Carolina Gª Mogollon y Graciela Cº I. comparten enlace. publico.es Bilbao 29/7/2020 - Danilo Albin
Secretismo oficial en 2021 en torno al propio secretismo, también de Estado, de 1987. "Esto es como rizar el rizo", traduce Sara del Río,
responsable de la campaña de Desarme en Greenpeace. Hace algunos meses,
esta organización le pidió al Gobierno, vía Ley de Transparencia, que haga pública la norma del Ejecutivo de Felipe González que cubrió el negocio armamentístico
con un manto de silencio. Intento fallido: la exportación de material
militar está, a día de hoy, fuera del alcance de cualquier norma
transparente.
Del Río y
su equipo acaban de comprobar que el muro continúa siendo, literalmente,
indestructible. Actualmente no hay manera de conocer las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), largo nombre sobre el que se esconde una actividad muy concreta: allí se decide o se rechaza la venta de armas a distintos lugares del planeta, entre los que figura en un lugar predominante el régimen saudí, gran cliente de la industria armamentística española.En marzo de 1987, el Gobierno de Felipe González decretó que las actas de la JIMMDU serían material clasificado y, por tanto, no habría forma de conocer los criterios seguidos por el Estado a la hora de permitir cada uno de estos negocios. El Ejecutivo se basó para ello en la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, vigente entonces y vigente ahora. De ahí, precisamente, que el muro resulte imposible de romper.
Greenpeace quiso abrir una grieta vía Ley de Transparencia.
En una solicitud formulada en marzo pasado, esta organización
–integrante junto Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y FundiPau de
la plataforma Armas Bajo Control– solicitó una copia del acuerdo de 1987, "de imposible localización en los registros públicos de acceso general".
Tras recibir esta petición a través del Portal de Transparencia, el Gobierno ha optado por dejar pasar el tiempo,
otra forma de decir no sin tener que escribirlo en un documento. "Tras
la suspensión de los plazos administrativos por el Real Decreto del
estado de alarma, de 14 de mayo de 2020, que se reanudaron el pasado 1
de junio, y habiendo transcurrido más de un mes sin contestación, se entiende desestimada la petición por silencio administrativo", destaca la organización pacifista en un comunicado (...)
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