Diario Público · El teniente ha sido expulsado del Ejército en base a una ley que sólo rige en la Guardia Civil, instituto armado al que jamás ha pertenecido
En Europa es una
personalidad respetada y admirada por su valor al sacrificar su carrera
profesional para denunciar la corrupción de sus superiores, pero en
España ha sido expulsado del Ejército por su osadía y condenado
literalmente a pasar hambre –sin empleo ni seguro de paro– como
represalia por haber alzado la voz contra la injusticia.
Pero su expulsión de las Fuerzas Armadas viola los
tratados de la Unión Europea, la doctrina jurídica del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y hasta la propia Constitución Española, como
expone claramente el último recurso de casación que este martes va a
debatir y votar la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
Un recurso que además viene acompañado por el reenvío
prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que
la causa es claro objeto de la legislación comunitaria, en el que España
puede sufrir un nuevo revolcón jurídico –con la vergüenza añadida de
que se comete un acto injusto para acallar a un denunciante de
corrupción– si el Supremo no revoca la sentencia 116/2017 que
expulsó a Segura. Porque, para mayor irregularidad, ese veredicto comete
un error garrafal que lo invalida de plano: condena al teniente del
Ejército de Tierra por una infracción a un Reglamento Disciplinario que
ni tan siquiera es el que le corresponde, con evidente vulneración del
artículo 24 de la Constitución:
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OTRA COSA: Honduras: Las rutas que tienen que cambiarlo todo, de SoberaniaAlimentaria y ++
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