La
Comunidad de Madrid ha tirado la toalla y tendrá que revertir la venta
de una vivienda de protección oficial que vendió en 2013 a un fondo
buitre. Tras recurrir en múltiples
ocasiones las sentencias que declaraban ilegal la venta de casi 3.000
viviendas sociales al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora por 210
millones de euros, el Ejecutivo regional de PP y Ciudadanos ha decidido
no presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional.
Los procesos legales que se abrieron tras la operación del Gobierno de
Ignacio González son múltiples. Pero la última resolución del Alto
Tribunal es consecuencia del procedimiento que inició en agosto de 2013
un particular: Rachid Bouikou, uno de los afectados, con un abogado de
oficio. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid
le dio la razón en mayo de 2018. Pero aunque iba a título individual, su
caso abrió el camino y supuso que se anulase la venta de todas las
viviendas, un total de 32 promociones, y también que quedase en papel
mojado la transmisión del contrato de arrendamiento de su vivienda a
Encasa Cibeles, sociedad participada por Azora y Goldman Sachs, que
ejerce como gestora del parque de viviendas y que se ha dedicado a
encarecer unos alquileres que en origen tenían precios sociales (...)
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