Gonzalo Tejerina Lobo · 3/10/2018
Dentro de la campaña de apoyo a la Huelga de hambre colectiva de personas presas en lucha del 1 de octubre 2018
La situación médico-sanitaria en las cárceles españolas no ha hecho
más que empeorar y, especialmente, desde 2003, cuando fue promulgada la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
En la reforma del Reglamento Penitenciario de 1996, se estableció un
“modelo sanitario mixto”, en el que la atención primaria corría a cargo
de la administración penitenciaria “con medios propios o concertados”,
pero quedaba casi siempre encomendada al cuerpo de médicos carceleros.
Con eso, la “relación penitenciara de sujeción especial” iba a continuar
interfiriendo en la relación terapéutica, pues la mayoría de esos
“médicos”, además de mostrarse autoritarios, desconfiados y negligentes,
defienden con repugnante corporativismo los intereses de la institución
carcelera. Haciendo, por ejemplo, la vista gorda ante las torturas y
malos tratos y falseando los partes de lesiones correspondientes.
De la atención especializada debía encargarse el Servicio Nacional de Salud, “formalizándose entre ambas administraciones convenios de colaboración”. Dicha “ley de cohesión y calidad” de 2003 fijaba un plazo de 18 meses para la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema nacional a través de su transferencia a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, desde entonces, sólo Cataluña y el País Vasco han asumido esas competencias. El abandono por parte de las diferentes administraciones y la descoordinación entre ellas han tenido como consecuencia que, contra lo que dice la ley, la atención médico-sanitaria y las “prestaciones farmacéuticas y complementarias” que recibe la gente presa sean mucho peores que las de la población en general, alcanzando la sanidad carcelaria en muchos aspectos, los rasgos de una verdadera catástrofe (...)
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OTRA COSA: La Revolución neolítica. CSOA La Gatonera, 5 Oct. 20:30 Madrid
De la atención especializada debía encargarse el Servicio Nacional de Salud, “formalizándose entre ambas administraciones convenios de colaboración”. Dicha “ley de cohesión y calidad” de 2003 fijaba un plazo de 18 meses para la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema nacional a través de su transferencia a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, desde entonces, sólo Cataluña y el País Vasco han asumido esas competencias. El abandono por parte de las diferentes administraciones y la descoordinación entre ellas han tenido como consecuencia que, contra lo que dice la ley, la atención médico-sanitaria y las “prestaciones farmacéuticas y complementarias” que recibe la gente presa sean mucho peores que las de la población en general, alcanzando la sanidad carcelaria en muchos aspectos, los rasgos de una verdadera catástrofe (...)
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OTRA COSA: La Revolución neolítica. CSOA La Gatonera, 5 Oct. 20:30 Madrid
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