miércoles, 31 de julio de 2024

CTXT. Un retrato de la gentrificación en Málaga, y de la resistencia, de Elena de Sus

Elena de Sus Málaga , 6/07/2024

 Miles de personas marchan en la ciudad andaluza para exigir soluciones al problema de la vivienda. Solo en el centro histórico, hay unos 4.000 vecinos censados y más de 1.000 apartamentos turísticos

Manifestantes durante la marcha por la vivienda en Málaga. 29 de junio de 2024. / E.d.S.

Los malagueños y las malagueñas protestan por el grave problema de vivienda. 29 de junio de 2024. / E.d.S.



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Una pareja de jóvenes teletrabajadores se muda a uno de los nuevos rascacielos que se erigen, solitarios, en distintos puntos de las densas barriadas de los años sesenta que conforman gran parte de la ciudad de Málaga. Reciben todo lo necesario para equipar su nuevo hogar en paquetes de la gran tienda online estadounidense. Han llegado atraídos por la promesa de sol, playa, buenas comunicaciones y “calidad de vida” a un precio asequible para ellos. Sin embargo, pronto se verán obligados a lidiar con algo inesperado: están, de hecho, en Málaga.

Esta es la premisa del cortometraje La Bandadirigido por Leo Jiménez y Delia Márquez, con guion de Simona Frabotta y estrenado este año en el Festival de Málaga. “Ellos también están siendo engañados”, recalcan las creadoras del corto, que comparten un desconcierto habitual entre los malagueños por el acelerado proceso de gentrificación que está viviendo su ciudad, vinculado a la industria turística y sus derivados. Les resulta chocante, por ejemplo, que se hayan edificado y vendido pisos por dos millones de euros en el litoral oeste.

En los vídeos promocionales de las Málaga Towers de Metrovacesa, protagonizados por Antonio Banderas, la playa de la Misericordia tiene una arena limpia y clara y es ocupada por personas jóvenes, de belleza canónica, que se divierten solas, en pareja o en pequeños grupos.

Poco que ver con la realidad que habrán encontrado sus primeros habitantes: una playa salpicada de piedras, que aún alberga residuos de la antigua fundición de plomo, donde las familias de la zona acuden a pasar el día equipadas con sillas, mesas, altavoces, bolsas y neveritas. Una playa cuyas fuentes y duchas se cortaron el verano pasado por la sequía y está por ver si volverán a activarse en algún momento.

“Los nuevos desarrollos inmobiliarios en Málaga incluyen inmuebles a 600.000 y 700.000 euros que se venden muy rápidamente. Pensamos que aquí hay un desplazamiento de población”, dice Curro Machuca, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Málaga. “La población que trabaja en la ciudad no puede acceder a la vivienda, pero la población que viene a disfrutar del sector turístico sí, porque tiene un mayor poder adquisitivo. Se está desplazando a los trabajadores a las periferias, donde no hay suficiente vivienda y los precios se han vuelto ya abiertamente obscenos. Es un problema al que se ve poca salida sin una intervención política”.

“Irte a vivir a Álora, Cártama o Alhaurín no me parece un drama. Son pueblos muy bonitos, donde se puede tener una calidad de vida estupenda”, dijo la concejala de Digitalización del PP, Alicia Izquierdo, en el reciente encuentro Sun&Tech Meet Now, organizado por el Diario Sur. Esta declaración se produjo en un contexto extraño, porque el director del diario, Manolo Castillo, preguntó a la concejala por una supuesta expulsión de los vecinos debida a la pujanza de la industria tecnológica, y ella comparó el centro de Málaga con la Castellana de Madrid, llena de oficinas de grandes empresas, cuando este, hoy por hoy, recuerda más bien a la puerta del Sol y sus alrededores, llenos de bares orientados al turismo.

El 29 de junio, el Sindicato de Inquilinas convocó una manifestación bajo el lema “Málaga para vivir, no para sobrevivir”, con el apoyo de 55 organizaciones sociales de diverso tamaño y naturaleza, desde Comisiones Obreras hasta la Asociación de Paraguayos en Málaga, de Oxfam Intermón a las Kellys, de la Delegación Diocesana de Migraciones a la CNT. El mismo día se salió a la calle también en Cádiz, que afronta una problemática similar respecto a la vivienda.

A la manifestación en Málaga acudieron cerca de 5.000 personas según la Policía Nacional, y unas 25.000 según la organización. ¿Muchas?, ¿pocas? Entre los más veteranos del activismo y la militancia en la ciudad las sensaciones eran de satisfacción y alivio al verse rodeados de jóvenes y caras nuevas.

Fueron suficientes para que el alcalde, Francisco de la Torre –señalado por los manifestantes con el cántico “¿Dónde está Paquito? ¿Paquito dónde está? ¡Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad!”–, haya publicado un tuit en el que pide responsabilidades al Gobierno central por la vivienda turística: “Ha tardado seis años el gobierno actual @desdelamoncloa en plantearse qué puede hacer para que la oferta de viviendas turísticas no incremente el actual problema de vivienda para la población española, problema especialmente grave para nuestros jóvenes. Nosotros estamos en ello. FTP”.

“Es evidente que el problema de la vivienda va mucho más allá de los apartamentos turísticos. Ahora bien, en el caso de Málaga, esta casuística es central y estructural”, argumenta Machuca. El portavoz del Sindicato de Inquilinas añade que “a diferencia de otras cuestiones, es algo en lo que el Ayuntamiento tiene competencias, y su reacción ha sido defender lo que desde nuestro punto de vista es indefendible”.

En febrero, la Junta de Andalucía emitió un decreto que concede potestades a los ayuntamientos para regular los pisos turísticos. En él se establece, entre otros requisitos, que estos deben tener un punto de acceso independiente al de las viviendas, para lo cual el Ayuntamiento de Málaga ha emitido una instrucción que aplicará a las nuevas licencias. “Ellos dicen que no podían hacer nada antes del decreto de la Junta, pero el Plan General de Ordenación Urbana de 2011 ya consignaba esos requerimientos. Hay miles de viviendas turísticas ilegales según la propia normativa municipal”, dice Machuca.

“Lo que ponemos sobre la mesa es que, independientemente del mercado inmobiliario, todas esas viviendas se han sustraído del uso residencial, y además generan problemas de convivencia, porque las personas que visitan Málaga en este tipo de alojamientos lo hacen como si estuvieran en un hotel, es a lo que vienen y es lo que se les dice”, continúa Machuca. Mientras tanto, “la oferta de alquiler de larga temporada es prácticamente inexistente y a unos precios desorbitados” (...)


Anna-Lina Mattar, autora de cómics: “Desde la culpa no se puede construir nada”, de Gerardo Vilches

 7 jul 2024   Gerardo Vilches   


El Holocausto y la barbarie nazi durante la Segunda Guerra Mundial han sido temas muy explorados por el arte y la narrativa en las últimas décadas, pero no hay tantos trabajos que exploren la culpa colectiva del pueblo alemán ante el ascenso de Hitler y el genocidio de más de seis millones de judíos. Desde un punto de vista familiar e íntimo, mediante la acumulación de pequeñas anécdotas, la alemanomallorquina Anna-Lina Mattar (Colonia, 1993) ha realizado un cómic que aborda ese complejo de culpa desde las conversaciones con su padre: El anillo de la serpiente (Garbuix Books, 2024) (...)

martes, 30 de julio de 2024

Amnistía Internacional denuncia el "retroceso sistemático" que sufre Europa en el derecho a la protesta

 9 jul 2024   LISBOA

La organización documenta "un patrón de leyes represivas", el uso de fuerza excesiva, detenciones y enjuiciamientos arbitrarios, restricciones injustificadas o discriminatorias y el uso cada vez mayor de tecnología de vigilancia invasiva.

La activista Greta Thunberg es detenida en una protesta climática en La Haya.  James Petermeier / ZUMA Press Wire / DPA / EUROPA PRESS

Las autoridades europeas están impulsando "un retroceso sistemático" del derecho a la protesta, lo que ha provocado detenciones ilegales de menores y la "demonización" de los manifestantes, a los que se trata como terroristas, según denunció este martes Amnistía Internacional (AI).

Así lo refleja en su informe Infraprotegidos y excesivamente restringidos: El estado del derecho a la protesta en 21 países de Europa, que se basa en entrevistas hechas entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023.

En el documento, el organismo observa "un patrón de leyes represivas", el uso de fuerza excesiva, detenciones y enjuiciamientos arbitrarios, restricciones injustificadas o discriminatorias y el uso cada vez mayor de tecnología de vigilancia invasiva.

"La investigación de Amnistía presenta un panorama profundamente perturbador de un ataque brutal en toda Europa contra el derecho a protestar. En todo el continente, las autoridades vilifican, impiden, disuaden y castigan ilegalmente a las personas que protestan pacíficamente", afirmó la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

Según este estudio, de más de 200 páginas, las autoridades de países como Alemania, Italia, España y Turquía han recurrido a procedimientos "relacionados con el terrorismo" y leyes de seguridad nacional y combate a organizaciones criminales para "atacar" a manifestantes en protestas y actos de desobediencia civil.

En ese sentido, precisó que cada vez más se están enmarcando como amenazas al orden público y a la seguridad nacional actos "pacíficos" de desobediencia civil, lo que concede a las autoridades falsos pretextos para imponer restricciones y eludir obligaciones internacionales con los derechos humanos.

Por ejemplo, en el caso de España, AI cita el caso de 12 personas que fueron perseguidas por delitos relacionados con el terrorismo por la presunta organización de protestas relacionadas con la independencia de Catalunya. También habla de 25 miembros de Futuro Vegetal que fueron investigados por participar en una "organización delictiva". En Italia, cinco activistas climáticos del grupo Last Generation fueron vigilados en abril de 2023 por "asociación criminal".

La organización de derechos humanos ha constatado también "una variedad de ejemplos preocupantes relacionados con la criminalización, penalización y detención de menores" en protestas, como el arresto en Grecia en 2020 de dos estudiantes de 15 años que fueron "supuestamente retenidas durante muchas horas en malas condiciones sin ser capaces de hablar con sus padres".

Además, la ONG se hace eco de informaciones publicadas en medios de comunicación griegos, tras las protestas del 9 marzo de 2021, donde se describen apaleamientos durante los arrestos a manifestantes y supuesto acoso sexual y maltratos a los detenidos, entre ellos menores, durante actos de violencia entre la policía y personas que protestaban por supuestamente haber herido a un agente.

Este informe señala también el uso de armas "menos letales" contra manifestantes que les han causado lesiones graves y a veces permanentes, incluidas fracturas de huesos y dientes (Francia, Alemania, Grecia e Italia), la pérdida de una mano (Francia), la pérdida de un testículo (España) y huesos dislocados, daños en los ojos y daño severo en la cabeza (España). En paralelo, AI alerta que ha encontrado casos de impunidad policial, falta de rendición de cuentas y legislación que lo favorece en países como Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Alemania, Italia, Portugal, Serbia, España, Suiza y el Reino Unido.

Identifica también discriminación a la hora de autorizar protestas según los movimientos, grupos y causas, como es el caso de manifestaciones en solidaridad con grupos racializados, el colectivo LGBTI+ y migrantes.

"En toda Europa, las leyes y políticas represivas combinadas con prácticas injustificadas y la vigilancia abusiva están creando un ambiente tóxico que supone una seria amenaza a los manifestantes pacíficos y protestas. Un hecho aislado en un solo país sería inquietante, pero docenas de estas tácticas represivas a una escala continental son claramente aterradoras", denunció Callamard.

Amnistía Internacional realiza varias recomendaciones en su informe, donde incluye respetar los derechos humanos, el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y a la reunión pacífica.

Algunas sugerencias que da son la prohibición del uso de tecnologías de reconocimiento biométrico que permiten la vigilancia masiva, garantizar que las protestas pacíficas no sean criminalizadas, asegurar el derecho a la privacidad de los activistas e informar proactivamente a las personas que hayan sido investigadas en aquellos casos en los que sea posible.

Público

Ilustración del día: Libertad de desinformación Por Pedripol

 

El juez Pedraz investiga la concesión de la residencia en 2016 a un venezolano que dio información falsa sobre Pablo Iglesias

 8 jul 2024

El magistrado cita a declarar al comisario jubilado Emilio Baos, máximo responsable en la Policía de Extranjería en 2016, para que explique la concesión excepcional del permiso de residencia a un confidente a cambio del bulo contra Podemos.



Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional que investiga la guerra sucia contra Podemos por parte de la cúpula del Ministerio del Interior durante la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, sigue dando pasos para esclarecer lo ocurrido: según informa eldiario.es, Pedraz ha citado el próximo 11 de julio al comisario jubilado Emilio Baos, el que fuera máximo responsable en la Policía de Extranjería y Documentación hasta 2016, para que explique "la concesión de la residencia a un ciudadano venezolano que ha reconocido estar detrás del bulo que atribuyó a Pablo Iglesias la titularidad de una cuenta bancaria en un banco de Granadinas".

Los hechos investigados arrancan con la publicación en  mayo de 2016 de una información falsa por parte del pseudomedio dirigido por Eduardo Inda que aseguraba que Pablo Iglesias, entonces secretario general de Podemos, había recibido 272.000 euros del Gobierno de Venezuela en el paraíso fiscal de Granadinas. Pese a que el mismo día de la publicación de esa noticia el banco en el que supuestamente estaba domiciliada la cuenta de Iglesias desmintió la información, y aseguró que Iglesias jamás había tenido una cuenta en esa entidad financiera, el pseudomedio de Inda no rectificó la información

El bulo se sustentaba en documentos que supuestamente procedían del "Servicio Cubano G2 y del Gobierno Bolivariano de Venezuela" y que según Inda eran "auténticos y veraces". Esos documentos fueron entregados por el ciudadano venezolano Carlos Alberto Arias a la Policía española y esta se los filtró a Eduardo Inda, según ha reconocido el propio Arias.

La información de eldiario.es asegura que ya antes de que fuera publicado el bulo, Francisco Martínez, el número dos de Interior,  ya había firmado el permiso de residencia de Carlos Alberto Arias "por razones excepcionales". Martínez apreció "razones de colaboración con las autoridades policiales" para conceder el permiso de residencia por un año al confidente venezolano.

La publicación de este bulo se produjo apenas cinco semanas antes de las elecciones de junio de 2016 y formaba parte de la guerra sucia lanzada desde el Ministerio del Interior entre 2015 y 2016, en los que en varias ocasiones se informó sobre una supuesta financiación ilegal de Podemos y el enriquecimiento ilícito de sus principales dirigentes.

El objetivo principal de esa guerra sucia era crear falsas acusaciones y su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Este modo de operar, indica la querella, se concretó en ocho casos, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.

El juez Pedraz admitió el pasado mes de febrero parcialmente la querella que interpuso Podemos contra altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy por las investigaciones irregulares y el uso de las cloacas del Estado contra el partido morado. Pedraz dejó fuera de la misma al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al no ver indicios suficientes contra él. El juez sí investiga, en cambio, al antiguo número dos de Interior aquellos años en los que gobernaba el PP, Francisco Martínez, y al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, entre otros.

Público

lunes, 29 de julio de 2024

La verdadera razón por la que tenemos que reducir (drásticamente) la jornada laboral, de María Álvarez

 7 de julio de 2024

En los últimos días, varias organizaciones empresariales han salido en tromba contra la reducción de la jornada laboral. Según dicen, si la porción de trabajadores que todavía trabaja 40 horas semanales (que no son tantos) se pasa a 37,5h, se producirían tremendos perjuicios económicos para las empresas. Como con todas las cosas que no han sucedido aún, es estéril pararse a discutir un futurible. Pero hablemos de algo más interesante. ¿Cuáles son las consecuencias de no reducir la jornada laboral?

Vivimos un tiempo muy loco. Por una parte, en nuestro empeño por hacernos la vida más fácil a través de la tecnología, hemos acabado por conseguirlo. Cada año que pasa hacen falta menos horas de trabajo para producir las mismas cosas. Por otra, en los últimos 40 años –un tiempo récord– hemos educado a varias generaciones para ser expertos en cosas muy sofisticadas –como pensar filosóficamente, diseñar trenes, operar a corazón abierto, construir edificios o realizar complejas operaciones– y ahora no tenemos tantos buenos puestos de trabajo para toda esta gente.

Te lo cuento como empresaria que lleva más de 10 años haciendo procesos de selección: hay mucho más talento en la sociedad del que las empresas somos capaces de absorber. La mayoría de la gente que trabaja para mí podría estar haciendo muchas más cosas de las que hace. El problema lo tengo yo –y el resto de empresarios, y también la administración del Estado que contrata a muchísima gente– que no soy capaz de crear tanta economía como para aprovechar todo este talento.

(...)

Reducción de jornada laboral. Por J. R. Mora

 Reducción de jornada laboral

 

Por J. R. Mora