25/06/2024
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Esteban González Pons y Félix Bolaños, durante la firma del acuerdo de renovación del CGPJ. / Jennifer Jacquemart (Comisión Europea)
El Consejo General del Poder Judicial llevaba 2.025 días secuestrado. Durante todo este tiempo, el Partido Popular se ha negado a renovarlo. Hoy, por fin, ha aceptado dejar de vulnerar la Constitución. Evidentemente, que cese una agresión tan evidente a la norma principal del Estado es una buena noticia, pero tampoco es para tirar cohetes.
De una parte, porque este período ha demostrado la incapacidad del Estado español para responder a los ataques de quienes patrimonializan las instituciones y solo las respetan si sirven a sus propios intereses. De otro, por el modo en el que se ha superado el bloqueo: el Gobierno y los populares se han repartido a medias los veinte vocales –parece ser que dos de los del Ejecutivo los habría propuesto Sumar–, volviendo al desesperanzador intercambio de cromos de los peores años del bipartidismo. Se supone que el acuerdo incluirá, al menos, el nombramiento de un presidente progresista, pero que tendrá las manos atadas por la nueva exigencia de una mayoría interna reforzada para las propuestas de nombramientos.
Ni el PSOE ni Sumar han aclarado cuáles son sus planes para la nueva etapa que afronta el Consejo. Es de suponer que los flamantes vocales lograrán que las casi treinta vacantes abiertas de magistrados del Tribunal Supremo se cubran parcialmente con magistrados de sensibilidad más o menos progresista. Más allá de eso, todo es una incógnita.
Desde la derecha judicial se insiste en que el acuerdo implica avanzar en la línea que tanto llevan planteando de “que los jueces elijan a los jueces”. De ser así, supondría un auténtico retroceso democrático. En definitiva, de lo que se trata es de que un órgano corporativo sin legitimidad parlamentaria controle tanto los ascensos a la cúpula judicial como las decisiones sobre el modelo de justicia. Se hurtaría así a la sociedad el debate sobre el modelo judicial, para asignárselo en exclusiva a uno de los sectores profesionales que participan en la administración de justicia. Si eso sucede, realmente será una cesión inasumible de los demócratas de este país.
En todo caso, el entusiasmo porque se haya acabado con una anomalía constitucional no puede ocultar la perplejidad porque hayamos vuelto al intercambio de cromos entre los dos grandes partidos para colocar a los suyos en el órgano de gobierno de los jueces. El pluralismo y la diversidad de nuestro país son mucho mayores que los que en estos momentos representan socialistas y populares. Llama la atención que un Gobierno que constantemente necesita del apoyo de diversos partidos progresistas, desde Bildu hasta Podemos pasando por ERC, prescinda ahora de todos ellos cuando de lo que se trata es de controlar la justicia, que se reparte a medias con los de siempre, como si hubiéramos vuelto a la España caciquil y del turnismo.
Desde una perspectiva progresista y democrática este tipo de acuerdos son desesperanzadores. Representan un modelo político trasnochado y solo contribuyen a dañar la deteriorada justicia española. Parece además que los socialistas y Sumar renuncian definitivamente a reformar la justicia y se limitan a exigir su parte del pastel. Esencialmente, manteniendo el nombramiento discrecional de los jueces del Tribunal Supremo para colar allí a algunos de los suyos.
En realidad, el acuerdo tiene mucho de esa inocencia de la izquierda menos combativa que sueña con que los conservadores que controlan el aparato del Estado les dejen algunas migajas del mismo, con la absurda esperanza de algún día compartir con ellos las instituciones. Es una aspiración imposible. Por mucho que crean que se están repartiendo con los populares la justicia, ni el PSOE ni Sumar van a controlar una enorme parte de ese mundo. Y a los demócratas que lo sabemos se nos vuelve a quedar cara de póker al descubrir que, en ese afán de tocar poder, una vez más renuncian a tantas reformas necesarias y posibles.
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