente (DMD), sobre la muerte voluntaria
de María José Carrasco con ayuda de su marido:
"Tras la publicación de la noticia de la muerte voluntaria de María José Carrasco, con ayuda de su marido Ángel Hernández, DMD declara:
• Mª José Carrasco, de 69 años de edad, padecía una esclerosis múltiple desde 1989, una enfermedad degenerativa que en los últimos diez años la hizo dependiente para todas las actividades de la vida diaria.
• Desde hace años, a causa de los sufrimientos que le provocaba su enfermedad, Mª José expresó de forma reiterada y firme su voluntad de morir. Estaba en plenitud de facultades mentales y era, por tanto, dueña de su vida y de su cuerpo. Incapaz de mover las manos, solicitó la ayuda de Ángel Hernández, su marido, para cumplir su deseo de morir.
• En una sociedad democrática, basada en el respeto a la libertad individual y la pluralidad, resulta inaceptable que ayudar a una persona a disponer de su vida libremente esté castigado en el Código Penal. Defender el derecho a la vida no justifica obligar a una persona a vivir una vida deteriorada, con un sufrimiento inadmisible y que ya no desea.
• El acto de Ángel Hernández de ayudar a morir a su mujer, a la que ha cuidado durante décadas, sólo puede entenderse como un acto de amor que no debería recibir ningún reproche penal.
• La asistencia a las personas más vulnerables, como Mª José, con respeto a sus valores y a sus decisiones, es una medida de la calidad humana de una sociedad civilizada.
• En ninguna otra cuestión hay tanta distancia entre los deseos de la ciudadanía y la legislación como en el de la regulación de la muerte asistida. Más del 80% de la población está a favor de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Sin embargo, el artículo 143 del Código Penal sigue castigándola con penas de prisión.
• DMD exige a los futuros diputados y diputadas que regulen y despenalicen la eutanasia urgentemente. Hacerlo se ha vuelto ya un imperativo moral."
"Tras la publicación de la noticia de la muerte voluntaria de María José Carrasco, con ayuda de su marido Ángel Hernández, DMD declara:
• Mª José Carrasco, de 69 años de edad, padecía una esclerosis múltiple desde 1989, una enfermedad degenerativa que en los últimos diez años la hizo dependiente para todas las actividades de la vida diaria.
• Desde hace años, a causa de los sufrimientos que le provocaba su enfermedad, Mª José expresó de forma reiterada y firme su voluntad de morir. Estaba en plenitud de facultades mentales y era, por tanto, dueña de su vida y de su cuerpo. Incapaz de mover las manos, solicitó la ayuda de Ángel Hernández, su marido, para cumplir su deseo de morir.
• En una sociedad democrática, basada en el respeto a la libertad individual y la pluralidad, resulta inaceptable que ayudar a una persona a disponer de su vida libremente esté castigado en el Código Penal. Defender el derecho a la vida no justifica obligar a una persona a vivir una vida deteriorada, con un sufrimiento inadmisible y que ya no desea.
• El acto de Ángel Hernández de ayudar a morir a su mujer, a la que ha cuidado durante décadas, sólo puede entenderse como un acto de amor que no debería recibir ningún reproche penal.
• La asistencia a las personas más vulnerables, como Mª José, con respeto a sus valores y a sus decisiones, es una medida de la calidad humana de una sociedad civilizada.
• En ninguna otra cuestión hay tanta distancia entre los deseos de la ciudadanía y la legislación como en el de la regulación de la muerte asistida. Más del 80% de la población está a favor de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Sin embargo, el artículo 143 del Código Penal sigue castigándola con penas de prisión.
• DMD exige a los futuros diputados y diputadas que regulen y despenalicen la eutanasia urgentemente. Hacerlo se ha vuelto ya un imperativo moral."
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