Un blog que nace ante el intento por parte de algunos medios de desprestigiar el movimiento 15M ubicándolo en el marco anarcoperroflauta exclusivamente, ignorando a los miles de ciudadanos que toman las calles pidiendo libertad y justicia
La Delegación del Gobierno ha prohibido una concentración convocada por Vox frente al centro de menores del distrito madrileño de Hortaleza después de que la semana pasada se produjera la presunta violación de una menor de 14 años por parte de un residente del centro, ya detenido. La policía también ha tenido en cuenta para valorar el riesgo de esta concentración otro suceso violento registrado posteriormente, en la noche del domingo: la agresión de dos encapuchados a tres menores migrantes que también viven en el centro.
Pese a la prohibición, alrededor de 100 personas se han concentrado este martes en Hortaleza. El partido de ultraderecha ha defendido que este acto era una comparecencia ante los medios, por lo que ha mantenido la convocatoria en la que han participado la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y la diputada Rocío de Meer. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha apuntado a que no se descartan sanciones para las dirigentes de Vox que han acudido a la manifestación.
Pérez Moñino ha acusado tanto al Gobierno central como a los Ejecutivos autonómicos de "proteger a los delincuentes y abandonar a los españoles", y ha responsabilizado tanto al PSOE como al PP de "abrir las fronteras a migrantes misóginos que ponen en peligro a las mujeres". Asimismo, ha exigido el cierre inmediato de los centros ilegales y la deportación de "todos aquellos que han llegado de forma ilegal a nuestro país".
Durante el acto, que ha estado vigilado por la Policía Nacional, los asistentes han coreado consignas contra el Ejecutivo nacional, como "¡Menas a Marruecos!" y "¡Fuera el psicópata de Sánchez!". Del mismo modo, los manifestantes han mostrado carteles que reclamaban deportaciones con frases como "Nuestras hijas tienen miedo".
Prohibida para proteger los derechos de los menores
Con esta prohibición, la Delegación del Gobierno busca proteger los derechos fundamentales de las personas menores de edad y preservar la seguridad ciudadana, en aplicación del principio del interés superior del menor. "Es una concentración dirigida a hostigar a los menores en su casa", ha manifestado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en declaraciones a TVE, en las que ha apuntado que la Policía Nacional ha situado el riesgo que entrañaba esta concentración como elevado.
No es la primera vez que se toma esta medida; el pasado mayo se prohibió la protesta convocada por la Asociación Núcleo Nacional frente a este mismo centro. En aquella ocasión, la Delegación justificó su decisión en "la necesidad de proteger la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de los menores acogidos en el centro".
Vox critica el aumento de centros de menores migrantes
La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha anunciado que la convocatoria de esta protesta se hacía en solidaridad con la víctima de la agresión sexual, y también "en nombre de todas las víctimas de la inmigración ilegal, masiva e incompatible".
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Millán, que ha asegurado que si no hace Vox esta protesta, "nadie lo va a hacer y nadie lo va a denunciar", ha enviado toda su solidaridad a la familia de la presunta víctima, a la par que ha criticado "la presencia cada vez más numerosa" de estos centros en los que, dice, "se interna a varones jóvenes de culturas incompatibles con Occidente".
Presunta violación a una menor
El pasado viernes la Policía Nacional detuvo a un menor residente en este centro de menores de Hortaleza por un delito de violación a una menor y posteriormente un juez de Madrid acordó su ingreso en un centro de internamiento en régimen cerrado. Tras lo ocurrido, la Comunidad de Madrid acordó remitir el caso de este menor a la Delegación del Gobierno para que procediera a su reagrupamiento familiar conforme a la legislación vigente.
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Además, el pasado domingo un grupo de encapuchados asaltaron a varios menores migrantes de este centro. Este ataque dejó un herido que tuvo que ser trasladado al hospital y que ya ha recibido el alta. La Policía Nacional investiga los hechos ocurridos y, por el momento, no se ha detenido a ninguno de los autores de la agresión.
El Gobierno pide responsabilidad al PP
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno ha pedido responsabilidad al PP en sus mensajes sobre la inmigración porque advierten de que "los discursos de odio generan actitudes de odio". Según el Ejecutivo, el partido de Feijóo tiene un "problema serio de liderazgo" y un "deseo constante de copiar las formas y el fondo del producto original que es Vox", adoptando, en opinión del Gobierno, una oposición destructiva también en lo referente a la inmigración.
La portavoz del Gobierno Pilar Alegría ha sostenido que en los últimos días se han podido escuchar declaraciones de dirigentes autonómicos "que señalan e incriminan directamente a todos los jóvenes migrantes y que desde luego no se pueden permitir esa falta de absoluta irresponsabilidad".
Tanto el líder de Vox Santiago Abascal como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han hecho eco del caso de la violación en el distrito madrileño de Hortaleza. Ayuso acusó en sus redes sociales al Gobierno de Pedro Sánchez de "multiplicar" la llegada a España de menores inmigrantes cada día "más agresivos" y "en peores condiciones". Por su parte, Abascal atribuyó la culpa de la agresión a aquellos "que hacen política y negocio con la invasión islamista".
Una parte de las más de 200 plazas que, según los sindicatos, quedaron sin cubrir en el operativo antiincendios —al menos 80 en Ourense— eran las de conductores y mecánicos de estos vehículos
En el listado de medios que la Xunta solicitó al Gobierno para combatir la oleada de incendios en Ourense, junto a bulldozers, helicópteros y nodrizas, hay un apartado específico para las motobombas. El ejecutivo autonómico solicita a Madrid 30 de estos vehículos para acompañar a los 380 que, según la información oficial, forman parte del “mayor dispositivo antiincendios de la historia de Galicia”. Sin embargo, según denuncian los sindicatos y ha podido comprobar elDiario.es, muchas de esas motobombas permanecen paradas durante buena parte del día al carecer de personal para manejarlas. A la hora de cerrar esta información, la Consellería de Medio Rural seguía sin responder a las preguntas de esta redacción.
“Las motobombas trabajan por turnos”, explica Óscar Rodríguez —bombero forestal, jefe de cuadrilla y delegado de CCOO en el Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF) de Ourense—. “Si tú no tienes gente para cubrir las 24 horas del día, en esos turnos en los que no hay nadie se quedan en el garaje”. Largas franjas de tiempo durante las que permanecen inoperativas. Por eso, a Rodríguez no le pasó desapercibido que, en la petición al ejecutivo, Rueda solicitase que los vehículos viniesen “con sus conductores”.
Tras reclamar durante el invierno la cobertura de todas las plazas del servicio, CCOO denunció que, pese al triunfalismo de la Xunta —“cuando empezó la temporada de fuegos estaba todo perfectamente preparado”, insistía todavía este lunes el presidente gallego—, al entrar en el período de máximo riesgo, el dispositivo contraincendios estaba “lejos de funcionar al 100%”. “Nos decían que no había vacantes, que no existían y nosotros contabilizamos más de 200 sin cubrir, más 80 en la provincia de Ourense”, la que está siendo devastada por las llamas.
Entre esas vacantes estaban, entre otras, muchas de conductor de motobomba o de conductor-mecánico, la figura que se encarga de gestionar su mantenimiento y su puesta a punto con el taller. “Las dos plazas del distrito forestal XIV (Verín-Viana, el mayor de Galicia) y la única que existe en el XIII (Valdeorras-Trives) llevan muchísimo tiempo sin cubrir”. En esos dos distritos es donde siguen ardiendo los mayores fuegos de la historia de Galicia.
Este lunes, el presidente de la Xunta respondió a las críticas por solicitar 200 efectivos del ejército mientras los sindicatos denunciaban la existencia de un número equivalente de vacantes en el servicio de extinción. “Las plazas no cubiertas eran plazas por bajas”, aseguró entonces Alfonso Rueda. “Se están haciendo llamamientos continuos para cubrirlas y también se están criticando esos llamamientos”.
Llamamientos en plena oleada
Los últimos llamamientos de los que hablaba Rueda se produjeron el viernes 15 de agosto. Fueron los números 16 y 17 de los realizados este año. Ese mismo día se superaron las 40.000 hectáreas calcinadas en Ourense, hubo pueblos confinados, residencias de mayores evacuadas y se cortó la circulación por tren con la Meseta. Frente a los 15 llamamientos anteriores, de apenas un puñado de vacantes en cada uno, en éste se convocaron 198 plazas para el servicio de extinción, la práctica totalidad, de incorporación inmediata. Para los sindicatos, fue “la confirmación” de sus denuncias.
“Esas plazas no eran para cubrir bajas que fuesen surgiendo”, asegura Rodríguez, “son las que vienen de atrás”. Muchas de ellas, según asegura, bajas de larga duración que, ante la dureza del servicio, en muchas ocasiones acaban derivando en incapacidades. “No son vacantes, son sustituciones”, zanja Zeltia Burgos, responsable de administración en la CIG, “que no sabemos cuándo se generaron, cuándo comenzaron y por qué no se cubrieron antes”.
A través de un comunicado, Burgos alertaba de que esas plazas se cubrirán a través de las listas de contratación, donde hay muchas personas sin experiencia previa en incendios forestales. “Van a entrar con un dispositivo desbordado, colapsado, con personal agotado y con la presión psicológica de peligro y riesgo grave debido a la gran cantidad de fuegos y de su tamaño”.
Para la CIG tampoco hay duda de que se llegó a esta situación “porque desde la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Medio Rural se negaron a cubrir los puestos vacantes y no vacantes antes de la campaña de incendios”. Y eso “a pesar de que las personas expertas y la representación del personal alertamos de que iba a ser una campaña difícil”.
Los vaivenes con los bomberos urbanos
Las de los distritos forestales no son las únicas motobombas infrautilizadas de las que podría disponer la Xunta para la lucha contra el fuego. Sin salir de Galicia, los parques comarcales disponen de vehículos que, de nuevo, se ven obligados a estar parados por falta de personal. En el de Verín, a solo unos metros de la base del distrito XIV, este martes había tres vehículos y otros tantos efectivos, así que dos permanecieron parados.
Esa noche, el gobierno gallego enviaba de vuelta a sus bases a los bomberos urbanos que participaban en el dispositivo porque consideraba que, en esta fase de la ola de incendios, en la que no se registran evacuaciones ni confinamientos, ya no eran necesarios. Horas después, según informó la Cadena SER, daba marcha atrás ante el revuelo causado por la decisión. Sin embargo, a última hora del miércoles, a los efectivos que recibieron la apresurada orden de recoger aún no los habían convocado para regresar al operativo.
Fusara, fundación dependiente del arzobispado de Madrid, llegó el pasado 30 de julio a un nuevo acuerdo extrajudicial para intentar vender 13 de los inmuebles que administra en el centro de la capital.
Inquilinos de los inmuebles de Fusara en Madrid protestan contra la venta de sus edificios al fondo Tapiamar.Cedida
La Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), dependiente del arzobispado de Madrid, llegó el pasado 30 de julio a un acuerdo extrajudicial para vender 13 de los 14 inmuebles que administra en el centro de la capital. Con sus inquilinos dentro. Más de 200 familias. Según el contrato privado de compraventa, al que ha tenido acceso Público, Fusara se los traspasa a la sociedad Tapiamar, a través de hasta trece sociedades interpuestas. "Empresas pantalla", denuncia Jesús, uno de los vecinos afectados por la venta. No es la primera vez que la fundación religiosa lo intenta. De hecho, el caso se remonta al año 2019.
Fue a finales de abril cuando el patronato que gestiona la fundación, presidido por el entonces arzobispo, Carlos Osoro, aprobó la venta de todos los inmuebles de Fusara. Los 14, incluída su sede. "El momento fue muy escogido. Justo un día antes de las elecciones municipales y cuando no se encontraban presentes ninguno de los representantes civiles del patronato. Ni el delegado de la alcaldesa, ni el del gobierno autonómico, ni el presidente del Tribunal Superior de Justicia…", explica Mónica, otra de las vecinas afectadas, que ejerce como abogada del caso en los tribunales. "Solo había presentes miembros del arzobispado. La Iglesia sabía lo que hacía", subraya la letrada.
"Vivimos en edificios con una función social", subrayan los vecinos
La venta se cerró definitivamente el 30 de julio de 2019, aunque los inquilinos no lo supieron hasta finales de septiembre. Con un burofax. Tenían nuevo casero. En seguida surgieron las primeras dudas. ¿Quién había comprado los edificios? ¿Se mantendrían sus alquileres? Las respuestas aún tardarían en llegar. En su comunicado inicial, Fusara señalaba a la sociedad Savills Aguirre & Newman, ligada a la familia de la expresidenta de la comunidad, como la nueva gestora de los inmuebles. No era, sin embargo, la propietaria.
Una nueva carta. Esta vez de los propietarios. Con una peculiaridad: en cada edificio salía un nombre diferente. Alprozan Premiun, Canderax Corporate, Novalium Forum… "Llegaron a aparecer hasta 15 sociedades creadas ad hoc, entre el 2 de abril y el 13 de junio de ese mismo año, con el mero propósito de comprar los edificios", explica Mónica. Con un nexo común. Todas ellas estaban ligadas a la misma sociedad, Tapiamar. Y al mismo dueño: el empresario Roberto de Juan González. "Es un procedimiento habitual de los fondos para diluir responsabilidades. Para que sea más difícil rastrearlos", aclara la letrada.
Una irregularidad tras otra
Los detalles del acuerdo continuaron llegando a cuentagotas. Primero, el precio fijado: 74 millones. Muy por debajo de los más de 120 que calculaban las tasaciones más comedidas. "Estamos hablando de edificios distribuidos por el distrito Centro de Madrid. Por los barrios de Chamberí, Lavapiés, Chueca…", detalla Jesús. "Era un precio ridículo, la fundación salía perdiendo", valora. Las irregularidades no terminaban ahí. "Con la venta estaban vulnerando el fin fundacional, protegido por la Ley de Fundaciones. Vivimos en edificios de una fundación benéfica, edificios que tenían una función social", desarrolla Mónica.
Así era. Durante casi 100 años, los alquileres de los bloques administrados por Furasa se destinaron a financiar la educación de niños huérfanos, sin recursos y en riesgo de exclusión. "Venía especificado en los estatutos de la fundación que, por este motivo, los edificios eran invendibles. Que Fusara tenía que limitarse a asegurar su gestión", continúa la letrada. Unos estatutos -asegura- que la fundación se aseguró de modificar poco antes de completar la venta.
"Se intentó hacer todo lo más rápido posible, esquivando la supervisión de los poderes civiles", asegura la letrada del caso
No solo los vecinos encontraron motivos de sospecha en el procedimiento. El Propio Registro de la Propiedad suspendió la inscripción de cinco de los inmuebles tras detectar una serie de incongruencias. No constaba ni la totalidad de los miembros del patronato, ni la inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid del poder otorgado a Ignacio Olmos -entonces gerente de la fundación-, ni la comunicación de la compraventa a dicho registro. "Se intentó hacer todo lo más rápido posible, esquivando la supervisión de los poderes civiles", resume Mónica.
Fueron ellos, los vecinos, los que abrieron la causa en los tribunales. "Interpusimos una denuncia como acusación popular en octubre de 2019 por los delitos de estafa, corrupción y administración desleal. En marzo del año siguiente, la jueza incoó el procedimiento, adaptando como medida cautelar la paralización de la venta", explica la abogada. A la denuncia se acabó sumando la fundación regida por el arzobispado. Como acusación particular, como principal afectada. "Delegaron la responsabilidad en el despacho de abogados que había cerrado la venta, Chávarri abogados, insistiendo en que les habían engañado. Pero tienen imputado al que era el interventor de la archidiócesis. No son inocentes", remarca la letrada. "Nos lo confirmó en su momento el asesor que mandó el Vaticano, sugiriéndonos que por detrás de la venta había todo tipo de mordidas millonarias", completa Jesús. Más de cinco años después, el juicio sigue en una fase intermedia. "El juez ya dictó auto de acusación pero la fiscal ha pedido diligencias complementarias, que todavía se están practicando", corrobora Mónica.
Público ha tratado de hablar con Tapiamar, a través de su administrador único, Roberto de Juan, para preguntarle por la responsabilidad de su sociedad en una venta investigada por una posible estafa. Una investigación en la que, además, él mismo ha comparecido como imputado. Asimismo, le ha interrogado por los detalles del nuevo acuerdo, incidiendo tanto en el precio final como en el resto de irregularidades contempladas en la denuncia previa. Por último, le ha cuestionado sobre el futuro de los inquilinos si Tapiamar consiguiera hacerse definitivamente con la titularidad de los inmuebles. Por el momento, este diario no ha recibido respuesta.
Con la investigación todavía abierta en los tribunales, la Iglesia lo ha vuelto a hacer. "El nuevo acuerdo es una continuación del primero. Se limitan a elevar un poco el precio de compra", comenta Mónica. "Vendiéndoselo a los mismos estafadores", agrega con indignación. La cuantía de los inmuebles asciende en el último contrato de 74 a 99 millones, con un plan de financiación de hasta tres años. "Sigue siendo una cantidad muy baja, incluso para 2019. Pero es que es directamente un precio que no se ajusta al mercado actual. Es verdad que dejan fuera uno de ellos, el que es la sede de la fundación, pero aún así son edificios que podrían llegar a costar en conjunto más de 250 millones. Y los pretenden vender por bastante menos de la mitad", denuncia la letrada.
"Nosotros no estamos en venta. Que caiga todo el que sea responsable", sostienen los vecinos
Los vecinos insisten: la Iglesia ha sido desde el primer momento cómplice del intento de venta fraudulenta de los inmuebles. "Si algo demuestra el nuevo acuerdo es que el arzobispado ha tenido siempre la intencionalidad de vender estos edificios. Tanto con el anterior arzobispo como con el nuevo, José Cobo. Nunca han sido las víctimas", concluye Jesús. "Basta ya de mentir". Van más allá de la denuncia verbal. Como parte de este acuerdo, la fundación se compromete a retirar los cargos contra Roberto de Juan, administrador de Tapiamar, y Daniel Hidalgo, de Intuitiva. "Dos de las grandes implicadas en todo este escándalo", señala el vecino. "Nosotros no estamos en venta. Vamos a seguir adelante con la denuncia y que caiga todo el que sea responsable", sentencia tajante.
úblico ha intentado ponerse en contacto con el arzobispado de Madrid para solicitarle información sobre su participación en el nuevo acuerdo de compraventa. También le ha preguntado por el precio final del acuerdo, así como por el cambio repentino de los estatutos de la fundación. Por último, este diario ha querido saber por qué se ha tomado la decisión de intentar cerrar una nueva venta cuando el primer acuerdo se encuentra todavía impugnado en los tribunales y con el mismo comprador investigado por un posible fraude. Hasta el momento de la publicación de este artículo, no ha obtenido respuesta.
Vivir con miedo
Mientras tanto, los vecinos siguen haciendo vida normal. O por lo menos lo intentan. Con amenazas de desalojo, cambios improcedentes de suministros y facturas infladas de por medio, según denuncian. "Vivimos con el miedo a que se salgan con la suya y nos acaben echando a la calle", cuenta Piedad, otra inquilina afectada. "Aquí hay gente que lleva toda la vida, que es del barrio", sigue. Como Aurora. "Es mi vecina de arriba, tiene ya 90 y pico años, y nació en su casa", asegura Jesús. En los edificios -enumeran los inquilinos- vive mucha gente mayor, familias con niños, personas con discapacidad. "Nadie está teniendo en cuenta ninguna de estas situaciones", se lamenta Jesús. "Los responsables civiles, el alcalde, se han lavado las manos completamente".
Los pisos -critican los inquilinos- eran todos muy viejos. Han dedicado años de su vida a reformarlos. "Terminas invirtiendo bastante dinero", sostiene Piedad. "En mi casa, las ventanas y el balcón ni se cerraban bien. La pintura se caía a cachos. Tuve que cambiar todas las manivelas de las puertas, los enchufes, los termos eléctricos…", hace memoria. "En fin, te aseguran que va a ser tu casa toda la vida, que estos edificios no se pueden vender, y la vas haciendo tuya", explica la inquilina. "Yo firmé con ese compromiso por parte de la fundación. Me siento engañada", se desahoga al otro lado del teléfono. "Una fundación benéfica, la propia Iglesia, haciendo negocio con la vivienda. A costa de la vida de cientos de familias. Es una vergüenza", coincide Jesús.
"La Iglesia debe rendir cuentas. Basta ya de mentir", exige Jesús, inquilino de uno de los inmuebles
En su momento, no fueron los únicos perjudicados. "Ni vamos a ser los últimos. El centro de Madrid está lleno de edificios propiedad de la Iglesia", advierte Piedad. La investigación en torno a las propiedades de Fusara se incluyó en una macrocausa, en la que se pasó examen igualmente a la fundación Santísima Virgen y San Celedonio. Por la venta a la Universidad de Nebrija de la parroquia de San Jorge y una residencia de ancianos por un valor de 37 millones de euros. "Prácticamente a precio de derribo", valora Mónica. "Pero ahí sí se echaron para atrás, en nuestro caso siempre han insistido en que 'era muy difícil revertir la venta'", protesta la letrada. "O igual el negocio les salía demasiado redondo como para planteárselo", deja caer Piedad. "Funcionan como una mafia. Llegó a haber un robo bastante sospechoso en la sede de la fundación apenas unos días después de que interpusiéramos la denuncia. Todo muy turbio", estima la vecina.
A pesar de todo, los vecinos no pierden la esperanza: se tiene que hacer justicia. "La Iglesia debe rendir cuentas", exigen. Y, para ello, llegarán hasta donde haga falta. "Convocaremos nuevas protestas frente al arzobispado y continuaremos dando la batalla en el terreno judicial", se compromete Jesús. Con un paso más en mente: constituirse como Asociación de Víctimas del Arzobispado de Madrid. "Este próximo lunes me pienso informar para ver cómo proceder con el registro. No van a conseguir silenciarnos".
