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Manifiesto
Los documentos desclasificados de la CIA en los que se señala que “González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas”; los audios en los que altos cargos del CESID y la Guardia Civil comentan con pelos y señales determinados crímenes de Estado; el fallecimiento de Enrique Rodríguez Galindo, llevándose consigo el secreto de quién le ordenó cometer graves vulneraciones de derechos humanos; todos estos hechos reafirman las evidencias que apuntan a la posible implicación organizada de los aparatos del Estado en la creación, cobertura y financiación de los GAL.
Las instituciones poco han hecho por aclarar la verdad y, en los casos en los que se ha establecido una responsabilidad penal, se han referido a sus perpetradores como “grupos incontrolados no adscritos” o han sido indultados, como ocurrió con un ministro del Interior. Es más, consideramos que desde algunos sectores se ha intentado obstaculizar la investigación, principalmente con el objeto de impedir que se esclarezca la identidad de sus autores e inductores, incumpliendo flagrantemente los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por España, algo incomprensible en un estado de la Unión Europea.
Las personas que firmamos este manifiesto pedimos a las instituciones públicas que investiguen y clarifiquen de una vez por todas la Verdad con mayúscula sobre los GAL. Instamos al Gobierno español a que reconozca su responsabilidad y el dolor ocasionado, y realice gestos decididos de calidad humana para implementar medidas de reparación. Asimismo, le recordamos que no puede ser que, bajo el secreto oficial, queden amparados crímenes contra los derechos humanos.
Los archivos deben estar al servicio de la verdad y de la justicia. En países de nuestro entorno, la Ley de Secretos Oficiales no es obstáculo legal para que los jueces accedan a un dato reservado cuando este es imprescindible para decidir penalmente sobre la culpabilidad o inocencia de alguien.
La democracia real reside en esa separación de poderes y en el respeto a la ley. Creemos que, durante el gobierno de Felipe González, por medio de los GAL, determinadas personas transgredieron ambos preceptos, convirtiéndose a la vez en policías, fiscales, jueces y verdugos, mientras que existen indicios de que a otras, como mínimo, no les tembló la mano a la hora de tolerar crímenes de Estado que conceptualmente no se diferencian del terrorismo perpetrado por grupos organizados.
Esas vulneraciones, junto a todas las demás de cualquier signo, condicionaron nuestra memoria democrática. Aún nos queda la difícil tarea de reescribirla; y eso pasa básicamente por salvaguardar los derechos de las personas, pero también por instar a que nos comprometamos en nuestras obligaciones, llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes más graves y reconstruir el tejido social con medidas que animen a la reconciliación y favorezcan una convivencia sin olvido, ni exclusiones, ni recelos.
Las instituciones españolas cumplirán con los estándares internacionales de derechos humanos cuando reconozcan y reparen a todas las víctimas sin excepción. Y la verdad, que jamás prescribe, representa, sin lugar a dudas, el derecho más anhelado por todas ellas.
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