martes, 5 de noviembre de 2024

La delincuencia no crece con el aumento de pateras: los datos que desmontan la conexión alimentada por la derecha, de Toni Ferrera / Natalia G. Vargas

 Toni Ferrera / Natalia G. Vargas

Las Palmas de Gran Canaria — 

Canarias recibe desde 2020 el 80,5% de la inmigración irregular que llega a España, pero esto no se ha traducido en un aumento de la criminalidad en las islas. Los datos del Ministerio del Interior desmontan el discurso político que intenta vincular a las personas migrantes con la delincuencia. “Parece que tal y como está el panorama es contra toda lógica, pero después de 30 años de estudio y leer a muchísimos autores, la relación entre inmigración y delincuencia es negativa”, apunta Elisa García España, catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga.

La inmigración ha vuelto a dominar la agenda política en Canarias en los últimos años. Tres décadas después de la llegada de la primera patera a Fuerteventura, el debate permanece estancado en viejos discursos que tratan de relacionar a las personas desplazadas con la inseguridad. Este martes, todos los grupos del Parlamento autonómico se unieron para frenar una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Vox en la que trataba de responsabilizar a los supervivientes de la ruta canaria de un supuesto aumento de los delitos en las islas. En su exposición de motivos, el partido de extrema derecha retuerce las cifras de criminalidad para ligarlas a una “invasión inmigratoria”. 

Sin embargo, la tasa de criminalidad en Canarias está por debajo de la media nacional. Y lo ha estado durante casi toda la serie histórica. De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, en el conjunto del Estado hubo 48,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes en 2022, pero en las Islas se registraron menos, 43,5 por cada 1.000. Existen otras autonomías, como las Islas Baleares (63,4), Catalunya (60,6) y la Comunidad de Madrid (59,2), donde la tasa es aún mayor.

Además, la evolución de la delincuencia en el Archipiélago muestra que, desde la entrada del nuevo siglo, la criminalidad ha decrecido para luego estabilizarse en la última década. En el año 2000, la tasa era de 66,5 por cada 1.000 habitantes. En 2023, el curso pasado, ya había caído a 46,5 por cada mil tras un pequeño repunte desde la crisis del coronavirus. Todo esto mientras el peso de la población extranjera en la Comunidad Autónoma se ha triplicado en los últimos 23 años. 

“La comunicación política es sentimental. Va a las tripas. ”Ellos son los más salvajes, los más violentos“,...”, explica el periodista Samuel Toledano. Para que el discurso emocional funcione, se necesitan “elementos sólidos”. “Ahí entra el dato. Cogen el dato que les interesa, lo descontextualizan y ya tienen un argumento sólido. Así la gran propaganda funciona mejor”, añade el profesor de Ciencias de Comunicación y Trabajo Social de la Universidad de La Laguna (ULL).  

Coalición Canaria y el Partido Popular también han abrazado las consignas que hasta ahora abanderaba la extrema derecha. En una tertulia televisiva, el secretario de Organización de CC en Lanzarote, Echedey Eugenio, expresó su preocupación por que los menores extranjeros no acompañados compartieran aulas y hospitales con su familia. “¿Sabes con quién van a compartir sus colegios y sus centros sanitarios esos 6.000 menores cuando se conviertan en mayores de edad? Con mis hijos y mis nietos”, clamó el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife. 

A las puertas de las pasadas elecciones europeas, el senador del PP Sergio Ramos aprovechó el asesinato de un joven en el municipio grancanario de Telde para agitar la campaña. El también vicealcalde de esta ciudad aprovechó la muerte del chico, apuñalado tras una reyerta, para afirmar que los migrantes representan “un problema muy grave” que tiene como máximo responsable al Gobierno de España. 

Pero la percepción de inseguridad que pretendía trasladar el senador no se sostiene con datos. Los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que los nacionales en Canarias delinquen más que los extranjeros. En 2023, según la última actualización de las cifras, publicada esta misma semana, el 79% de los condenados en las Islas tenían la nacionalidad española, frente a un 21% de extranjeros. Y eso que lo que nos muestran los datos son tan solo “la reacción del sistema” ante el delito, no la “delincuencia real”, explica García España. 

La catedrática, que lleva décadas estudiando la relación entre inmigración y delincuencia y dirige el Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI), hace hincapié en este hecho y en la dificultad de “delimitar” el concepto inmigración, en donde caben multitud de interpretaciones. “Yo he estado viviendo un año en Estados Unidos. Cambié mi residencia habitual y fui inmigrante. Pero cuando tú hablas de inmigración, en la cabeza de las personas no está ese concepto tan amplio”, destaca. 

García España recuerda que “el derecho penal no llega a todos por igual”, que es “mucho más fácil” perseguir un delito de hurto que de corrupción administrativa o ir detrás de una “determinada población”. Es un sistema “selectivo”, insiste la experta, sobre todo con las personas con rasgos étnicos diferentes, algo que está “altamente demostrado”. “Es un sesgo individual que no quiere decir que sean racistas y que vayan a por el extranjero de forma dolosa”, sino que “desvían su actuación sin que ellos sean conscientes de ello”, remacha.

Al actuar sobre 100 inmigrantes y 10 españoles, eso sí, “consigues determinados réditos”, concluye la catedrática. “Estamos mirando todo el rato si el inmigrante es el que delinque, pero lo que hay que hacer es poner el foco en el contexto social de acogida”.

Una investigación publicada en 2012 en la revista American Law and Economics Review analizó la base de datos provincial de 1999 a 2009 en España para evaluar si había alguna relación entre inmigración y delincuencia. El trabajo, muy citado en el ámbito académico, concluye que no existe evidencia de una relación causa efecto entre ambos factores, “particularmente en lo que respecta a delitos graves y contra la propiedad”, en palabras de uno de sus autores, César Alonso-Borrego, profesor de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Entre las razones que pueden explicar este hecho, Alonso-Borrego alude a las “afinidades culturales” entre la población nativa y una parte importante de la población inmigrante en España durante esa década, principalmente de origen latinoamericano. El estudio también descubrió que colectivos de otros países de origen, como los rumanos, presentaron tasas de criminalidad mayores en los primeros años de su llegada, pero que en poco tiempo esos registros pasaron a asemejarse a los de los nacionales. “La explicación más plausible es la integración”, recalca el economista. 

“El enfoque securitario y el discurso del miedo son algunas de las expresiones más comunes de las nuevas formas de racismo contemporáneo: el racismo democrático”, explica la investigación Racismo “democrático” y fronteras morales: ¿cómo construir una ciudadanía insurgente?, elaborado por Daniel Buraschi y María José Aguilar-Idáñez. “El discurso racista se alimenta del miedo y justifica el rechazo de las personas migrantes porque considera que es legítimo defenderse frente a la amenaza que representan estas personas”, añade el estudio. 

Para el activista Redwan Baddouh, el objetivo de estas campañas es claro: generar crispación y odio hacia las personas migrantes. “Intentan poner a pelear a pobres contra pobres. Le dicen a los pobres de aquí que otro pobre le está quitando cosas, cuando el problema no es el que llega de otro país en situación de vulnerabilidad, sino los cuatro gatos que especulan y acumulan toda la riqueza”, asevera. Según Baddouh, “no son solo los discursos de la extrema derecha, sino también las acciones del Estado las que alimentan el odio” hacia las personas migrantes. “No las regularizas y las tienes en condiciones denigrantes. Se va generando una situación de conflicto y así alimentas el monstruo del racismo”, concluye.

Ilustración del día: Fronteras de Europa Por Malagón

 



OTRA COSA:   CTXT. América Latina desde dentro, por Emiliano Gullo y Paula 'Poli' Sabatés 


Enfermería, una profesión 'de riesgo': en el año 2023 se produjeron cerca de 3.000 agresiones, de María Fernández

 María Fernández   6/10/2024

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que ha registrado un mayor número de sucesos, seguida de Baleares, Aragón, Castilla y León y Galicia


En 2023 se denunciaron un total de 2.840 agresiones a enfermeras en España, según los datos del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería. Esta cifra supone un incremento de más del 10 %, con respecto a 2022, cuando se registraron 2.580 incidentes.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, critica que las enfermeras sufren una violencia en muchos casos derivada de las deficiencias del sistema sanitario, las listas de espera y las demoras en la atención, y demanda un incremento del número de enfermeras con el que se logre rebajar la presión asistencial de una sanidad infradotada.

Del mismo modo, Pérez Raya afirma que hay límites que «no se pueden traspasar», porque la abnegación de las profesionales no implica soportar vejaciones ni agresiones. Con la violencia, ya sea verbal o física, «debemos tener tolerancia cero». Así, relata que «no hay justificación alguna» para sentir miedo o sufrir lesiones, amenazas ni ultrajes cuando uno simplemente desempeña su labor en su puesto de trabajo. Y menos cuando su trabajo consiste en salvar vidas, «en cuidar de la salud de las personas».

Como destaca el presidente del Consejo General de Enfermería, las 345.000 enfermeras de España se enfrentan cada día a hacer su trabajo con «una presión asistencial brutal» debido al déficit crónico de profesionales que existe. De hecho, hacen falta casi 100.000 enfermeras para «equipararnos a nuestros vecinos europeos». Para Pérez Raya, las enfermeras no son responsables «de los males del sistema, de las demoras en la atención, de la falta de recursos, de no poder atender sus expectativas». De hecho, en muchas ocasiones son quienes también sufren todos esos problemas de nuestro sistema sanitario.

Diego Ayuso, director del Observatorio y secretario general del CGE, explica este aumento no se ha debido realmente a que las agresiones hayan incrementado , sino a que hay «una mayor concienciación de los profesionales» a la hora de denunciar y una mayor sensibilidad a la hora de registrar los datos por parte de las comunidades autónomas.

Número de agresiones por comunidades

Según los últimos datos del Observatorio de Agresiones del CGE, correspondientes al año 2023, se han registrado un total de 2.840 agresiones a enfermeras. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que ha registro un mayor número de estos sucesos, con 752, seguida de Baleares (369), Aragón (242), Castilla y León (232) y Galicia (212). Por el contrario, las regiones que menos agresiones han notificado son Ceuta (tres) Melilla (tres), Extremadura (14), Comunidad Valenciana (15) y Madrid (30).

Si comparamos los datos con los del año anterior, se observan fuertes incrementos Aragón (+145), Canarias (+142), Islas Baleares (+101) y Cantabria (+72), propiciados por un aumento de las denuncias por parte de las enfermeras y un mejor registro de los datos por parte de los diferentes servicios de salud.

Tal y como ha señalado Guadalupe Fontán, coordinadora del Instituto de Investigación del CGE, los datos del observatorio provienen de lo que les notifican los colegios provinciales de Enfermería, así como de algunas instituciones que a nivel autonómico también «nos los hacen llegar». Del mimo modo, Diego Ayuso, secretario general del CGE y director del Observatorio de Agresiones, asevera que estos datos no reflejan «el total de las agresiones reales».








lunes, 4 de noviembre de 2024

CTXT. No hay derechos culturales sin justicia social, de Santiago Eraso Beloki

Santiago Eraso Beloki 4/09/2024

 A propósito del acceso y democratización de la cultura

La biblioteca de Babel.


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Desde que a mediados de los años setenta fui responsable de la biblioteca pública municipal de mi pueblo, Tolosa, y unos años después primer director de la Casa de Cultura, hasta la reciente presentación del Plan de Derechos Culturales, promovido por el actual Ministerio de Cultura, la cuestión del acceso y democratización de la cultura es el tema y la preocupación más recurrente entre las personas que nos dedicamos a la gestión cultural.

Es cierto que se ha avanzado mucho en la ampliación de derechos, pero seguimos constatando que aún falta mucho por hacer. ¿Por qué, a pesar de todos los esfuerzos institucionales, planes estratégicos, congresos, laboratorios, etc., hay tanta gente que se queda al margen de lo que entendemos por cultura? ¿No será que cuando afirmamos el derecho a la cultura, con demasiada frecuencia, olvidamos enunciarlo junto a la exigencia de otras políticas económicas que amplíen la justicia social? ¿No será que seguimos pensando esos derechos como si el sistema cultural fuera autónomo e inmune a la economía capitalista en la que se inscribe y desdeñamos que reproduce los mismos mecanismos de desigualdad y genera las mismas lógicas de segregación y exclusión, incluidas las propiamente culturales?

Las instituciones culturales –sean las que sean en su extensa diversidad y condición económica– no son entidades separadas de la vida, más bien son campos dialécticos donde se dirimen formas opuestas de concebirla. Aunque cierto idealismo nos haga pensar lo contrario, no están aisladas de la realidad, de su dinamismo y composición social, sus problemas humanos, tensiones políticas y encrucijadas culturales. Si la pretensión es ensanchar los derechos culturales, abrir más las instituciones, hacerlas más permeables, escuchar mejor todo lo que las circunda, deberíamos aceptar, de partida, la condición expuesta de cualquier experiencia cultural y asumir que siempre están afectadas por el contexto social y económico en las que se inscriben para, de ese modo, poder aplicar políticas de redistribución más justas y equitativas.

Soy consciente de que ni el Ministerio de Cultura, ni los departamentos culturales de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, y mucho menos las instituciones culturales que de ellos dependen, tienen potestad para modificar el sistema económico y aplicar otras políticas de redistribución de las rentas del capital y del trabajo o derogar la ley de extranjería –por poner dos ejemplos de discriminación social. Sin embargo, sí tienen responsabilidad a la hora de exigir a los gobiernos correspondientes otras políticas que puedan atenuar las dificultades que numerosas personas tienen para participar o ser activas en la “vida cultural”, por lo menos como la entendemos desde las convenciones del sistema (dicho sea de paso, la diversidad de formas culturales existe más allá de las instituciones y se manifiestan a través de sus propias dinámicas, muchas veces alejadas o, al margen, de las propuestas hegemónicas).

Políticas que, como está tratando de implementar con muchas dificultades el actual Gobierno, impliquen contratos dignos y salarios justos, cumplimiento de las leyes vigentes sobre duración de las jornadas laborales, reducción del tiempo de trabajo, ampliación de rentas sociales (mejora de las pensiones y del ingreso mínimo vital o, yendo más allá, la puesta en marcha de la renta básica universal), para poder reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y, de ese modo, ensanchar las potencias de la subjetividad creativa. Políticas económicas que, del mismo modo, acompañen a políticas fiscales que deberían favorecer a los más débiles de la cadena productiva y exigir más a los que más acumulan o concentran capital y recursos.

Me refiero a políticas que defiendan a los sectores más frágiles y desprotegidos del tejido social y creativo. Políticas que incentiven más las iniciativas pequeñas y distribuidas en el territorio, con el apoyo a asociaciones, cooperativas, colectivos o pequeñas empresas, eventos y festivales, etc. y menos a los macro eventos centralizados. Alguna vez he comentado que más valen diez mil actividades para cien o mil personas que cien macro eventos para cien mil.

Por tanto, el derecho a la cultura no debería enunciarse únicamente desde el giro lingüístico de los cuidados, tan nombrados y, paradójicamente, tan maltratados; o desde del discurso ambientalista o el decolonial que, muy a menudo, terminan siendo modas formales despolitizadas, novedades políticamente correctas que se convierten en obsoletas antes de que afecten a las estructuras funcionales de las instituciones, sino desde la intención de trabajar con un compartido sentido ecológico y una justa economía de medios, mejor distribuida en relación con los presupuestos, las necesidades de personal y con adaptación saludable a calendarios sostenibles. Es decir, a través del equilibrio sensato entre temporalidades laborales y programaciones asumibles, desde la acción, sí, pero con prudencia y capacidad para confrontar este tiempo de excesos actual, de productivismo acelerado que está generando en el mundo tanta precariedad, ansiedad, medicalización e inseguridad social.

Sabemos que además de la capacidad económica, de la disponibilidad de tiempo o de una actitud proactiva, hay más barreras de las que pensamos para acceder a las instituciones y, muchas más, para involucrarse en ellas y participar en su constitución. Entre ellas, como se menciona en La cultura no es una autopista. Los museos podrían ser jardines. Toma de decisiones y distribución en el ámbito de la producción artística y cultural –recopilación de textos coordinada por Lucía Egaña Rojas y Giuliana Racco–, se podrían citar el tipo de programación, la “calidad artística”, las políticas institucionales sobre integración, capacitismo, inclusión/exclusión y diversidad o las que tienen que ver con las condiciones sociales y laborales de trabajadores y usuarios, la aplicación de determinadas normativas restrictivas de acceso, la falta de trasparencia en la gestión de recursos, los excesos de los procedimientos administrativos, etc. En la medida que sus márgenes de maniobra lo permitiesen, las instituciones públicas, en lugar de ser continuadoras de las macropolíticas segregadoras, deberían actuar como modelos ejemplarizantes de otros modos de hacer.

Asumir una condición política democrática, social, feminista, ecologista, decolonial y antirracista, más allá de gestos estéticos, supone tomarse en serio las complejas formas de coexistencia entre lo geofísico (el cambio climático), lo económico (la distribución justa de las rentas del capital y el trabajo), lo cultural (la diversidad y la pluralidad democrática), a la vez que confrontamos con otras políticas las formas de producción depredadoras que, al servirse de nuestras vidas para explotarlas y acumular riqueza, ha generado el capitalismo.

Por otro lado, parafraseando a Laura Quintana en Espacios afectivos. Instituciones, conflicto, emancipación, para imaginar procesos de transformación también es importante saber desde dónde, con quién se habla; y desde esa condición escuchar a la comunidad social hablante en la que se inscribe para fomentar la participación, y sobre todo ser consciente de las formas de poder y los mecanismos de control institucional que se ejerce y que por tanto determinan y condicionan los saberes, los discursos y los regímenes sensoriales que produce.

Más allá de desarrollar herramientas para extender los derechos culturales de la forma más democrática posible –dice Quintana–, el trabajo de mediación conlleva dejarnos interpelar mucho más por voces, visiones, lógicas sociales y prácticas culturales que han sido marginalizadas, incluso despreciadas, por las formas dominantes de producción de conocimiento; dejarnos alterar por vidas, experiencias, lenguajes, narrativas que nos abran posibilidades sensibles aún no materializadas, aunque sean intempestivas y nos revuelvan las cómodas convenciones que, casi siempre, descartan la emergencia de lo impensado, de lo que puede surgir justamente como inédito o que está orgullosamente presente, pero que el paternalismo (patriotismo) cultural o ciertas concepciones de la identidad patrimonial eluden.

Jazmín Beirak, actual directora general de Derechos Culturales, ha afirmado en reiteradas ocasiones, por ejemplo en su libro Cultura ingobernable, que uno de los grandes retos de la política cultural es cambiar la perspectiva y los objetivos para hacer partícipe a la ciudadanía de las actuaciones que les interpelan directamente. Existe –dice– una brecha entre las personas que conforman el mundo de la cultura y quienes no, una sensación de que los asuntos de la cultura solo tienen que ver con quienes trabajan directamente en él. En ese sentido, Beriak cree que el problema de fondo es cómo se entiende la cultura en la sociedad, ya que habitualmente no se la considera igual de importante que la sanidad, la educación o el trabajo. Desde mi punto de vista, la transversalidad social de la que tantas veces habla la directora de Derechos Culturales solo se podrá conseguir si, para empezar, frenamos entre todas la tendencia a la privatización de los sectores públicos que son los que garantizan la distribución de la justicia social y posibilitan el desarrollo de la sensibilidad individual y las prácticas colectivas en comunidades, sean las que sean y estén donde estén.

Sigo convencido de que aún podemos optar por políticas que incentiven procesos participativos continuos de formación o entretenimiento a lo largo de toda la vida. Mediaciones afectivas capaces de integrar la creciente diversidad ciudadana, de clase, de cultura, de religión, de género, de lengua, entendiéndola como una oportunidad y no como una amenaza. Sigo pensando, a pesar de ser un pesimista con esperanza como dice Terry Eagleton, que podemos llevar a cabo esa labor desde la raíz y no meramente de manera formal o estética, como es habitual. Un modelo de política cultural, heredero de esa idea ilustrada de la cultura como derecho, pero revisitado desde una concepción radical como lo plantea Marina Garcés en Nueva ilustración radical, donde nos indica que al mismo tiempo deberíamos activar nuestra moderación del deseo porque imaginar es asimismo poder hacer presente lo ausente, lo que ya ha sido (con cuidar mucho más lo que ya existe, bastante habríamos avanzado), lo que no ha podido ser, lo que podría ser de otro modo o lo que quizá algún día será. No hay imaginación –añade Garcés– sin educación, sin trabajo y sin relación con los lenguajes, las imágenes, las percepciones y los límites culturales de cada época y contexto social; transformar escuchando, pero hacerlo con sentido común para poder detenerse en el momento justo porque si no ponemos límites a la producción en esta fábrica global de la innovación en la que pretenden embarcarnos los delirios camino de Marte, la creatividad y la imaginación crítica quedan bloqueadas por la ansiedad programática.

Remedios Zafra, a la que precisamente estos días han homenajeado en su pueblo natal Zuheros, poniéndole su nombre a la Casa de la Cultura, al final de su libro El bucle invisible, habla también de imaginar las necesidades de un futuro, pero interrumpiendo el bucle que nos ata a las formas de vida mediadas por el capitalismo veloz en el que vivimos, unas mucho peor que otras. Descuidar el futuro, es descuidar el nosotros, dice. Y si estamos hablando de imaginación del trabajo futuro no es posible separarlo del contexto socioeconómico. Ante el bucle que anticipa al del sur como emigrante, al del distrito periférico como pobre, al enfermo como inútil, a la mujer solo como madre o al inconforme como infeliz, precisamos –subraya– más reflexión pausada, más investigación y ciencia, siempre educación y cultura; más pausa para comprendernos y menos poderes económicos sobrepuestos al poder ciudadano. O como nos dice en su último libro El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática “[…] desde al amor que nos llevó a nuestros trabajos (investigar, crear, escribir, enseñar, etc.) y la necesidad de salvarlos”. ¡Qué así sea!

Personas muertas en España, por la Caza, en el periodo 2007-2020

 Pedro Miralles Ponce   24/9/2024



Seguimiento masivo de una huelga educativa pasada por agua en la Comunidad de Madrid

  Redacción El Salto   29 OCT 2024

Las organizaciones convocantes cifran en más de un 70% el seguimiento de un paro con el que piden que se reviertan los recortes presentes desde la crisis del 2012 y que el profesorado reduzca sus horas lectivas, como está ocurriendo en el resto del Estado.

Manifestación del profesorado madrileño tras la huelga educativa este 28 de octubre. DAVID CANALES

Muchas imágenes del momento en este enlace

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El profesorado madrileño vuelve a plantar cara a los recortes establecidos por el Partido Popular en 2012 y perpetuados por los sucesivos gobierno popular, incluidos el actual de Isabel Díaz Ayuso. Y lo han hecho con el primer paro total del curso 2024/2025 este martes 29 de octubre, convocado de un lado por los sindicatos de la mesa sectorial -CCOO, ANPE, CSIF y UGT- y del otro por la Asamblea Menos Lectivas y CGT. Antes de esto, la Consejería de Educación, capitaneada por Emilio Viciana, desconvocaba una reunión con los sindicatos de la mesa sectorial el pasado 12 de septiembre en la que se pensaba retomar las negociaciones, después de que el pasado curso se sucedieran cinco huelgas educativas.

Según los datos de las entidades convocantes los paros han tenido un seguimiento que supera el 70%, cifra ya presentada en anteriores convocatorias. También como en huelgas anteriores la incidencia ha sido mayor en Secundaria, donde la participación ha sido del 76%. “No obstante, hay que señalar el aumento significativo de seguimiento en los centros de Infantil y Primaria en los que el seguimiento ha sido del 65%”, destacan. También destacan un alto seguimiento en algunas zonas como Madrid capital, especialmente en los distritos del sureste, así como en el distrito centro. También se ha registrado un aumento significativo de seguimiento en localidades del sur como Fuenlabrada, 

La jornada, que ha estado salpicada por piquetes, actos y concentraciones por barrios y pueblos de la comunidad, ha acabado con una gran marcha hacia Sol. Si las negociaciones continúan paradas, el próximo 21 de noviembre habrá una nueva jornada de paro total entre la plantilla de la educación madrileña.

Una mejora de las condiciones laborales y una disminución de las ratios

Sobre la mesa, la reducción de las horas lectivas del profesorado de la comunidad, la única que aún no ha comenzado a revertir los recortes que se extendieron por todo el Estado con la crisis económica de 2012. Las entidades convocantes aseguran que la Consejería de Educación, comandada por Emilio Viciana, se niega a recuperar el horario lectivo a 18 horas en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial y a 23 horas en Infantil y Primaria. Además, solicitan una equiparación salarial con el resto de comunidades.

Madrid es la única Comunidad que empieza el curso con 20 y 25 horas lectivas Todas las comunidades han comenzado el proceso de la vuelta a las 18/23, a excepción de Madrid Hoy le mostraremos al viceconsejero este mapa y le pediremos explicaciones


También piden mejoras en los centros como la bajada de ratios o la dotación de los cupos necesarios para la atención a la diversidad. Y para luchar por todo ello desde la Asamblea Menos Lectivas, un colectivo autogestionado de profesores y profesoras, ya cuentan con un músculo de 149 asambleas en centros públicos de la comunidad.

Una lucha que coincide también en el tiempo con el anuncio por parte del Gobierno central de un aumento de los fondos que se destinan a la escuela concertada, factor clave en la segregación del alumnado, siendo Madrid de las máximas exponentes de este modelo, tal y como alertan desde la Asamblea Menos Lectivas. Según esta asamblea la segregación supone la distribución desigual del alumnado según su nivel socioeconómico y en la comunidad gobernada por Ayuso habría que cambiar al 41% del alumnado de centro para lograr una distribución equilibrada.